La Autoridad Fiscal pide al Gobierno replantear su reforma de la financiación autonómica

El Ministerio de Hacienda está preparando una reforma de la financiación autonómica basada en dos criterios. El primero, mejorar la posición relativa de las comunidades más perjudicadas por el sistema actual (el cuarto sureste de España) y las que aportan más de lo que reciben (Cataluña, Baleares y Madrid). El segundo, que ninguna comunidad autónoma pierda por el camino para que ningún territorio presente una oposición frontal al sistema. Esto obligaría al Estado a ceder recursos que ahora son suyos a la financiación autonómica.

Este punto de partida de la reforma es precisamente el que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) pide al Gobierno que se replantee. La situación fiscal del Estado y de las comunidades autónomas es radicalmente diferente. Y, ciertamente, es mucho peor la del Estado. Tanto en términos de déficit, como de deuda y de exigencias de gasto a futuro. La Autoridad Fiscal cree que, si hay una administración que tiene una situación delicada, ese es el Estado.

Plantear una reforma de la financiación autonómica en la que el Estado ceda más recursos a las CCAA sin traspasar competencias pondría en riesgo el control del déficit público y la capacidad del gobierno central para cubrir las necesidades que va a tener durante la próxima década.

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Javier Jorrín

Todas las reformas de la financiación autonómica se han hecho igual: recortando el papel del Estado en favor de las autonomías. Pero eso no significa que sea la solución más razonable. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, lo tiene claro: "La Administración Central lo tiene difícil como para poner más recursos sobre la mesa para las comunidades autónomas".

La situación actual

El punto de partida es que las comunidades autónomas terminarán el año 2026 en equilibrio presupuestario, mientras que la Administración Central tendrá un déficit del 1,9% del PIB. De cada 10 euros de déficit público, la Administración Central concentrará en 2026 9,5 euros.

Una cesión de más recursos a las comunidades autónomas sin traspaso de competencias obligará al Estado a ejecutar importantes ajustes. Esto es, recortar sus gastos o realizar una gran subida de impuestos.

Pero, además del difícil punto de partida, la AIReF advierte que, a futuro, los principales catalizadores del gasto público afectarán al Estado. Es, por tanto, la administración en la que deberían concentrarse los recursos en la próxima década. Por un lado, el envejecimiento de la generación del baby boom obligará a un gran aumento del gasto en pensiones. A falta de cotizaciones sociales suficientes, este gasto se está sufragando con transferencias del Estado a la Seguridad Social.

En segundo lugar, las exigencias de gasto en defensa para cumplir con los compromisos de la OTAN. Este dinero también tiene que salir del Estado, que es quien tiene la competencia sobre la materia. Es importante señalar que en contabilidad nacional, el gasto en equipamiento militar se computa cuando se reciben los bienes encargados. Esto supone que el gasto que se está aprobando este año no computará como déficit hasta los últimos años de la década, dado que las entregas militares van con un importante decalaje.

Por último, está el gasto en intereses de la deuda. Las refinanciaciones de los bonos se van a encarecer en los próximos años a medida que venzan todos los emitidos en los años de tipos cero (desde 2014 hasta 2022). El grueso de la deuda está en manos del Estado, por lo que es quien acarreará con este gasto.

La deuda neta en manos de las CCAA equivale al 143% de su gasto anual. Esto es, en un año y medio podría repagar toda su deuda. Pero en el caso de la Administración Central, su deuda asciende al 700% de sus ingresos. Si alguien está en dificultades financieras, ese es el Estado.

Desde el año 2014, cuando caducó el actual modelo, el gasto de las comunidades autónomas sobre el PIB (descontando transferencias a otras administraciones) ha aumentado en 0,6 puntos, mientras que el del Estado se ha reducido en 0,4 puntos. Esto es, las regiones ya han logrado una importante ganancia con el sistema pendiente de revisión.

Si hay una Administración que no tiene capacidad para prescindir de sus recursos, esa es la Central. Herrero considera que el gobierno debería repensar cómo aborda el cambio del modelo de financiación autonómica. "Esa aproximación de que cualquier reforma implica más recursos para las comunidades autónomas deberíamos replanteárnosla", advierte la presidenta de la Autoridad Fiscal.

El riesgo de esta reforma es que las comunidades autónomas aprovechen todos los recursos extra que reciban, pero que el Estado no haga su parte, aplicando un ajuste equivalente a la financiación cedida. Las conversaciones del Ministerio de Hacienda con la Generalitat de Catalunya anticipan una aportación de algo más de 20.000 millones de euros al modelo de financiación. ¿Cómo podría hacer el Estado un ajuste similar en sus cuentas? Si no lo hace, la reforma del sistema sería, sencillamente, un aumento del déficit del país que quedaría en herencia para el próximo gobierno.

La opción alternativa es realizar un reparto diferente de los recursos que ya tiene el modelo de financiación. Pero la AIReF reconoce que esta vía es "delicada desde el punto de vista político". Una opción para evitar que ninguna CCAA pierda ingresos por el camino es realizar una reforma progresiva en varios años que se vaya nutriendo de los nuevos recursos generados por el aumento de la recaudación. Incluso el Estado podría realizar una aportación equilibradora temporal.

Es todo cuestión de que exista voluntad política para buscar la mejor solución. "No soy capaz de determinar cuántos ingresos necesitan las comunidades autónomas", culmina Herrero, "pero sí creo que una reforma debería partir de determinar cuántos recursos necesitamos en total y de cómo los repartimos". Una aproximación que nada tiene que ver con la que está haciendo el gobierno.