Liberar a los autónomos de la gran subida de cuotas cargará el ajuste a asalariados o jubilados

El Gobierno ha pinchado en hueso a la hora de subir las cotizaciones a los autónomos. La reforma que dejó aprobada el exministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha fracasado a las primeras de cambio, en el primer año en el que tenía que generar un impacto positivo sobre la recaudación. El Ejecutivo ha renunciado a comenzar este proceso y retrasa a 2027 (año electoral) el inicio de la gran subida de cuotas a los autónomos. Las consecuencias de esta rectificación podrían ser profundas, ya que la recaudación de cuotas de los autónomos es clave para la sostenibilidad de las pensiones.

España necesita esos ingresos para superar el examen de las pensiones que se realiza de forma periódica. Si lo suspende, la ley obliga a activar ajustes en los ingresos del sistema o en los gastos. Esto es, o mayores cotizaciones para los trabajadores o menores pensiones para los jubilados. Es lo que el ministerio llamó la "cláusula de cierre" que evita desviaciones en el déficit activando ajustes semiautomáticos.

Todavía está por ver lo que ocurre con la reforma del Régimen de Autónomos (RETA) que aprobó el Gobierno en 2022, pero el Congreso votó el miércoles una moción del PP para no subir las cuotas a los autónomos el próximo año. La reforma de Escrivá se tambalea por el gran esfuerzo que exigiría a los autónomos.

Por ejemplo, para que el tramo más alto (el de los que ganan más de 6.000 euros al mes) cotice por ingresos reales en 2032 con una subida lineal, habría que elevar sus cotizaciones casi un 40% en 2027. Y, a partir de ahí, año a año hasta 2032. Difícilmente un gobierno podrá ejecutar tal incremento. Máxime si se tiene en cuenta que la mayor parte de partidos se niega a esta solución y que la oposición está prometiendo ahora aliviar la carga fiscal de los autónomos.

Esta reforma estaba diseñada para reducir el déficit que le generan los autónomos a la Seguridad Social, de más de 10.000 millones de euros en 2022. Sin estos ingresos, las probabilidades de superar el examen de las pensiones se reducen drásticamente.

España pasó el primer examen, realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) esta primavera, pero fue un aprobado raspado. El gasto previsto en pensiones será del 13,2% del PIB, una décima por debajo del límite fijado en la ley. Sin embargo, este gasto es neto de las medidas correctoras de ingresos, y entre las que se encuentra la cotización de los autónomos.

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La AIReF calculó entonces que la cotización por ingresos reales generaría unos ingresos netos anuales de 0,2 puntos del PIB de media hasta 2050. En concreto, estos números se hacen con la hipótesis de que las bases mínimas de cotización de cada tramo se igualan a los rendimientos netos en el año 2032.

A partir de ese año, la reforma generará una recaudación del 0,35% del PIB año a año. A precios actuales son 6.000 millones de euros de ingresos cada año una vez descontado el mayor gasto en prestaciones. Una cuantía significativa. Sirva como comparativa que la AIReF calcula que el Mecanismo de Equidad (MEI), que ha supuesto una subida de cotizaciones para todos los trabajadores, generará unos ingresos adicionales de 0,4 puntos del PIB hasta 2050. En total, estima que todas las medidas de aumento de las cotizaciones sociales generarán 1,4 puntos del PIB de ingresos, mientras que la indexación de las pensiones al IPC generará un gasto adicional del 2,7 puntos del PIB.

En su informe de impacto publicado en 2023, la Seguridad Social calculaba que la cotización por ingresos reales generaría una recaudación adicional de 0,5 puntos del PIB hacia mediados de la próxima década. A precios actuales serían unos 8.500 millones de euros más al año. Una cifra muy relevante. Si esta recaudación no sale de las cuotas de los autónomos, alguien tendrá que poner el dinero.

¿Quién paga ahora?

Sin la recaudación adicional que generaría la subida de cuotas a los autónomos, España tendrá muy difícil superar el examen de las pensiones. Y si suspende, entonces vendrán los ajustes. La ley determina que será necesario implementar medidas correctoras por la vía del gasto o de los ingresos. Esto es, subir las cotizaciones sociales a todos los trabajadores, o recortar las pensiones.

De esta forma, eximir a los autónomos del acuerdo para la subida de cuotas amenaza con pasar este esfuerzo a otros colectivos. El Gobierno contaba con estos recursos, ya que los agentes sociales y las asociaciones de autónomos firmaron que en 2032 se alcanzaría la cotización por ingresos reales. Incluso el Parlamento lo votó, y también el Pacto de Toledo. Pero, a la hora de la verdad, ejecutar una subida de las cotizaciones de tal magnitud tiene un elevado coste político y social.

La cuenta atrás ha comenzado. El siguiente examen de la AIReF será el próximo año, en 2026. Es cierto que existe una escapatoria posible para no asumir la dificultad de implementar la subida de cuotas: la ley todavía contempla que en 2032 se instaurará la cotización por ingresos reales. Esto es, la AIReF todavía tiene argumentos para no cambiar la interpretación del primer examen. Pero, si ahora es delicado políticamente elevar las cotizaciones de forma progresiva, mucho más difícil será hacerlo todo al final.

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Y el problema no acaba aquí. Las asociaciones de autónomos y los sindicatos están exigiendo al Gobierno que mejore su protección social. En especial, centran su reclamación en el cese de actividad, el paro de los autónomos. Actualmente menos de la mitad de quienes reclaman esta prestación la reciben y la exigencia es que este porcentaje se incremente drásticamente.

Si el Gobierno quiere que el Congreso apruebe una subida mínima de las cuotas, tendrá que aceptar esta mejora de la protección social. Esto supondría más gasto para la Seguridad Social, lo que dificultaría más que España supere el examen de las pensiones. Paradójicamente, una reforma pensada para reducir el déficit de la Seguridad Social podría terminar engordándolo, al menos a corto plazo.

El RETA es un agujero para la Seguridad Social: su déficit superó los 10.000 millones de euros en 2022. Pero también para la Hacienda Pública, ya que los autónomos reciben un tercio de los complementos a mínimos que paga el Estado a los trabajadores que no han cotizado lo suficiente para cobrar una pensión. El Gobierno se ha metido en un callejón sin salida y podría verse obligado a repartir la cuenta entre el resto de la población. Para no enemistarse con un colectivo, el de los autónomos, puede terminar perjudicando a otros.