Hacienda anuncia a las CCAA que presentará en dos meses la reforma de la financiación

El Ministerio de Hacienda presentará a inicios de 2026 la esperada reforma del sistema de financiación autonómica. Así se lo ha comunicado a las comunidades en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque no ha dado ningún detalle sobre este nuevo modelo, pero sí ha precisado que presentará el nuevo sistema en su totalidad, y que no será negociado parcialmente.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que su objetivo es presentar el nuevo modelo a principios de 2026, probablemente en el mes de febrero. Para ello, convocará nuevamente a las comunidades autónomas a un nuevo CPFF para ofrecer el bloque del nuevo modelo, para posteriormente, presentar la ley ante el Congreso. Su intención es aprobar los cambios en la Ley de Financiación Autonómica a lo largo del próximo año y que entre en vigor en 2027.

"Los números todavía no están acabados", ha explicado la vicepresidenta, por lo que no ha ofrecido ningún detalle del modelo: "Hasta que no esté completo, no podemos dar ningún número concreto". Eso sí, Montero ha trasladado a los consejeros autonómicos que ninguna comunidad autónoma perderá recursos y que la financiación saldrá de una mayor participación de los territorios en los impuestos que ya están cedidos a las comunidades autónomas: el 50% del IVA y el IRPF y el 58% de los Impuestos Especiales.

La noticia ha sorprendido a los consejeros de las diferentes comunidades autónomas, que no se esperaban una propuesta inminente de reforma y, sobre todo, que no haya sido negociada previamente.

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"Se nos dice que en dos meses va a haber un nuevo sistema de financiación autonómica, pero no se nos dicen cuáles ban a ser las bases, ni cuál va a ser la cantidad de fondos que se van a incorporar, ni cómo se va a articular con las comunidades", ha lamentado el consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, a la salida de la reunión. "Ahora entran las prisas y parece que para enero o febrero ya estará la propuesta", ha indicado la consejera de Hacienda de Andalucía, Carolina España.

Los consejeros del Partido Popular se han mostrado muy críticos con el anuncio realizado por la vicepresidenta. La principal crítica es que Montero ha abierto la puerta a que el nuevo modelo de financiación autonómica recoja elementos de bilateralidad. "Es indignante que vuelvan a hablar de bilateralidad y de singularidad. No puede haber negociaciones bilaterales, pero parece que se están reuniendo con Cataluña; es lo que ha salido durante la reunión", ha denunciado España.

"Ha hablado de multilateralidad con singularidad, de agencias tributarias independientes con agendas tributarias generales", ha explicado Rocío Albert, consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Según los consejeros del Partido Popular, Montero ha rechazado crear equipos de trabajo para abordar la reforma de la financiación.

Si finalmente Hacienda cumple con este anuncio, presentará una nueva oferta de financiación autonómica, incluyendo los fondos adicionales que ofrecerá el Estado, en mitad del nuevo ciclo electoral de las comunidades autónomas. Es más, haría esta oferta unos meses antes de que la vicepresidenta Montero se presente a las elecciones de Andalucía. Un trampolín electoral financiado por el Estado.

Senda de déficit

El Ministerio de Hacienda les ha ofrecido a las comunidades autónomas un margen de déficit del 0,1% del PIB este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Este objetivo de déficit se prolongaría hasta el año 2028. Esta oferta de déficit mejora los planes iniciales que tenía el Gobierno, ya desde hace tres años, que pasaban por forzar a las CCAA al equilibrio presupuestario. Los consejeros del Partido Popular han votado en contra de esta medida, ya que consideran que el Gobierno se reserva la mayor parte del margen de déficit que tendrá España el próximo año, del 2,1%.

Esto supondría un objetivo de déficit de unos 1.700 millones de euros para el conjunto de comunidades el próximo año. Fuentes del Ministerio de Hacienda indican que este margen gasto ascenderá a casi 5.500 millones de euros en el acumulado hasta 2028. Sin embargo, no evitará los ajustes, ya que Fedea estima un déficit para el subsector del 0,2% del PIB para el próximo año. El Estado se quedará el grueso del margen de déficit que tiene España, con 2 puntos del PIB, algo que en el pasado fue muy criticado por la Generalitat de Catalunya.

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Hacienda ya tenía garantizado el voto favorable en el CPFF, ya que el Estado cuenta con la mitad de los votos. Sin embargo, la senda de estabilidad tendrá que pasar por el Congreso y ahí se complican las cosas. Hace un año, Junts ya tumbó esta misma propuesta y provocó que el Gobierno desistiera en su intento de presentar el proyecto de los presupuestos generales del Estado.

Las comunidades autónomas del Partido Popular han sido muy críticas con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antes de la entrada en la reunión. "La ministra nos ha ninguneado a las comunidades autónomas", ha denunciado la consejera de la Comunidad de Madrid. "Hemos tenido que hacer los presupuestos sin conocer cuál sería la senda de déficit", ha lamentado Carolina España, consejera de Andalucía. En su caso, como en el de Madrid, los presupuestos se elaboraron con una previsión de equilibrio presupuestario, por lo que está por ver si aprueban modificaciones para elevar el gasto y asumir el margen de déficit adicional. Por el contrario, otros territorios, como Catalunya, ya elaboraron sus presupuestos descontando este margen de déficit adicional.

Es importante señalar que España lleva desde principios del año 2020 sin que el Congreso apruebe unos objetivos de estabilidad. Más de cinco años ya sin que el Gobierno haya conseguido superar este hito. La última senda caducó en el año 2023, por lo que el país está en un vacío legal: la Ley de Estabilidad no contempla qué ocurre si no se aprueba la senda de déficit y deuda. Es muy probable que España siga inmersa en la misma situación, ya que la minoría del Gobierno en el Parlamento no augura que su propuesta de objetivos vaya a lograr el respaldo suficiente.

Las entregas a cuenta

El ministerio también ha informado a las comunidades autónomas la financiación con la que pueden contar para el próximo año. En total, las regiones contarán con 170.300 millones de euros. Esta cifra ya les fue comunicada a finales de julio, y que será un 7,7% más que en el año 2025. Esta transferencia es la suma de 157.700 millones de euros de las nuevas entregas a cuenta y 12.600 millones de la previsión de liquidación del ejercicio 2024.

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El sistema de financiación autonómica se liquida con un plazo de dos años, un sistema que podría cambiar. El Ministerio de Hacienda también propondrá a las CCAA terminar con el modelo de las entregas a cuenta y sustituirlo por transferencias de la recaudación en tiempo real. Esto evitaría el problema de la liquidación a dos años vista, lo que significa que el Ministerio de Hacienda retiene durante este periodo una cuantía significativa de recursos que les corresponden a las comunidades autónomas. Utilizando como ejemplo la previsión de liquidación del año 2024, son 12.600 millones de euros retenidos hasta la liquidación definitiva del sistema.

En un momento como el actual, en el que la recaudación está superando las expectativas, esta reforma sería muy favorable para las CCAA. Sin embargo, los problemas aparecerían cuando llegase la primera crisis. Con el modelo actual, las CCAA tienen blindadas las entregas a cuenta durante dos años, de modo que consiguen amortiguar el impacto de las caídas de recaudación. Posteriormente, el Estado tiene que reclamar la devolución de esta cuantía, lo que es políticamente muy delicado y que, en muchas ocasiones, han optado por perdonar.

En definitiva, es un caramelo envenenado para las comunidades autónomas. A corto plazo mejorará sus recursos, pero a largo plazo, hará que la financiación que reciban sea más volátil e incierta. Actualmente, las CCAA cuentan con una gran visibilidad sobre sus ingresos públicos, ya que a mediados de año el Ministerio de Hacienda les comunica cuál será la financiación aproximada que recibirán el ejercicio siguiente, independientemente de que pueda estallar una crisis.

En todo caso, la propuesta que pretende trasladar el ministerio sería opcional para las CCAA, de modo que permitiría mantener el sistema de las entregas a cuenta a las regiones que así lo quieran.