Sumar se pone del lado de los autónomos y propondrá eliminar el IVA adelantado

Sumar va a presentar en el Congreso de los Diputados una enmienda para canalizar una reivindicación histórica de los autónomos: eliminar el IVA adelantado. Actualmente están obligados a ingresar el IVA derivado de su actividad aunque no hayan cobrado la factura correspondiente, incluso aunque se acojan al criterio de caja (un sistema que ha tenido escaso recorrido) tienen que ingresarlo a año vencido. En un país con una alta morosidad, tanto pública como privada, adelantar el IVA genera un problema de caja permanente para el colectivo.

Para evitar este problema, Sumar presentará en el Parlamento una modificación del IVA que fije la obligación de abonar el IVA "en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos". Así figura en una de las enmiendas que presentará la formación en la trasposición de la directiva europea sobre la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad de criptoactivos. Esta es la clave de toda la modificación legal: la obligación de abonar el impuesto quedará supeditada al cobro "efectivamente percibido" del bien o servicio prestado.

Los autónomos llevan años reclamando este cambio, de hecho, ya existe una sentencia del Tribunal Supremo que les da la razón. Sin embargo, es necesario cambiar la ley del IVA para que este cambio se aplique de forma automática y evitar recurrir a la Justicia. La reforma no solo beneficiará a los autónomos, sino a todas las empresas que, sufriendo morosidad, están adelantando el abono del IVA.

Este problema es más evidente para los pequeños negocios, ya que son los que tienen más dificultades de caja para adelantar el IVA de facturas que no han podido cobrar. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, señala que la normativa española actual "genera una vulneración del principio de neutralidad fiscal" y provoca "una carga financiera desproporcionada para autónomos, profesionales y pymes, que deben adelantar las cuotas del IVA no cobradas".

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Es posible que esta enmienda tenga recorrido en el Congreso y pueda aprobarse incluso con la oposición del PSOE. El motivo es que se trata de una petición de los autónomos desde que se aprobó el cambio normativo hace más de una década, por lo que el grueso de formaciones podría darle su apoyo. Esta medida no tendrá impacto presupuestario, ya que no exime al autónomo de abonar el impuesto, simplemente lo retrasa al momento del cobro de la factura.

La propuesta llega en un momento en el que el Gobierno está en pleno choque interno a cuenta de las cotizaciones de los autónomos. La Seguridad Social propuso el lunes una subida de las cuotas al colectivo que Sumar ha rechazado públicamente. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue tajante el jueves: "Yo he conocido esta propuesta por los medios de comunicación y, a riesgo de no conocer el texto, por lo que conozco por los medios, no la compartimos en absoluto".

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La principal crítica que hace Sumar a la propuesta es que "penaliza de manera singular a los autónomos con rentas más bajas". Por ejemplo, en el tramo más bajo de cotización, el de quienes ganan menos de 8.000 euros al año, tendría una subida de la cuota de casi el 9% anualmente hasta 2028. En este tramo, la media de cotización anual es de 3.600 euros, por lo que, con la subida planteada para 2026, las cuotas sociales se llevarían nada menos que el 86% del beneficio generado por ese autónomo.

Sumar considera fundamental proteger a los autónomos con menos ingresos. Aquellos que ni siquiera llegan al salario mínimo interprofesional. De esta forma, la formación de Díaz le da la puntilla al Ministerio de la Seguridad Social, que tendrá que reformular su propuesta para conseguir los apoyos en el diálogo social y en el Congreso.

Transparencia de Hacienda

Dentro de la batería de enmiendas que va a presentar Sumar hay otra que afecta directamente al Ministerio de Hacienda. La formación lleva años exigiendo que se ofrezcan los datos desagregados del Observatorio de Márgenes Empresariales a la negociación colectiva para afinar los pactos salariales a la situación real del tejido productivo. Pero siempre han pinchado en hueso por la oposición de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a ofrecer esta información.

Ahora, Sumar pasa al ataque y pretende que la ley obligue al ministerio a facilitar esta información. La enmienda daría un plazo de dos meses al Ministerio de Hacienda para publicar los datos agrupados por convenio colectivo de ámbito supraempresarial.

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"Se hace imprescindible que tanto los representantes de los trabajadores como los de las empresas dispongan de una información simétrica y verificable sobre la evolución de los márgenes empresariales en los sectores donde se negocian los convenios", señala la enmienda. Si finalmente se aprueba, el Ministerio de Hacienda ya no podría escaparse a esta exigencia del socio minoritario de la coalición.

El objetivo es que la negociación colectiva entre empresas y trabajadores se modernice, incorporando información relevante sobre los beneficios empresariales. Los datos del Observatorio de Márgenes muestran que se ha producido un aumento de los márgenes en los últimos años, pero no existe información desagregada a nivel sectorial y territorial que permita incorporar estos datos a la negociación de los convenios colectivos. Los negociadores van a ciegas sobre cómo se está repartiendo el valor añadido que se genera entre empresas y trabajadores.

Los grandes propietarios

Sumar también propondrá una enmienda para frenar que los grandes propietarios de vivienda puedan expulsar a sus inquilinos. En concreto, quiere establecer prórrogas extraordinarias de contratos en bloques de pisos que sean propiedad de un único propietario (o varios herederos) y que estén expulsando a los inquilinos.

En los edificios en los que al menos el 75% de las viviendas hayan estado alquiladas y se hayan ido vaciando por un periodo superior a seis meses, los inquilinos que queden tendrían derecho a extender su contrato por un periodo adicional de siete años. De esta forma, se pondría freno a una práctica extendida en los últimos años por grandes patrimonios, de comprar edificios completos y vaciarlos para rehabilitarlos o convertirlos en pisos turísticos.

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La enmienda justifica que esta medida busca "proteger el derecho a la vivienda frente a la codicia de unos pocos que se benefician de procesos de vaciamiento y sustitución social".

Además, el portavoz de Economía de la formación, Carlos Martín, anunció el jueves otra de las enmiendas encaminadas a aumentar la tributación de los criptoactivos. En concreto, propone que los criptoactivos que no generen actividad económica (probablemente la gran mayoría) estén sometidos al tipo general del IPRF (el que se aplica sobre los salarios) y no por el del ahorro, que paga unas cuantías muy inferiores.

Sumar también quiere que los distintos criptoactivos sean clasificados por la CNMV en función de su nivel de riesgo, como ocurre actualmente con los productos financieros que comercializan las entidades. Este semáforo permitiría a los pequeños inversores conocer los riesgos que asumen en este mercado.