La OCDE recomienda a España recortar las nuevas pensiones para frenar el ritmo del gasto

La indexación de las pensiones al IPC y la jubilación de la generación del baby boom supondrán un reto mayúsculo que ya ha comenzado. La OCDE ha optado, en su último informe sobre España, por poner sobre la mesa toda una batería de datos que muestran la magnitud del desafío, para que la sociedad y los partidos políticos asuman la realidad inminente que va a vivir el país.

España se enfrenta a un incremento del gasto por envejecimiento de 3,8 puntos del PIB en las próximas dos décadas. A precios actuales, supone nada menos que 63.000 millones de euros adicionales de gasto, la mayor parte destinados al pago de las pensiones. Para ponerlo en perspectiva, equivale a ocho veces el presupuesto público anual destinado a vivienda o un 65% de todo el presupuesto de Sanidad, incluyendo todo el gasto público farmacéutico.

Este incremento del gasto por envejecimiento es casi cuatro veces superior al que se enfrentará el conjunto de países de la UE-27 en ese mismo periodo y solo inferior al de Portugal.

Más datos. A nivel mundial, España será el segundo país avanzado en el que más se deteriore la ratio de jubilados sobre la población en edad de trabajar. Solo Corea está en peor situación.

Y el último: el Estado hace actualmente una transferencia a la Seguridad Social equivalente al 3,5% del PIB para cubrir todo el gasto en pensiones; dentro de una década aumentará en 0,7 puntos del PIB (unos 12.000 millones de euros a precios actuales); y dentro de dos décadas, el aumento será de 2,2 puntos (unos 36.000 millones de euros). En total, en 2045 el Estado tendrá que transferir cada año una cuantía equivalente al 5,7% del PIB.

Cuando se compara este dato con el presupuesto anual que gestiona el Estado se comprende la magnitud del problema. Si se descuentan las transferencias a otras AAPP (principalmente el sistema de financiación autonómica), el presupuesto del Estado es del 9,9% del PIB. Sobre esa cuantía, hay que hacer hueco a una transferencia de 2,2 puntos a la Seguridad Social.

Y concluye: "Con el esquema actual, la sostenibilidad del sistema a largo plazo está en riesgo debido a las presiones demográficas crecientes, particularmente en las próximas dos décadas, que aumentan el gasto en pensiones, agravado por los menores ingresos fiscales a medida que la población envejece".

Las recomendaciones

Ante este oscuro panorama, la OCDE recomienda a España implementar reformas lo antes posible. El organismo ya no discute la indexación de las pensiones al IPC: el statu quo de quienes ya están jubilados se considera intocable. Eso obliga a poner todo el ajuste sobre quienes están trabajando. El organismo cree que ya hay poco margen para seguir subiendo los impuestos al trabajo y las cotizaciones sociales, por lo que recomienda que se recorten las pensiones futuras.

En concreto, recomienda dos medidas principalmente. La primera, que el sistema se adapte al aumento de la esperanza de vida. Para ello, propone recuperar el derogado factor de sostenibilidad o vincular la edad de jubilación a los avances de la esperanza de vida. La segunda, ampliar el periodo de cómputo a 35 años (prácticamente toda la vida laboral), de modo que se tengan en cuenta también los años de baja cotización.

Con este sistema, los trabajadores actuales no solo cotizarán más, sino que también tendrán una pensión de entrada más baja que quienes ya se han jubilado. La Seguridad Social lograría un ahorro, sobre las proyecciones de gasto actuales, del 1,9% del PIB (unos 32.000 millones de euros a precios actuales). Un esfuerzo que la OCDE considera necesario para evitar problemas de sostenibilidad de la deuda a largo plazo.

Una parte de estos ahorros se podría destinar a otras políticas públicas que la OCDE considera más importantes. Por ejemplo, recomienda destinar 0,7 puntos del PIB a la construcción de vivienda destinada al alquiler social; otros 0,8 puntos del PIB a la inversión en la red de energía y los sistemas de almacenamiento; o una rebaja del IRPF para las rentas bajas de hasta 0,5 puntos del PIB.

En definitiva, la OCDE cree que España tiene margen para redirigir una parte del presupuesto de pensiones para abordar los grandes retos que sufre hoy el país, como la crisis de vivienda, la transición ecológica o la pobreza laboral.