Los asesores fiscales de la UE piden "cautela" con el "optimismo" del Gobierno respecto al PIB

La Junta Fiscal Europea, un órgano meramente consultivo que sirve de asesor fiscal a la Comisión Europea y que analiza la manera en la que el Ejecutivo comunitario aplica las reglas fiscales, se ha mostrado crítica en su informe anual con el optimismo sobre el que se basan las proyecciones de crecimiento del PIB del Gobierno de España y sobre el que se sustenta su plan a siete años de ajuste fiscal acordado con Bruselas. Los asesores sí admiten que el plan "muestra cierta ambición", pero consideran que "el nivel de compromiso podría resultar insuficiente" para lograr una "sostenibilidad fiscal duradera".

El plan nacional es el elemento central de las nuevas reglas fiscales europeas, por las que los Estados miembros se comprometen con Bruselas a una única métrica: una especie de ‘techo de gasto’ neto primario que, a lo largo de un determinado período, debe dar como resultado unos niveles de deuda y déficit inferiores a los que se registraban al inicio del plan, todo respaldado por un análisis de sostenibilidad de la deuda (DSA) sobre la que la Comisión Europea establecía su ‘techo de gasto’ o ‘senda’ técnica que recomendaba al Estado miembro. En el caso español, su senda de ajuste se situaba por encima de la enviada por los técnicos comunitarios.

"Las hipótesis macroeconómicas, tanto a corto como a medio plazo, en las que se basa el plan son significativamente más optimistas que las de las orientaciones previas de la Comisión", apuntan los asesores en su informe anual. "El uso de las últimas previsiones macroeconómicas a corto plazo para planificar unos niveles de gasto neto más elevados conlleva el riesgo de incorporar evoluciones cíclicas en el plan a medio plazo. Esta configuración conlleva el riesgo de no alcanzar los objetivos fiscales, incluso si se mantiene la trayectoria de gasto propuesta", subrayan en su informe.

La JFE señala que las autoridades españolas presentan como uno de los argumentos fundamentales para defender una tasa de crecimiento más alta las previsiones demográficas, "que incluyen mayores flujos de inmigración, lo que favorecería unas tasas de actividad más elevadas". Sin embargo, los asesores fiscales señalan que "el impacto de las previsiones demográficas sobre el crecimiento potencial del PIB real debe considerarse con cautela, dada la significativa volatilidad de las previsiones demográficas en el pasado".

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El informe subraya que la Comisión aceptó el plan español, pero que la evaluación de los técnicos comunitarios "acepta la hipótesis significativamente más alta del crecimiento potencial del PIB" por las revisiones demográficas "sin señalar que estas son muy volátiles". La JFE también se hace eco de las quejas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef) en sus análisis, y señala que "el plan carece de una estrategia fiscal clara que justifique cómo se prevé alcanzar la trayectoria de gasto neto", recordando en "en febrero de 2025, España aún no había presentado un proyecto de plan presupuestario para 2025". La Junta hace sus análisis con bastante retraso, por lo que el informe se basa en datos de octubre de 2024.

Los asesores también critican que el Gobierno ha tenido en cuenta en sus proyecciones una modificación de los costes de envejecimiento, es decir, el coste derivado del aumento de las pensiones y de la población jubilada, además de otros gastos relacionados con ello como es el aumento del gasto en sanidad, "teniendo en cuenta el aumento previsto de las cotizaciones sociales tras el período de ajuste", es decir, más allá del tiempo que cubre el plan. En otras palabras, el Gobierno usa ajustes o medidas que ocurrirán más adelante, cuando ya haya concluido el actual plan, para justificar un menor nivel de consolidación fiscal más laxo durante este período. A ojos de la JFE, eso "no se ajusta al marco" porque no tiene en cuenta el principio de "ausencia de cambios en la política fiscal" - por el que se debe realizar el plan actual asumiendo que no va a haber cambios fiscales más allá de dicho marco - y "reduce el esfuerzo necesario durante dicho período".

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Los asesores suelen ser bastante duros con la Comisión y con los Estados miembros, por lo que sus informes tienden a incluir críticas a la gestión tanto de las autoridades comunitarias como de las nacionales. El año pasado fueron duros contra el Ejecutivo comunitario por su decisión de no abrir un procedimiento de déficit excesivo contra España en 2023, a pesar de encontrarse "muy por encima" de los límites requeridos.