El Gobierno cede y ofrece a los funcionarios una subida salarial del 11% en cuatro años

El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha cedido parcialmente a la presión de los sindicatos y propone finalmente una subida salarial para los empleados públicos del 11% entre 2025 y 2028. Para el Gobierno, este es el máximo incremento que puede asumir la administración y cada organización sindical tendrá ahora que valorar si apoya o rechaza el planteamiento. UGT y CCOO son más próximos al acuerdo, mientras que CSIF lo rechaza.

Según han explicado los representantes sindicales a la salida del encuentro, el cuarto desde que se iniciaron las conversaciones para tratar de evitar una huelga general en diciembre, Función Pública ha logrado negociar con el Ministerio de Hacienda un mayor margen de subida salarial para el periodo de los cuatro años, pero las cifras siguen siendo las mismas para 2025-2026. El argumento del Ejecutivo es que la regla de gasto impide mayores incrementos.

En concreto, el aumento para este año y el que viene sería de un total del 4%, lo que podría llevar a una ligera pérdida de poder adquisitivo, ya que la inflación en 2025 cerrará, previsiblemente, en un promedio del 2,6%. El 7% restante se repartiría en los años siguientes, aunque no se ha negociado todavía la senda concreta.

La secretaria general de Servicios Públicos de UGT, Isabel Araque, ha señalado que "nos podría valer el acuerdo" si en 2027 se pacta una subida del entorno del 5%, aunque todavía quedan pendientes de cerrar el resto de los bloques relativos al empleo y a derechos laborales. En su opinión, este incremento del 11% debería incluirse mayoritariamente de manera fija, "cuanto menos variable se maneje, mejor", ha afirmado.

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C. Dolz

En el último acuerdo marco, con efecto entre 2022-2024, se fijaron unos porcentajes de subida fijos y otros variables, sujetos a la evolución de la inflación y del PIB, pero Hacienda ha ido retrasando cada incremento variable, por lo que los sindicatos prefieren atar las subidas de una vez y en la parte fija. "Tenemos que echar números", ha añadido Araque, señalando que la decisión se debatirá esta tarde en el Consejo de UGT.

Desde CCOO, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Lucho Palazzo, se ha manifestado en un tono similar. "Toca consultar y tomar decisiones", ha afirmado, emplazando el debate a este viernes en el Comité Federal del sindicato. En su opinión, "tendremos que valorar el conjunto del acuerdo", pero teniendo en cuenta que el Gobierno no ofrecerá más margen salarial, son proclives a quedarse con la propuesta actual.

CSIF cree que se perderá poder adquisitivo

Por otra parte, Milagros Dorronzoro, secretaria nacional de Negociación de CSIF, ha valorado "positivamente" el punto adicional ofrecido para los cuatro años, pasando de una propuesta del 10% al 11%, pero ha rechazado el 4% para 2025-2026. "Es insuficiente porque condena a perder poder adquisitivo, no lo podemos asumir", ha confirmado. CISF ha defendido en los últimos meses que los salarios de los empleados públicos deberían revalorizarse anualmente por ley conforme al IPC siguiendo el esquema de las pensiones, un planteamiento que no se ha debatido en la mesa.

Para CSIF este es el escollo más grande y es la parte que Hacienda no está dispuesta a ceder. En opinión de Dorronzoro, el Gobierno "sí tiene más flexibilidad" porque la regla de gasto para 2025 "está en el 3,5%" y se ofrece el 4% a repartir en dos años. El problema es que, dadas las fechas, el gasto realizado por las administraciones públicas computaría en 2026.

La próxima reunión será el lunes 24 de noviembre y se tomará una decisión, aunque CISF ya ha advertido que, si no hay una mejor oferta para 2025-2026, "seguiremos en las calles". Como las subidas de cada año se realizarían sobre una del año anterior, los sindicatos han señalado que realmente la propuesta del Gobierno supondría un incremento acumulado de las retribuciones del 11,5% por dicho efecto deslizamiento.