El Gobierno decreta que el sueldo de los funcionarios suba un 4% en dos meses

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes un real decreto-ley que incluye la subida salarial para los empleados públicos pactada la semana pasada con los sindicatos UGT y CSIF. Según ha detallado el ministro de Función Pública, Óscar López, la norma da luz verde al incremento correspondiente a 2025, el 2,5%, que algunos trabajadores públicos cobrarán con efecto retroactivo antes de que acabe el año, y también habilita ya el incremento fijo del 1,5% del año 2026. En total, supone una subida en dos meses de un 4%.

Los ministerios de Función Pública y Hacienda aceleraron en las negociaciones con los representantes sindicales para que al menos una parte de las plantillas cobren en diciembre retroactivamente lo correspondiente a 2025. Las nóminas se cierran en torno al 10 de diciembre y el Ejecutivo se ha comprometido a que los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) percibirán la subida de 2025 a finales de este mes, junto con la nómina extraordinaria. Además, un mes después, cobrarán el incremento del próximo año frente a los retrasos que han tenido lugar en ejercicios anteriores. Por ejemplo, en julio de 2025 Hacienda aprobó el incremento variable del 0,5% relativo a 2024.

Según ha explicado López, lo pactado con UGT y CSIF (y respaldado por CCOO este martes) vincula a todas las administraciones públicas, también a las autonomías y los ayuntamientos, que tendrán que elegir cuál es la forma de pago que llevan a cabo. Es decir, que dependerá de esa concreción territorial el tiempo real de cobro para cada uno de los casi 3,5 millones de empleados públicos. "Las hay que van a hacer un solo pago en diciembre, como la AGE, y otras acordarán con los sindicatos cómo van a hacer ese pago, pero vincula a todos", ha señalado el ministro.

El acuerdo alcanzado con los dos sindicatos la semana pasada contempla una subida salarial total acumulada del 11% entre 2025 y 2028, que llegará al 11,4% si se tiene en cuenta el efecto desplazamiento. Los porcentajes se distribuyen en un 2,5% en 2025; un 2% en 2026; un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. El incremento de 2026 será de un 1,5% fijo más un 0,5% variable, sujeto a que la inflación cierre por encima de la subida fija. Con esta fórmula contable, el Gobierno pagaría el porcentaje adicional en 2027 y cumpliría la regla de gasto.

El objetivo de esta senda hasta 2028 es que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo. De hecho, ganarán, aproximadamente, algo menos de tres puntos en el periodo, aunque no recuperarán completamente lo perdido en los últimos años por la crisis de la inflación y las subidas de 2025 y 2026 pueden quedarse un poco cortas (la inflación cerrará este año en el entorno del 2,6%). En el acuerdo marco de 2022, el Ejecutivo pactó con los sindicatos unos incrementos acumulados del 9,5% (del 9,8% si se tiene en cuenta el efecto desplazamiento) que se han quedado por debajo de la inflación, que entre 2021 y 2024 creció un 15,3%.

UGT calcula que sumando el salario base y los complementos de destino (sin incluir complementos específicos ni trienios), el incremento de 2025 supondrá, en términos anuales, entre 767,6 euros más para los funcionarios del grupo A1 y 333,2 euros para el personal del grupo E. Si se suma este al porcentaje completo pactado para 2026, en 2027 la ganancia sería de entre 2.841,7 euros anuales más en el primer grupo y 1.233,4 en el último.

Por otra parte, el acuerdo de diálogo social incluye alguna mejora adicional, como el compromiso por parte del Gobierno de revisar en 2026 las cuantías de los complementos de residencia e insularidad que se reciben en Canarias y Baleares. El texto completo aún no está disponible, pero según los sindicatos también incluye el compromiso de reforzar las plantillas públicas (especialmente en los puestos de atención al público), de eliminar paulatinamente la tasa de reposición y de agilizar los procesos selectivos y la promoción interna.

Un decreto amplio

El real decreto-ley tendrá que ser convalidado en el Congreso e incluye más medidas, como la transmisión a Cataluña de la competencia para que convoque las ofertas públicas de empleo. Se trata de un compromiso alcanzado entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez que está incluido en la Ley de Función Pública, cuya tramitación está atascada en el parlamento.

La norma también incluye una flexibilización presupuestaria para que los ayuntamientos puedan hacer uso del superávit en "inversiones financieramente sostenibles", entre las que el Gobierno cita urbanismo y vivienda. Asimismo, se establece el aplazamiento hasta 2027 de la obligación para los autónomos de la facturación electrónica con Verifactu.