Bruselas autoriza a España a destinar 700 M en subvenciones a tecnologías limpias

La Comisión Europea ha dado este jueves luz verde a un esquema de subvenciones por valor de 700 millones de euros para el despliegue de tecnologías limpias solicitado por parte del Gobierno español. El Ejecutivo comunitario lo ha autorizado como parte del régimen aprobado en junio de 2025 que da más flexibilidad a las capitales para dar ayudas de Estado destinadas al despliegue de industrias limpias. El plan español se centra en "apoyar inversiones estratégicas que aumenten la capacidad de fabricación" limpia, según ha explicado la institución.

Las ayudas se canalizarán en forma de subvenciones directas, y se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2028 para proyectos de empresas de cualquier territorio español. "La Comisión concluyó que el régimen español es necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición hacia una economía con cero emisiones netas y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, que son importantes para la aplicación del Pacto Industrial Limpio", ha señalado el Ejecutivo comunitario, que esta misma semana ha sudado tinta para conseguir que los Estados miembros apoyen su objetivo de recortar las emisiones de CO2 un 90% en 2040 respecto a los niveles de 1990.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de Transición Limpia y Competencia, y que hasta hace un año ocupaba la vicepresidencia del Gobierno español, ha celebrado la decisión señalando que "este plan impulsará la capacidad de fabricación de tecnologías limpias en España mediante el apoyo a inversiones estratégicas clave".

El paquete de ayudas español se enmarca dentro de la sección 6 del régimen de ayudas de estado flexible, en el que se recogen que los Estados miembros pueden dar asistencia financiera a proyectos centrados en el desarrollo de productos finales como baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, electrolizadores, utilización y almacenamiento de carbono y otros casos. Eso quiere decir que los proyectos que puedan beneficiarse del esquema español que ahora ha sido aprobado por la Comisión tendrán que enmarcarse en esas actividades, además de en la producción y reciclaje de materias primas críticas, que también forman parte de esta sexta sección del régimen. Muchas de estas actividades son ahora mismo desarrolladas por países terceros, y el objetivo de Bruselas es lograr que los Estados miembros desplieguen o recuperen parte de esta industria.

El marco europeo, conocido como CSAF, incluye otros casos en los que las capitales pueden pedir que se les autoricen ayudas de Estado, como por ejemplo la descarbonización de industrias contaminantes para reducir la dependencia de energías fósiles de países terceros, el despliegue general de energías renovables, o medidas para "reducción temporal del precio de la energía" para industrias intensivas, para evitar así que esas actividades industriales se deslocalicen a otros países en donde las medidas medioambientales para lograr la transición energética no se traduzca en precios más altos. El objetivo de la Comisión, sin embargo, es que el proceso de descarbonización acabará "traduciéndose plenamente en una reducción de los precios de la electricidad".