El Pacto de Toledo necesita una revisión: "Quien no tenga hijos debe cotizar más"

El Pacto de Toledo ha cumplido 30 años y, aunque ha dado pasos relevantes para mejorar la solvencia del sistema público de pensiones, todavía se necesitan importantes reformas que garanticen el futuro del sistema. Algunos de los protagonistas históricos de estas tres décadas del pacto se reunieron el miércoles en Madrid, en un evento organizado por Fedea y el Instituto Santalucía. Además de rememorar anécdotas tras las bambalinas de este gran consenso nacional, coincidieron en que todavía se necesitan reformas para garantizar la solvencia del sistema.

En el evento participaron dos exministros de Trabajo, Valeriano Gómez y Juan Carlos Aparicio; un exsecretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado; y un exdirector de Ordenación de la Seguridad Social, Miguel Ángel García; junto a un buen número de expertos.

"El objetivo prioritario del pacto de Toledo era contener el crecimiento del gasto en pensiones", explicó Miguel Ángel García, quien participó en el diseño de las primeras reformas como director del gabinete de estudios de CCOO. En ese momento, el año 1995, las cotizaciones generaban un importante excedente sobre las pensiones a pagar; pero los expertos y partidos políticos detectaron que era necesario preparar al país para cuando empezara a jubilarse la generación del baby boom. Ese momento ya ha llegado y, a pesar de las grandes reformas realizadas, el sistema se enfrenta a años de gran tensionamiento.

Para Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social en dos ocasiones, el sistema de reparto está en riesgo por la baja natalidad. Esto no estaba en los planes de los padres fundadores del pacto de Toledo, ya que el sistema de reparto necesita de un "relevo generacional" para que los trabajadores soporten las pensiones de sus mayores. El deterioro de la natalidad ha sido muy superior al esperado, lo que está agravando su sostenibilidad. "Si los jóvenes españoles no quieren tener hijos, habrá que transitar hacia un modelo diferente, hacia un sistema de capitalización", advirtió Granado.

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Si no hay un reemplazo generacional, el sistema se tambalea. Por eso Granado planteó una fórmula diferente: "Si alguien no quiere tener hijos, tendría que cotizar más y así capitalizar sus propias aportaciones". Esto es, quien renuncie a tener descendencia que soporte el pago de su pensión a futuro, tendría que pagar más cotización para acumular una hucha con sus propias capitalizaciones que financien su pensión cuando se jubile. O, al menos, una parte. De lo contrario, el sistema de reparto actual tendrá dificultades para sobrevivir a la gran presión que se avecina con la jubilación de la generación del baby boom.

Granado lamentó que en España no haya "una verdadera política de familia" y reclamó "un pacto de Estado" en esta materia. En su opinión, para que la Seguridad Social pueda sobrevivir a futuro se necesitan políticas encaminadas a mejorar la situación de los jóvenes para que puedan formar familias: desde solucionar la crisis de la vivienda hasta mejorar los salarios de entrada y, por supuesto, ayudas públicas a las familias.

La última reforma

Las recomendaciones del pacto de Toledo del año 2020 y la doble reforma posterior a estas (2021 y 2023) derogaron íntegramente las medidas de contención del gasto adoptadas en el año 2013 por la mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy. Estas eran el índice de revalorización de las pensiones que limitaba al 0,25% la subida mientras el sistema estuviese en déficit y el factor de sostenibilidad, que limitaba el cálculo inicial de la pensión con el aumento de la esperanza de vida.

Un exministro de Trabajo socialista con José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez, reivindicó la importancia de tener estos dos limitadores del gasto, aunque con un diseño algo diferente. "Es bueno que haya pronto un factor de sostenibilidad que acompañe el cálculo de las pensiones al aumento de la esperanza de vida con las nuevas cohortes", señaló durante el acto.

También apuntó la idoneidad de tener un sistema de revalorización "que no tenga que buscar cada año una subida con la inflación". En su opinión, sería deseable un sistema de actualización de las pensiones que garantice el poder adquisitivo a medio plazo, aunque puedan producirse oscilaciones a corto plazo.

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En la misma línea se pronunció otro exministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, este durante los años de José María Aznar. "No soy partidario de indexar las pensiones porque somos un país aquejado por la inflación", señaló Aparicio. En su opinión, sería preferible buscar otro indicador que vincule las pensiones a la evolución del país, como podría ser el PIB. De modo que cuando nos vaya a todos bien, también les vaya a los pensionistas, pero que cuando nos vaya peor, los pensionistas también participen", explicó.

Gómez también defendió la necesidad de seguir ampliando el periodo de cómputo de las pensiones. Desde el año 2026 se introduce un nuevo aumento del periodo, para transitar progresivamente hasta los 29 últimos años de cada trabajador con la exclusión de los dos peores. Gómez propone ir más lejos: "soy partidario de que compute toda la vida laboral", explicó. Es una forma de que las pensiones respondan mejor a lo que ha sido la carrera de cotización de cada trabajador, pero supone una merma en la pensión inicial, ya que lo habitual es que los primeros años sean los de menor salario.

Actualmente, el sistema público de pensiones ofrece una rentabilidad del 60% a los pensionistas. Por cada euro cotizado (actualizado por el crecimiento del PIB), un pensionista termina recibiendo 1,6 euros de prestación. "Lo que se ha hecho es blindar el statu quo de la población pensionista a cambio de quebrar la equidad entre generaciones", advirtió García. "Se ha roto el espíritu del pacto de Toledo", que era buscar lo mejor para toda la sociedad, no sólo para una parte.

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Las reformas de 2021 y 2023, que perpetúan la tasa de sustitución más alta de Europa y el poder adquisitivo de las pensiones, conllevarán importantes sacrificios durante las próximas décadas. "Nos obligará a subir la fiscalidad, elevar la deuda pública o reducir otras partidas de gasto", advirtió Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, "lo que tendrá un gran coste de oportunidad para el país".

"La capacidad de resistencia y aguante de la España activa no es infinita", advirtió Aparicio. En su opinión, el sistema actual genera "una clara descompensación" en contra de los jóvenes y a favor de los jubilados. "A veces veo en riesgo de ruptura el contrato intergeneracional", remarcó. Una sensación que fue generalizada entre todos los ponentes y que indica que las últimas reformas no han eliminado las amenazas que afronta el sistema por el malestar que genera en una parte de la sociedad. Este fue precisamente el punto débil de la reforma del año 2013: al cargar todo el ajuste sobre los pensionistas rompió el pacto intergeneracional. Ahora el ajuste se deposita sobre la ‘España activa’ y la duda es si soportará el esfuerzo que se le demanda.