La Justicia europea estrecha el cerco para que el Gobierno indemnice a los interinos

Hace ya un año y medio el Gobierno recibió un duro varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de temporalidad de los interinos y la solución que diseñó con el plan de estabilización del empleo público. En esa sentencia ya se señalaba que la indemnización para los trabajadores temporales que llevaban años encadenando contratos no reparaba el perjuicio causado. Sin embargo, el Ministerio de Función Pública optó por mirar hacia otro lado.

Pero el cerco se está estrechando. El abogado general de la Unión Europea se pronunció el jueves sobre otra cuestión presentada por el Tribunal Supremo sobre las vías para reparar el daño causado por las administraciones. La opinión del abogado general no supone un fallo, pero sí suele ser tenida en cuenta por el TJUE en su sentencia definitiva. Y, tal y como viene ocurriendo en los últimos años, vuelve a pronunciarse a favor de los interinos. Cada vez le quedan menos escapatorias al Gobierno y, si no actúa, serán los tribunales quienes terminen determinando la cuantía de la indemnización.

El abogado general señala que la indemnización de 20 días por año trabajado con una limitación de dos anualidades completas es totalmente insuficiente (y señala que 30 días tampoco lo serían). Por un lado, no sirve como reparación para un trabajador que ha encadenado contratos temporales de forma contraria a la normativa europea. Y, por otro, no es sanción suficiente contra la administración pública que abusó de la temporalidad.

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La opinión del abogado general es contundente: "En el ordenamiento jurídico español no parecen existir medidas efectivas que permitan sancionar debidamente el abuso". Una interpretación que no dista mucho de la sentencia del TJUE de hace un año y medio y que también indica por dónde podría ir el fallo definitivo. En ella señalaba que la indemnización fijada por el Gobierno "no permite ni la reparación proporcionada y efectiva en las situaciones de abuso que superen una determinada duración en años, ni la reparación adecuada e íntegra de los daños derivados de tales abusos".

La situación se ha vuelto más insostenible para el Gobierno tras la publicación de la opinión del abogado general. El sindicato CSIF, mayoritario en la función pública, es el primero que ha pasado a la ofensiva. "Exigimos una reunión urgente con Óscar López [ministro de Función Pública] para dar una solución efectiva a miles de personas en precariedad, en línea con las conclusiones del abogado general", ha reclamado tras conocerse el contenido del documento. Es más, amenaza con "movilizaciones en toda España si no cambia de actitud".

El plan es insuficiente

El abogado general de la UE reitera una interpretación que ya hizo previamente el TJUE: el plan del Gobierno para la estabilización del empleo público no es suficiente. En esta ocasión, señala que es "una medida complementaria", pero solo parcial. El motivo es que ni repara el perjuicio sufrido por los interinos ni sanciona de una forma suficiente a las administraciones.

Este plan de estabilización incluye la convocatoria de oposiciones para las plazas estructurales ocupadas por interinos y la concesión de una alta puntuación a la experiencia previa para ayudar a que estos trabajadores puedan superar la prueba. Sin embargo, el abogado general remarca que nada garantiza a estos trabajadores que vayan a conseguir el empleo, por lo que la solución no es reparadora.

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Una de las opciones que plantea, y que ya puso sobre la mesa anteriormente el TJUE, es la concesión de la fijeza a todos estos interinos. Esto es, que se conviertan en indefinidos fijos, como los funcionarios. Pero el Tribunal Supremo siempre se ha negado a esta posibilidad, que constitucionalmente queda limitada a quienes hayan superado una oposición.

La segunda opción que plantea el abogado general es convertir estos contratos en indefinidos no fijos (una figura que la UE sigue considerando temporal) y, a cambio, fijar un sistema de indemnizaciones que repare el daño causado y que disuada a las administraciones de repetir este abuso.

Esta segunda es la opción preferida por los sindicatos, que tradicionalmente han rechazado conceder la fijeza. La relación de las centrales sindicales con los interinos no ha sido nada fácil durante todos estos años, ya que han optado por defender la convocatoria de nuevas plazas en lugar de apoyar la reclamación de los interinos de quedarse en sus puestos. De hecho, el plan de estabilización del empleo fue pactado con los sindicatos en el año 2018 en contra del criterio de los interinos afectados.

CCOO y UGT han optado por ponerse de perfil ante la opinión del abogado general, lo que evidencia su incomodidad en este asunto. CSIF es quien está capitalizando la protesta contra el Ejecutivo reclamando mayores indemnizaciones.

CCOO y UGT han optado por ponerse de perfil ante la opinión del abogado general, lo que evidencia su incomodidad en este asunto

Hasta ahora, el Gobierno ha optado por dejar este asunto en manos de los tribunales. Pero también esta puerta se está cerrando. El abogado general señala que la indemnización por vía judicial tampoco cumple la normativa comunitaria. El motivo es que recae sobre el trabajador la carga de la prueba de demostrar el coste de oportunidad que ha sufrido en un empleo temporal.

De ahí que se incline por establecer "un sistema que permita la reparación íntegra del perjuicio sufrido por el trabajador por el uso abusivo de sucesivos contratos de duración determinada". Este sistema tiene que ser "previsible y aplicable" y debe tener en cuenta "la gravedad de la violación, incluida su duración" y que sea "un mecanismo para sancionar a la administración pública responsable".

Aunque el abogado general no determina quién debe establecer este sistema, está apuntando a que tendría que ser el Gobierno quien lo haga, para que no exista un recurso generalizado ante los tribunales. Un factor más que estrecha el cerco sobre el ministerio para que tome cartas en el asunto.