El 'milagro' de la financiación de Montero: quién pagará para que todas las CCAA ganen

María Jesús Montero anunció el lunes cuál será su última gran propuesta al frente del Ministerio de Hacienda, la reforma de la financiación autonómica. Será su trampolín para presentarse como candidata a presidir Andalucía la próxima primavera. El nuevo modelo en el que trabaja se asienta en dos pilares que ni siquiera los consejeros de las CCAA del PP se han atrevido a cuestionar: que ninguna pierda con la reforma y que se reduzcan las diferencias entre territorios. Sólo hay una forma de conseguirlo: una convergencia de todas las CCAA a donde está la mejor financiada.

La propuesta es difícil de rechazar para los barones territoriales del PP. En especial para los de los territorios peor tratados por el modelo actual: Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Pero en fiscalidad no hay milagros y la gran duda quedó sin responder: ¿Y esto quién lo va a pagar?

La cuantía no es menor: una igualación total tendría un coste de 31.000 millones de euros. Este cálculo, elaborado por Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, se hace sobre la hipótesis de que el Gobierno iguala la financiación por habitante ajustado de todas las CCAA a la mejor situada, Cantabria. En este escenario hipotético, Andalucía recibiría 7.300 millones de euros más y Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, unos 4.700 millones. La única que no recibiría nada es Cantabria en este escenario.

Esta cuantía es inasumible para el Estado, pero da buena imagen del esfuerzo presupuestario que va a asumir la Administración Central con esta reforma. Sirva como comparativa que 31.000 millones es la mitad de todo el gasto público en Educación, o más de cuatro veces todo el presupuesto público para vivienda.

En sus negociaciones con la Generalitat de Catalunya se ha valorado una aportación del Estado de unos 24.000 millones de euros. Esto es, casi cuatro veces más que todo el presupuesto público destinado a vivienda. Una cuantía tan elevada que el Estado no puede compensarla recortando su gasto, por lo que desembocaría en una subida de impuestos. Los españoles tendrán que aumentar su contribución y esos nuevos ingresos irán orientados a las CCAA peor financiadas y a las que tengan singularidades.

Aunque Montero no ha ofrecido ninguna cifra sobre el nuevo modelo, sí ha precisado que se pagará aumentando la participación de las comunidades autónomas en los impuestos que ya tienen cedidos parcialmente: IVA, IRPF y Especiales. Esto significa que el Estado cederá una parte de los recursos que hoy le corresponden para elevar la financiación de las comunidades autónomas.

En ese escenario, se plantean dos horizontes: que el Estado reduzca sus gastos para asumir esa pérdida de recursos o que incremente los impuestos para compensar total o parcialmente el coste de la nueva financiación. Es difícil pensar que el Estado tenga margen para asumir un recorte de su gasto de esta magnitud, sobre todo teniendo en cuenta que es la administración que más tensiones de gasto soportará en los próximos años. Cada año tiene que aumentar la transferencia a la Seguridad Social para financiar el gasto en pensiones y, además, tiene que soportar el nuevo gasto en Defensa.

La situación es la siguiente: el Estado, que es la administración con más déficit y más deuda, se ve en la tesitura de tener que aumentar las transferencias que envía a las comunidades y a la Seguridad Social.

El punto de partida

Es importante tener en cuenta cuál es el punto de partida de esta reforma de la financiación autonómica. El conjunto de comunidades autónomas ya está casi en equilibrio presupuestario, con un déficit del 0,1% del PIB. Y los ingresos de las CCAA ya están creciendo más rápido de lo que pueden gastar. De hecho, el Ministerio de Hacienda acaba de elevar la regla de gasto para los próximos tres años, de modo que permita a las comunidades aumentar el gasto al mismo ritmo que sus ingresos. Con la regla de gasto anterior, la Autoridad Fiscal (AIReF) calculaba que las CCAA tendrían un superávit en 2026 del 0,1% del PIB.

Esto es, el punto de partida es que casi todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, Valencia y Murcia, están ya en equilibrio presupuestario o muy cerca. La primera duda que surge es si realmente están infrafinanciadas y cuáles son los recursos que la sociedad quiere destinar a Sanidad, Educación, Dependencia y el resto de competencias autonómicas. El criterio con el que aborda Hacienda esta negociación no es otro que igualar a todas las CCAA al alza.

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Cuando reciban la nueva financiación, la mayor parte de los territorios tendrán superávit y una gran tentación de gastarlo. Ningún gobierno resiste la seducción de tener superávit y no utilizarlo. Aquí es donde entran en juego las reglas fiscales europeas. España no tendrá más margen de gasto, lo que significa que todo el presupuesto adicional que tengan las CCAA tendrá que ser compensado con menos gasto del Estado o con una nueva subida de impuestos. Esto es, incluso las reglas fiscales europeas empujarán al Gobierno a pagar su reforma subiendo los impuestos.

En resumen: la mejora de la financiación autonómica no sale gratis. El Estado no está en disposición de hacer muchos más esfuerzos presupuestarios de los que ya tiene encomendados, por lo que se verá empujado a subir los impuestos. Aunque el Ministerio de Hacienda no haya puesto este punto en el orden del día.

Dada la cuantía de esta reforma, lo que se está planteando es mucho más que una reforma de la financiación autonómica. Lo que se va a debatir es el tamaño que tiene que tener el sector público. No es una diferencia cuantitativa, sino cualitativa. Lo que está planteando el Gobierno es que la cuantía del mayor gasto público (y mayores impuestos) se determine en función de lo que sea necesario para que todas las CCAA converjan en recursos a la mejor financiada.

Pero la gran pregunta ante esta reforma es: ¿Cuál es el tamaño del gasto público que quieren los españoles y cuánto están dispuestos a financiar con sus impuestos? Lo contrario es un juego de compra de votos ocultando que alguien tendrá que pagar la cuenta.