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La AIReF prevé que tres CCAA rebasen la ratio del 13% de deuda en 2050 pese a la condonación
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Límite fijado en la ley de estabilidad

La AIReF prevé que tres CCAA rebasen la ratio del 13% de deuda en 2050 pese a la condonación

La institución cuestiona que los criterios elegidos para la quita sean los más adecuados para que todas las regiones pasen a financiarse en los mercados en el medio plazo y pide reformar el sistema de financiación autonómica

Foto: La vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda y de Función Pública, María Jesús Montero. (EFE/Javier Lizón).
La vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda y de Función Pública, María Jesús Montero. (EFE/Javier Lizón).
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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado este miércoles la actualización de su observatorio de deuda, que incorpora por primera vez el impacto que tendría la quita fijada en el anteproyecto de ley del Gobierno.

Si la ley orgánica se terminara aprobando en el Congreso en los términos actuales y todas las CCAA aceptaran acceder a ella, supondría la asunción por parte del Estado de 83.252 millones de deuda autonómica, lo que mejoraría la situación de todas las regiones del régimen común, pero con diferencias debido a sus distintas situaciones de partida y a la metodología escogida para la condonación.

En concreto, la AIReF calcula que, a políticas constantes, la condonación supondrá que el subsector de las comunidades autónomas logre bajar la ratio de deuda respecto a su PIB al 13% del PIB en 2029. Este límite es el que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y el que la institución toma de referencia. En un escenario sin condonación, el objetivo se alcanzaría en 2041, por lo que se adelanta doce años.

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El límite del 13% se superó en 2012 y a fecha de junio de 2025 la ratio del conjunto del subsector alcanza el 20,9%, pero existe una elevada dispersión entre CCAA. La disminución de la ratio es un factor clave para el éxito de salida a los mercados de cada una y las previsiones de la AIReF no son halagüeñas para las tres más rezagadas: Valencia, Murcia y Cataluña.

Dada la distinta situación de cada región, 13 CCAA alcanzarían el objetivo del 13% en 2028, pero otras cuatro seguirían sin cumplir en 2029 y, de hecho, tardarían varios años más en hacerlo. Estos farolillos rojos son los territorios más endeudados: Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha. Las tres primeras, con ratios actuales de deuda de entre el 29,5% y el 40%, alcanzarían la ratio del 13% más allá de 2050, mientras que Castilla-La Mancha, con un 28,5% actual, lo haría en 2033.

ARIeF ha realizado sus supuestos con un escenario en el que, a partir de 2027, la mayor parte de las regiones tienen superávit primario y destinan el ahorro de intereses por la condonación a reducir el déficit y la deuda. Fuentes de la institución han insistido en que los intereses no computan en la regla de gasto y que, por ello, no pueden suponer un mayor margen de gasto para otras políticas al ahorrarse con la condonación.

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Teniendo en cuenta estos supuestos, las CCAA reducirían su ratio de deuda en los próximos años sin condonación, pero la quita ayuda en 5,1 puntos adicionales de disminución. Las mayores reducciones relativas se producirían en Andalucía (8,6), Castilla-La Mancha (8,5), Murcia (7,7) y Valencia (7,4). Por otra parte, la condonación propuesta en el anteproyecto de ley supondría acabar con el 48,2% de la deuda de Canarias y con el 45,3% de la de Andalucía, siendo las dos regiones más beneficiadas en este sentido. En Cataluña el porcentaje condonado sobre el total sería el 18,9%.

Por otra parte, AIReF prevé un ahorro en intereses para las CCAA tras la condonación que difiere del estimado por el Ministerio de Hacienda. Sus cálculos son 2.532 millones el primer año, 0,14 puntos de PIB, y a medio plazo un ahorro acumulado de 15.657 millones hasta 2030. El Gobierno estima unos 6.000 millones y la diferencia se puede deber a que AIReF cuenta también el ahorro en intereses futuros.

Salida a los mercados

Fuentes de la AIReF inciden en que, realmente, "la reforma del sistema de financiación debe ir de la mano de la condonación porque, si no, para algunas comunidades autónomas, no sirve de nada". La institución evita proyectar a qué ritmo las regiones podrían volver a financiarse en los mercados, ya que las condiciones para ello se han flexibilizado en el acuerdo de julio de la CDGAE para el periodo 2026-2028 y sostienen que el "test" final será cuando el nuevo marco se empiece a aplicar.

Según dicho acuerdo, los requisitos principales para financiarse en los mercados es que las regiones cumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria de 2024 y que tengan una deuda inferior al 19,5% del PIB, un criterio que difiere del 13% establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Otro cambio es que las regiones que incumplan solo el primer criterio, Castilla-La Mancha y Extremadura, podrán obtener préstamos en los mercados, pero no emitir valores.

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Actualmente, solo cinco regiones se financian completamente en los mercados (País Vasco, Canarias, Galicia, Madrid y Navarra) y algunas como Murcia, Cantabria y Cataluña dependen en más de un 88% de la financiación de los mecanismos extraordinarios (fundamentalmente, el Fondo de Liquidez Autonómica). En total, la financiación actual a través de los fondos de financiación del Estado para el conjunto de deuda de las CCAA asciende al 60%.

Con el acuerdo de la CDGAE, todas las comunidades autónomas, menos Valencia y Murcia, pasarían a financiarse en el Fondo de Facilidad Financiera (que desaparecería en 2029) y el FLA se quedaría como una opción de último recurso para incentivar la salida a los mercados progresivamente. Según AIReF, si este era el objetivo último de la condonación, el criterio de infrafinanciación se tendría que haber tenido más en cuenta porque, como demuestran sus cálculos, regiones como Valencia y Murcia siguen contando con una ratio muy elevada de deuda en el largo plazo a pesar de la quita.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado este miércoles la actualización de su observatorio de deuda, que incorpora por primera vez el impacto que tendría la quita fijada en el anteproyecto de ley del Gobierno.

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