La congelación de los sueldos públicos pone en un aprieto la legislatura sin presupuestos

Los tres sindicatos principales del empleo público inician este jueves un calendario de movilizaciones para reclamar, principalmente, subidas salariales. El Gobierno aprobó la última, de un 0,5%, en julio de este año, pero se trataba de una cifra comprometida en un real decreto ley de 2024 porque la suma de la variación del IPCA de 2022, 2023 y 2024 superó el incremento retributivo fijo acumulado en ese trienio. Los datos de inflación se conocieron en diciembre, por lo que el Gobierno ordenó el incremento con medio año de retraso.

El acuerdo marco firmado entre María Jesús Montero y los sindicatos en 2022 ha finalizado su periodo de aplicación y Función Pública ni siquiera ha iniciado una mesa para negociar el próximo marco plurianual de subidas. En la práctica, el sueldo de todos los empleados de las Administraciones Públicas está congelado desde 2025 y los sindicatos reprochan una incoherencia entre la buena marcha de la macroeconomía y esta situación, que les hace perder poder adquisitivo.

Durante la rueda de prensa en la que anunciaron las movilizaciones, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, reflexionó: “El ministro de Economía ha dicho que España va a todo gas a nivel económico, ha subido la recaudación más de un 7%, y si no hay problemas para gestionar este país, aunque no se aprueben nuevos presupuestos, ¿qué es lo que está pasando?”.

En contraste, cuando al ministro de Función Pública, Óscar López, se le pregunta por las subidas, su respuesta es que “primero hay que desbloquear la cifra de los presupuestos para luego hablar con los sindicatos”, como señaló en una entrevista en TVE el 1 de octubre. Sin embargo, son unos presupuestos hipotéticos para los que no hay apoyos parlamentarios y el colectivo afectado por la congelación salarial son tres millones de empleados públicos más sus respectivas familias, un importante activo electoral. Los sindicatos seguirán presionando si el Gobierno no se mueve en estas semanas y amenazan con huelga en diciembre.

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Comprometer aumentos plurianuales para los empleados públicos del mismo tipo que los recogidos en el último acuerdo marco es muy costoso, pero tiene arreglo contable. Se requiere de reales decretos ley que permitan consolidar los aumentos de gasto, de hecho, el Gobierno ya lo hizo para aprobar los incrementos pactados para 2024, cuando los presupuestos de 2023 ya estaban prorrogados.

Ante este panorama, CSIF pide ir más allá con “una norma que obligue al Gobierno a actualizar los sueldos de manera automática todos los años, como ocurre con las pensiones”. Miguel Borra, presidente del sindicato, plantea una fórmula que acompase las subidas a la inflación “más un porcentaje adicional pactado con las organizaciones sindicales”.

El Gobierno debe revalorizar las pensiones cada año en ausencia de nuevos presupuestos porque su aumento anual está fijado en una ley y el artículo 54.1 de la Ley General Presupuestaria admite esta excepción para aumentar los créditos iniciales y consolidar un gasto superior incluso sin nuevas cuentas públicas.

La ‘bola de nieve’ del gasto en sueldos públicos

Solo en 2024, el conjunto de las administraciones públicas españolas gastó 172.350 millones de euros en personal, según los datos adelantados por la IGAE. Esto supone un 5,5% más que el año anterior y, en términos absolutos, 8.977 millones de euros adicionales. En este crecimiento influyó la revalorización del 2% en aplicación del acuerdo marco, pero también el aumento de las plantillas públicas.

El empleo público cuesta a las administraciones en torno al 24% del gasto público y al 10,8% del PIB, una cantidad que, aunque es elevada, está por debajo del gasto en pensiones, en torno al 13% del PIB en 2024 y 2025, según AIReF. Los datos de 2025, del primer semestre del año, reflejan un desembolso de 86.082 millones de euros en sueldos públicos, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior, a pesar de que en esos meses no se produjeron subidas de sueldo. Con la aplicación del 0,5% aprobado en julio, se registrará un acelerón del gasto en la segunda mitad del año.

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Estas cifras dan cuenta de la magnitud que tiene el gasto en personal de las administraciones y lo que supone consolidar mayores desembolsos en un momento complicado por las mayores exigencias de gasto en defensa y en pensiones. Sin embargo, hasta el año pasado el Gobierno no parecía tener ningún problema con estos incrementos, el cambio ha llegado en 2025.

No solo es la congelación de sueldo, el parón se extiende al aumento de las plantillas. Tras años de ofertas públicas de empleo récord para la Administración General del Estado, el Gobierno recortó la de 2025 un 8,8% en comparación con 2024, lo que hizo que ningún sindicato de la Función Pública acordara la oferta, a diferencia de los años anteriores.

Los sindicatos consideran que las plazas aprobadas, 36.500 entre nuevo ingreso y promoción interna, no crearán empleo neto (superación de los ingresos a las bajas), aunque Función Pública asegura que sí. Lo que está claro es que estos ajustes sirven para contener el déficit.

Más poder adquisitivo que los sueldos privados

Los empleados públicos han perdido poder adquisitivo incluso con la aplicación de las subidas pactadas entre 2022 y 2024. Por ejemplo, los salarios reales de los trabajadores del sector Administración Pública, Defensa y Seguridad Social han caído un 9,8% entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo de 2025.

Lucho Palazzo, secretario general de la Federación de Servicios a la ciudadanía de CCOO, criticaba en rueda de prensa que “es incomprensible que estando en un 3,7% de subida salarial media en el ámbito privado, nosotros estemos con salarios congelados”.

Siendo cierta la brecha a favor del sector privado en los últimos años, también cabe tener en cuenta que los sueldos del sector público parten de un nivel estructural más elevado. Los últimos datos disponibles en el INE, referidos a 2023, reflejan que el sueldo medio bruto en el sector público (de 3.026 euros) era 935 euros superior al del sector privado. Un diferencial positivo anómalo respecto a otros países europeos.