Las empresas públicas desconfían del Gobierno y se preparan para otra prórroga presupuestaria
Ni siquiera los cargos nombrados por el Ejecutivo creen que vaya a conseguir aprobar los PGE y están planificando el año 2026 sobre la base de la prórroga presupuestaria
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE/Chema Moya)
El Gobierno sigue insistiendo esta semana en que presentará pronto el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2026. Todavía no hay fecha prevista, ni siquiera para la fijación del techo de gasto, pero el Ministerio de Hacienda reiteró que todo está en proceso. Sin embargo, algunos de los cargos más cercanos al Ejecutivo, los designados para presidir empresas públicas y organismos independientes, han perdido ya toda esperanza.
Nadie quiere pronunciarse públicamente para evitar represalias por parte de Hacienda o del resto de ministerios competentes. Pero la sensación generalizada es que no dan los números para que haya unos nuevos presupuestos. Ni siquiera aunque el Gobierno presente el proyecto de PGE, tienen confianza en que acaben aprobados. La aritmética parlamentaria, con Junts y Podemos en modo oposición, complica el objetivo.
Estas empresas y entidades públicas obtienen una parte de sus recursos de los presupuestos del Estado, por lo que están muy pendientes de cada movimiento del Ejecutivo. Y ya han hecho su planificación para el próximo año sobre la base de una nueva prórroga presupuestaria, la tercera consecutiva.
De hecho, algunas empresas explican a El Confidencial que la financiación que solicitaron al Ministerio de Hacienda para el próximo año ya era continuista. Esto es, ya prefieren hacer una planificación para el próximo año con recursos públicos constantes para así evitar iniciar proyectos que luego puedan quedarse colgando. Lo que señalan es que es preferible ampliar los proyectos si finalmente hay unos presupuestos que elevan sus recursos antes que acometer recortes.
La ausencia de presupuestos condiciona el margen de acción y de inversión de estas entidades públicas. Sin embargo, también es una ayuda a la reducción del déficit público, ya que unos nuevos presupuestos previsiblemente elevarían la financiación.
Empresas públicas como SEPI, Enaire, Renfe o Correos ya enviaron sus presupuestos para 2026 al Gobierno. Según explican desde estas empresas, la mayoría lo emitían días después de conocer el 28 de julio el compromiso de Moncloa de presentar unos nuevos presupuestos generales del Estado antes de que termine el año. En un primer momento cundió el optimismo, pero ahora la sensación es que se repetirá el patrón de los últimos años: la falta de apoyos impedirá la tramitación de las cuentas.
Sin embargo, hay algunas entidades que confían en mejorar su financiación. Y siempre es posible lograrlo por la vía de modificaciones presupuestarias. RTVE es el mejor ejemplo, ya que ha solicitado públicamente a la SEPI una inyección adicional de inversión de 40 millones de euros.
Planes continuistas
En líneas generales, la prórroga paraliza la posibilidad de recibir nuevos fondos o de realizar cambios en las asignaciones ministeriales y el aumento de algunos gastos de explotación, como pueden ser los sueldos de los trabajadores de estas empresas públicas.
Un aspecto que destacan es que esta nueva prórroga genera dos posturas entre las entidades. Por un lado, a aquellas empresas con buen nivel de ejecución de los fondos europeos PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) les resulta más sencillo ejecutar estos fondos siguiendo los mecanismos y objetivos de gasto que se marcaban en los PGE de 2023. Las empresas con retrasos en la ejecución necesitan nuevos presupuestos para reorientarse y volcarse en la ejecución de los fondos europeos.
Desde estas empresas ven que la prórroga del presupuesto de 2023 es "muy probable". Un hecho que, aunque puede dar una señal de previsibilidad, consideran que es un escenario que impide cambios o giros estratégicos en las compañías públicas, en unos entornos cada vez más competitivos donde se necesitan cambios en las partidas para mantener la rentabilidad y los niveles de calidad en los servicios públicos.
Hay otra cuestión adicional que trasladan los responsables de estas empresas nombrados por el Gobierno: la fragmentación política aboca a un futuro de incertidumbre permanente sobre la financiación pública. Argumentan que no solo el Estado tiene problemas para sacar sus cuentas, también las comunidades autónomas atraviesan dificultades, incluidas las gobernadas por el PP. Sin ir más lejos, los presidentes de Aragón y Extremadura están valorando adelantar las elecciones por la negativa de Vox a facilitar la tramitación de sus presupuestos.
Los responsables de las empresas públicas creen que estamos ante un cambio estructural. La fragmentación política complica elaborar proyectos estratégicos de largo plazo. Al contrario, temen que cada año sea una odisea aprobar las cuentas del Estado. En este escenario, auguran planes continuistas y muy prudentes en los que el objetivo sea tener financiación asegurada para todos los proyectos.
Sin plan presupuestario
Los países europeos tienen que remitir a la Comisión Europea el documento del plan presupuestario (DBP, por sus siglas en inglés) antes de acabar el día 15 de octubre de cada año. El año pasado fue el primero que España se saltó este hito del ciclo presupuestario y este año tampoco lo hará, según informa el Ministerio de Hacienda. En años anteriores, los gobiernos mandaban el plan presupuestario a políticas constantes, pero el Ejecutivo decidió no enviar este documento el año pasado.
Este año, la Comisión Europea ha comunicado a los estados miembro que permite que no remitan este documento si no hay unos nuevos presupuestos. Es lo que hará España, explica Hacienda, que esperará hasta la presentación del poyecto de presupuestos para enviar este documento actualizado. De esta forma, el Gobierno evita tener que revelar algunas cifras que podrían ser incómodas en caso de que no haya nuevos presupuestos. Por ejemplo, cuánto aumentará la presión fiscal, el nuevo gasto en pensiones, la congelación del salario de los funcionarios, o el reparto de los objetivos de estabilidad con las comunidades autónomas y ayuntamientos que todavía no ha conseguido aprobar en el Congreso.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha criticado en el pasado que el Gobierno cada vez hace menos publicaciones sobre sus planes fiscales. Ha llegado a denunciar falta de transparencia. Es cierto que la imposibilidad de presentar unos presupuestos (no lo ha hecho en toda la legislatura), dificulta que los pueda llevar a cabo. Pero no lo imposibilita, ya que está aprobando cambios en la prórroga presupuestaria con modificaciones de créditos que se realizan de forma opaca y de espaldas al Congreso.
Este año tampoco podrá contar con el plan presupuestario. Al menos, hasta que el Gobierno no presente unos presupuestos. El Ejecutivo sigue reiterando que es su intención presentarlos, pero que primero quiere tener los apoyos parlamentarios asegurados. Y, lejos de converger, las posiciones del bloque de investidura están, cada semana que pasa, más alejadas.
El Gobierno sigue insistiendo esta semana en que presentará pronto el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2026. Todavía no hay fecha prevista, ni siquiera para la fijación del techo de gasto, pero el Ministerio de Hacienda reiteró que todo está en proceso. Sin embargo, algunos de los cargos más cercanos al Ejecutivo, los designados para presidir empresas públicas y organismos independientes, han perdido ya toda esperanza.