Sindicatos, autónomos y empresas huelen la debilidad del Gobierno y pasan al ataque
Sindicatos, autónomos y empresas son conscientes de que el Ejecutivo no puede abrir más frentes contra colectivos numerosos ante el riesgo de que la legislatura colapse
Los tres principales sindicatos de los funcionarios, UGT, CCOO y CSIF, anunciaron el lunes el inicio de un calendario de movilizaciones contra el Gobierno que podría terminar en una gran huelga hacia el final de año. Tras varios meses reclamando el inicio de un proceso de negociaciones para subir los salarios, finalmente se les agotó la paciencia.
El comunicado conjunto de las tres centrales sindicales sorprendió por su dureza, teniendo en cuenta que es un texto firmado por UGT y CCOO. El texto denuncia "el bloqueo de la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública que impide un nuevo acuerdo salarial" y pone sobre la mesa la posibilidad de "una jornada de huelga".
Esta posición contrasta con el acuerdo salarial que firmaron ambas centrales sindicales en 2022, y contra el criterio de CSIF. Ese pacto terminó provocando que los trabajadores públicos perdieran casi 6 puntos de poder adquisitivo. Algo que ahora, reclaman, se tiene que corregir.
Los sindicatos temen que la estrategia del Gobierno de vincular la subida de sueldos a los presupuestos generales del Estado termine provocando una congelación de los salarios. Son conscientes de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y temen que ni siquiera presente el proyecto de PGE.
La incertidumbre sobre el futuro de la legislatura es máxima. Sobre todo, teniendo en cuenta los casos judiciales abiertos que pueden dinamitar el futuro político en cualquier momento. Por eso, fuentes de los sindicatos creen que es el momento de apretar para conseguir lo antes posible un buen acuerdo de subida salarial para los funcionarios. Es la hora de exigir ante la convicción de que el Gobierno no puede enfrentarse ahora a los trabajadores públicos. Hay más de tres millones de votos en juego.
Los sindicatos no son los únicos que han cambiado su estrategia ante la debilidad política del Ejecutivo. El lunes el Ministerio de Seguridad Social presentó a las principales asociaciones de autónomos su propuesta de subida de cotizaciones sociales para los próximos tres años. El incremento de cuotas oscilaría entre el 4 y el 35% en función del tramo de ingresos, pero todos ellos tendrían que soportar un incremento de su aportación. En algunos casos, la aportación llegaría a duplicarse en los próximos tres años.
Al finalizar la reunión, la asociación mayoritaria de autónomos, ATA, calificó la propuesta de "sablazo a los autónomos" y advirtió que de ninguna manera se sentará a negociar un incremento de esa cuantía. Su presidente, Lorenzo Amor, también pasó a la ofensiva contra el Gobierno: "Ya pueden preparar cuando quieran el real decreto-ley y que lo lleven al Congreso para que los partidos políticos se retraten. Con ATA no van a contar".
La derrota del Gobierno en el Congreso en una materia tan popular como el recorte de jornada, invita a pensar a los autónomos que Sánchez no conseguirá, de ninguna manera, apoyos para hacer una gran subida de cotizaciones a tres millones de autónomos. Los diferentes partidos políticos están con la estrategia electoral en la mano y no quieren cometer ningún error no forzado.
Hasta la CEOE reta al Ministerio de Trabajo a llevar sus propuestas ante el Congreso. En una crítica a Yolanda Díaz, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, denunció que está legislando a través de reglamentos para sortear al Parlamento. "Se parece a los tiempos previos a la democracia española", lamentó la semana pasada Garamendi.
Trabajo está en modo enfrentamiento total con la patronal, pero la CEOE no se ha achicado. En la pasada legislatura, la patronal se avenía a negociar las propuestas laborales del Ejecutivo para evitar males mayores, pero ahora prefieren mantener su oposición y que sea el Congreso quien tenga la última palabra. Y, por el momento, no está siendo muy proclive a las propuestas del Ejecutivo.
De esta forma, el Gobierno tiene dificultades crecientes para mantener el diálogo social. Y eso no significa que la negociación colectiva en el sector privado también esté rota: de hecho, los convenios recogen subidas salariales muy por encima de la inflación. Pero tanto patronales como sindicatos creen que ha llegado el momento de presionar al Ejecutivo, conscientes de la debilidad que tiene.
Los tres principales sindicatos de los funcionarios, UGT, CCOO y CSIF, anunciaron el lunes el inicio de un calendario de movilizaciones contra el Gobierno que podría terminar en una gran huelga hacia el final de año. Tras varios meses reclamando el inicio de un proceso de negociaciones para subir los salarios, finalmente se les agotó la paciencia.