Los inspectores piden ajustar la tasa de basuras a los habitantes reales de cada casa

La nueva tasa de basuras impuesta a todos los municipios por la ley 7/2022 ha generado mucha polémica en cuanto a su diseño, lo que derivará en un previsible aluvión de demandas de contribuyentes. En este contexto, la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) propone una fórmula concreta para que la nueva tasa sea más justa, un planteamiento que recogen en un libro blanco que presentarán en su congreso anual de esta semana en Alicante.

Según el documento, los principales rasgos que los inspectores recomiendan para que la tasa sea coherente con la finalidad de pago por generación son que conste de una parte fija según parámetros de capacidad económica y de otra parte variable ligada al criterio de 'quien contamina paga'.

Juan Ignacio Gomar, inspector jefe en la Agencia Tributaria de Madrid y uno de los autores del libro blanco, destaca que esta recomendación legislativa se ha realizado con la vista puesta en que "el argumento que puede llevar a los tribunales a anular la tasa es que no se cumple el pago por generación" según el diseño que han adoptado varios municipios. Por ello, anticipa que "esto va a ser la plusvalía número dos", dando lugar a anulaciones por parte de la justicia y a modificaciones en las ordenanzas actuales.

En concreto, los inspectores plantean una amplia modificación del apartado 11.3 de la citada ley. En la parte fija, proponen incluir el valor catastral del inmueble, el valor de referencia o su superficie de uso residencial. Esta parte cubriría en principio hasta un máximo del 80% del coste de la tasa hasta 2030 y, posteriormente, se iría reduciendo hasta el 50% antes de enero de 2035. Con esta fórmula se pretende evitar que “la diferenciación entre una parte de cuota fija y otra variable se utilice indebidamente”.

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En la parte variable, la propuesta consiste en tener en cuenta el peso de los residuos generados y entregados para el reciclaje y en ajustar anualmente con datos administrativos actualizados por barrios o, en el caso de municipios de menos de 5.000 habitantes, para la localidad en su conjunto. Esta medida tiene "el claro objetivo de que la ciudadanía note de algún modo el resultado de su mayor o menor diligencia a la hora de generar menos residuos y de reciclar".

Además, sostienen que en esta parte se tenga en cuenta el número de personas empadronadas en cada inmueble y/o los datos correspondientes al suministro de agua potable. Justifican este planteamiento en que el Tribunal Supremo falló en 2024 que el consumo de agua es un criterio admisible de aproximación de la tasa de residuos tras analizar la regulación de Barcelona.

Precisamente, en las últimas semanas el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que cambiará el diseño de la tasa para 2026 para incluir el empadronamiento, en línea con este criterio de los técnicos y para evitar que las demandas prosperen.

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Por otra parte, los inspectores señalan que "dadas las circunstancias del mercado del alquiler de vivienda" sería adecuado establecer un régimen transitorio para que la repercusión de la tasa que hagan los propietarios sobre los inquilinos se retrase tanto en los que tengan un contrato anterior a la ordenanza como uno posterior. El documento señala un 25% en 2026, un 50% en 2027 y el 100% en 2028.

Según ha recordado Gomar, la posibilidad de repercutir o no la tasa depende, en última instancia, del contrato firmado entre el inquilino y el propietario, pero advierte de que puede generar problemas según cómo esté redactada la cláusula en cuestión. Algunos expertos legales consideran que la tasa no es repercutible en los contratos en vigor por no incluir el importe y otros, como Alquiler Seguro, aseguran que con las cláusulas generales se puede repercutir.

Las tasas aún no cubren el coste del servicio

Si las demandas contra la tasa de basuras prosperan, podrían generar un descuadre presupuestario elevado dada la magnitud recaudatoria de la nueva figura. La Fundación ENT calcula en su Observatorio de la fiscalidad de los residuos que las tasas vigentes en 2025 en los municipios recaudarán 3.488 millones de euros, lo que sitúa este impuesto como el segundo con mayor potencial recaudatorio, solo por detrás del IBI. Sin embargo, los presupuestos aprobados para este año indican un gasto total en materia de residuos de 5.325 millones, por lo que la tasa cubre solo un 65,5%, lejos todavía del 100% que marca la ley estatal.

Según ha advertido Gomar, esto supone un "riesgo presupuestario" para los ayuntamientos cuyas tasas sean anuladas después de unos cuatro años cobrándolas, el tiempo que se demorarán los procedimientos hasta que exista un fallo del Supremo. "En los ayuntamientos en los que se anule les va a generar un agujero presupuestario notable", anticipa.

No obstante, las diferencias entre municipios son amplias. Según los datos calculados por ENT, la tasa media por capital de provincia para un hogar medio oscila entre los 57 euros anuales de Toledo y Palencia y los 288 euros de Valencia, lo que refleja la disparidad de criterios locales escogidos para el diseño de la tasa.

A pesar del contexto, los inspectores no recomiendan reclamar en todos los casos porque "hay ayuntamientos que han aprobado ordenanzas muy razonables y otros que no tanto", aunque no han señalado cuáles. Por otra parte, inciden en que España es el único país de la UE en aprobar una tasa de basuras de este tipo, preceptiva y con la finalidad de cubrir el 100% del coste del servicio, por lo que señalan que el Estado podría haber hecho una ley distinta o, al menos, establecer los criterios mínimos para no generar la inseguridad jurídica actual.