Los sindicatos piden subir el SMI un 7,5% en 2026, hasta los 1.273 euros al mes
UGT y CCOO plantean la mayor variación anual desde la aprobada en 2023, del 8%, como consecuencia de la crisis de la inflación. Por otra parte, se conforman ahora con "limitar" la absorción de las subidas del salario mínimo mediante pluses
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el líder de CCOO, Unai Sordo. (EFE/Mariscal)
UGT y CCOO han presentado este martes su propuesta para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, adelantándose así a las conclusiones de la comisión de expertos y a la postura que adopte el Ministerio de Trabajo. Las organizaciones sindicales contemplan dos escenarios, uno con tributación del SMI a partir del próximo año y otro con exenciones, como ha sucedido hasta la fecha. En ambos escenarios, el objetivo es mantener la retribución mínima en el entorno del 60% del salario medio neto y superar el aumento de la inflación anual.
En concreto, los sindicatos piden al Ministerio de Trabajo un incremento del 7,5% del SMI en 2026 si los perceptores de este salario comienzan a pagar IRPF. Esto supondría 1.273 euros brutos más al mes en 14 pagas y alcanzar una suma total de 17.822 euros al año. Sería la mayor variación anual desde la aprobada en 2023, del 8%, como consecuencia de la crisis de la inflación, y sustancialmente superior a la aprobada en 2025 (el 4,4%). Según los sindicatos, una subida del 7,5% garantizaría que el SMI se mantiene en el 60% del salario medio neto para todos los tipos de contribuyentes, incluidos los trabajadores sin hijos ni cargas familiares.
En el otro escenario, si el SMI continúa exento de pagar el impuesto de la renta, a UGT y CCOO les bastaría con una subida del 2,7%, hasta los 1.216 euros brutos al mes, lo que supone 17.024 euros al año. Esta subida estaría ligeramente por encima del IPC anual, que se prevé que cierre en un 2,6%, pero por debajo del crecimiento de los salarios: el 3,5% en los convenios colectivos según el dato de octubre y un promedio del 3,3% en el primer semestre del año, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral.
Posteriormente, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha opinado al respecto de esta propuesta en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, advirtiendo de que el Gobierno "va a cumplir con la Carta Social Europea y, si es con tributación, ya les digo que la subida va a ser relevante". En esta línea, Díaz ha recordado que el encargo al comité de expertos es de calcular dos horquillas de subida, una con tributación en el IRPF y otra sin tributación, pero sin desvelar qué hará el Ejecutivo finalmente.
"Si el Gobierno de España o una parte del Gobierno elige que el SMI tribute, compénsese", ha opinado Díaz, que sigue defendiendo que el salario mínimo esté exento de IRPF. No obstante, ante una decisión final en manos del Ministerio de Hacienda, ya en septiembre reclamó y este martes ha vuelto a recordar que es necesario un cambio en los tipos marginales para que no se produzcan saltos elevados en los sueldos solo un poco superiores al mínimo.
Limitar las absorciones de las subidas
Más allá de los porcentajes, los sindicatos marcan como condición sine qua non para firmar un acuerdo con el Ministerio de Trabajo que el real decreto del SMI de 2026 incluya cambios sustanciales de su contenido. Según han defendido en rueda de prensa tanto Javier Pacheco, secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, como Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, el real decreto "tiene que contemplar como mínimo" la definición reforzada de la estructura del salario, la limitación de la compensación y absorción de los pluses y una referencia al observatorio de márgenes empresariales.
Según la redacción actual del decreto, las empresas pueden absorber los incrementos anuales del SMI mediante los pluses salariales porque el salario mínimo no es equivalente al salario base, término al que les gustaría llegar a los sindicatos. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que para prohibir estas compensaciones, el Gobierno debería aprobar una norma con rango de ley, sujeta, por tanto, a la aprobación parlamentaria.
Por ello, los sindicatos se conforman ahora con "limitar" las compensaciones, algo que, consideran, es posible hacerlo por real decreto (rango reglamentario). Según ha explicado Luján, "no es necesario ir al parlamento porque no se va a modificar el Estatuto de los Trabajadores". Las centrales sindicales sostienen que les bastaría con "intentar ordenar la compensación y absorción" y reconocen que "nos gustaría eliminarla, pero no podemos ir más allá porque no podemos modificar el estatuto". "Por eso no somos más ambiciosos; nos gustaría eliminar el 26.5 del Estatuto de los Trabajadores, pero no podemos", ha reconocido UGT.
En opinión de Luján, una opción es aclarar qué complementos se pueden compensar y cuáles no. Por ejemplo, los que retribuyen peligrosidad o nocturnidad no deberían ser absorbibles, mientras que los fijados como plus por cantidad de trabajo, "seguramente sí". "Que se compense absolutamente todo nos parece injusto", ha añadido.
La petición de los sindicatos al Ministerio de Trabajo es modificar el artículo del real decreto que habla de la compensación para tratar de limitarla, ya que las patronales CEOE y Cepyme rechazan completamente un cambio de este tipo en una ley y los apoyos en el Congreso no son suficientes. No obstante, UGT y CCOO reconocen que si se modifica la compensación de pluses, el real decreto tendrá que pasar previamente por el Consejo de Estado y esto retrasará la aprobación del SMI de 2026. "Si hay que esperar, se espera, es mucho más importante que los salarios se incrementen de manera real. Encontraremos la formulación técnica y jurídica", ha señalado Pacheco.
UGT y CCOO han presentado este martes su propuesta para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, adelantándose así a las conclusiones de la comisión de expertos y a la postura que adopte el Ministerio de Trabajo. Las organizaciones sindicales contemplan dos escenarios, uno con tributación del SMI a partir del próximo año y otro con exenciones, como ha sucedido hasta la fecha. En ambos escenarios, el objetivo es mantener la retribución mínima en el entorno del 60% del salario medio neto y superar el aumento de la inflación anual.