La Generalitat pacta con Montero que la nueva financiación se rija por el principio de ordinalidad

La Generalitat y el Ministerio de Hacienda, que encabeza la vicepresidenta María Jesús Montero han pactado que el nuevo modelo de financiación autonómica se rija por el principio de ordinalidad, según han explicado fuentes cercanas a la negociación. Tras superar ese obstáculo, las conversaciones quedan ya del todo encarriladas. Y se espera que para el próximo mes de febrero se pueda anunciar el pacto de manera definitiva. El principio de ordinalidad determina que las autonomías ricas, una vez hecha la aportación al conjunto del sistema, no bajan en el ranking de ingreso tributario por habitante. En este momento, Cataluña pasa de ser la tercera comunidad que más aporta a luego ser la décima en ingresos tributarios por habitante.

En realidad, entre el puente de la Purísima y las fiestas de Navidad queda un mes hábil para acabar los trabajos. Portavoces de la consellería de la Generalitat han declinado hacer declaraciones. Por su parte, desde el Ministerio de Hacienda han explicado que no pueden ir más allá de las declaraciones de María Jesús Montero tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes. Montero se limitó a señalar que el principio de ordinalidad es una posibilidad para el nuevo modelo. "Podría contemplarlo", señaló Montero.

El principio de ordinalidad sería la cúpula del conjunto del sistema, que incluye una mayor participación de las comunidades en los impuestos cedidos. Una de las posibilidades que se está estudiando es la incorporación al sistema del IVA de las pymes. Pero los equipos negociadores no solo están buscando aumentar los fondos del sistema de financiación, sino redistribuirlos a favor de las comunidades más pobladas: en esencia, Madrid y las del Levante español: Andalucía, Valencia, Cataluña, Baleares y Murcia.

El principio de ordinalidad hará más estable el sistema. Con el paso de los años debería servir para que con el crecimiento económico no se desequilibrase en favor de las CCAA menos pobladas, como ha ocurrido con el actual. Una ordinalidad que no generará las diferencias del modelo actual, en el que la comunidad mejor financiada recibe un 31% más que la peor financiada. El objetivo que ya ha hecho público el Ministerio de Hacienda es que la comunidad mejor financiada (que tendría que ser Madrid, si se respeta fielmente el principio de ordinalidad) tenga una financiación muy similar a la última.

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Javier Jorrín

También hay un valor político en el acuerdo a favor del principio de ordinalidad. ERC ha estado tutelando a distancia las negociaciones. Y el principio de ordinalidad era una condición fundamental para dar su apoyo –los votos de los republicanos son necesarios en el Congreso para que la reforma legal prospere– y también para que respalden los Presupuestos de la Generalitat de Salvador Illa en Cataluña.

Una vez que el modelo esté listo en febrero, María Jesús Montero convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera extraordinario para activar todos los cambios legales que precisa el nuevo sistema: modificar la LOFCA y redactar una nueva ley de financiación de comunidades autónomas. Todo el complejo proceso legal acabará alrededor de marzo de 2027. La actual inestabilidad política no ayuda.

La población ajustada

Si la Generalitat se apunta el tanto de la ordinalidad, el ministerio determinará cómo se establece la población ajustada. La población ajustada es una de las claves del modelo que está elaborando el Ministerio de Hacienda. Esto es, el coeficiente que se aplica a las diferentes particularidades de la población, como el número de niños o de mayores, la dispersión, la superficie, etc. El objetivo es calcular las necesidades de financiación reales que tiene cada territorio. Sin embargo, subir o bajar uno de estos parámetros puede afectar de forma decisiva a los recursos que vaya a recibir cada autonomía. De ahí su importancia.

La fijación de la población ajustada ha sido
otro de los caballos de batalla

En el caso de Cataluña, su población ajustada con datos del año 2023 (último ejercicio liquidado) se situó en el 17,2% sobre el total de las comunidades del régimen común. Se trata de una cifra algo inferior a su peso en la población sin ajustes, que sería del 17,5%.

Es la tercera comunidad que sale con peor resultado (-0,3 puntos porcentuales), sobre todo porque su población está concentrada en grandes ciudades, lo que reduce el coste de los servicios públicos. El cálculo para Cataluña es prácticamente el mismo que para la Comunidad Valenciana y Andalucía, pero significativamente mejor que el de Madrid, que pierde 0,5 puntos porcentuales con el ajuste, al ser la comunidad con mayor concentración de la población.

Instrumento de cohesión

Por tanto, si se logran todos los objetivos, habrá más fondos para todas las CCAA y se reajustarán los desequilibrios en contra de las autonomías más ricas y pobladas que al final quedan con menos capacidad de gasto público por habitante. Cataluña recibirá 4.500 millones al año más para su gasto social. En el caso de Andalucía, al tener más población la cifra será aún mayor.

La clave es que el Ministerio de Hacienda no reduzca mucho la cifra de población ajustada, si no el modelo quedaría desvirtuado, según fuentes de ERC.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda espera que el nuevo diseño permita un sistema más igualitario. Ahora, entre Canarias y Madrid, la primera y la última por ingresos tributarios por habitante, la diferencia es del 15%. El objetivo es que el conjunto del sistema resulte más homogéneo y que la diferencia oscile entre el 2% y el 5% entre la primera autonomía y la última.