Las empresas ya reducen los complementos salariales para los empleados de baja
Las patronales están intentando no incluir los complementos por Incapacidad Temporal en los convenios donde no existían previamente y limitarlos a cambio de otras mejoras para reducir el absentismo
La proporción de trabajadores de baja médica por una enfermedad común ha crecido en los últimos años en paralelo al descenso de la tasa de paro y al dinamismo de la creación de empleo. Los últimos datos calculados por el Banco de España apuntan a que un 4,4% de los ocupados no trabajaron en 2024 por encontrarse en una Incapacidad Temporal (IT), frente al 2,7% de 2019. Este fenómeno supone un sobrecoste tanto para la Seguridad Social como para las empresas y empieza a tener repercusiones en los centros de trabajo.
El Ministerio de Seguridad Social lleva casi un año negociando con los agentes sociales una reforma que frene el crecimiento del gasto, pero mientras las conversaciones avanzan lentamente, las empresas ya han empezado a tomar sus propias medidas a través de la negociación colectiva. Los empleadores están obligados a pagar al trabajador el 60% de su salario (realmente, de la base reguladora) entre los cuatro y los 15 primeros días de baja, pero una gran parte de los convenios firmados en los últimos años complementan la prestación hasta el 100%. Esto es lo que está empezando a cambiar.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, cada vez se firman menos convenios que incorporen cláusulas para complementar el salario en los primeros días de una IT. La caída es muy incipiente, ya que se ha pasado de un máximo del 80,5% de los convenios firmados en 2022 con complemento a un 76,7% en 2024, pero se confirma la tendencia a la baja. El porcentaje es menor en los convenios sectoriales (el 74,1%), que son los que afectan a un mayor número de trabajadores, y mayor en los de empresa (77,5%), que, en general, suelen establecer mejores condiciones.
En números absolutos, se ha pasado de 1.275 convenios firmados en 2022 con complemento a solo 1.067 en 2024. En este descenso influye que el año pasado se firmó el menor número de convenios de la serie histórica disponible sin contar el año de la pandemia. Las organizaciones empresariales aluden a que la negociación colectiva se ha ralentizado por la incertidumbre de una posible reducción de la jornada laboral por ley y porque las subidas anuales del SMI superan reiteradamente algunas tablas salariales de los convenios de los sectores más precarios, lo que incentiva a los empresarios a firmar menos convenios.
Todo apunta a que la caída de la ratio se explica más por una omisión del complemento en los nuevos convenios y en los renovados que no disponían de ella previamente, ya que es complicado retirar por completo la cláusula en los ámbitos donde ya se había incluido. CEOE considera que los complementos al 100% ya no son adecuados porque “están contribuyendo a que las cifras -de IT- no se puedan aminorar”. Por ello, las organizaciones empresariales también están intentando limitarlos a cambio de otras mejoras. Una tendencia negociadora más difícil de reflejar en datos agregados, pero de la que hay varios ejemplos recientes.
Un caso claro es lo sucedido en el convenio de la hostelería de Santa Cruz de Tenerife, firmado en julio. La patronal propuso en un principio rebajar del 40% al 25% el complemento del salario en la IT a cambio de un complemento para el transporte de los empleados que sí vayan a trabajar, pero fue rechazado. Finalmente, los sindicatos accedieron a una reducción del alcance del complemento a cambio de subidas salariales elevadas, por encima del IPC. El recorte consiste en que el complemento se aplica solo a las personas que lleven como mínimo 12 meses de antigüedad en la empresa en vez de los seis meses anteriores.
Los trabajadores necesitan ganar poder adquisitivo y las empresas frenar el absentismo, por lo que más allá del recorte del complemento, se están poniendo encima de la mesa otras medidas. De hecho, hay un ligero incremento de la inclusión de cláusulas contra el absentismo en los convenios (se fijan en, aproximadamente, el 30% de los firmados cada año).
Las fórmulas son variadas, desde un complemento por asistencia en el convenio de la pizarra en Castilla y León a fijar límites temporales para cobrar el complemento de IT o ligarlo al nivel de absentismo. Este es el caso, por ejemplo, del VII convenio colectivo de industrias de ferralla, en el que la empresa se compromete a pagar el 100% de la base reguladora a partir del día número 16 de baja “siempre que el índice de absentismo sea igual o inferior al 2%, tomando el índice del propio mes”.
Marcará la negociación colectiva
La IT va a ser una batalla clave en los próximos meses en la negociación colectiva porque la previsión de CEOE es que la incidencia y el coste siga aumentando en 2025. La patronal de las mutuas (AMAT) estima que las incapacidades temporales por contingencias comunes costarán 32.000 millones de euros este año. El dato incluye el desembolso de las empresas en complementos y cotizaciones y el de la Seguridad Social en las prestaciones. En 2024, el coste para las arcas del Estado fue de 15.000 millones de euros, según la ejecución presupuestaria, y de 4.613 millones para las empresas, según la estimación del Banco de España.
La magnitud de estas cifras hace que se vayan a producir reformas legislativas en los próximos meses, más allá de los cuatro convenios de colaboración firmados entre las mutuas, los servicios de salud de las CCAA y el INNS para agilizar los procesos traumatológicos. Fuentes del diálogo social señalan que estos acuerdos están siendo insuficientes para abordar el problema de la IT y critican el retraso en las firmas, ya que los primeros se han materializado este año a pesar de incluirse como compromiso en el AENC de 2023.
La proporción de trabajadores de baja médica por una enfermedad común ha crecido en los últimos años en paralelo al descenso de la tasa de paro y al dinamismo de la creación de empleo. Los últimos datos calculados por el Banco de España apuntan a que un 4,4% de los ocupados no trabajaron en 2024 por encontrarse en una Incapacidad Temporal (IT), frente al 2,7% de 2019. Este fenómeno supone un sobrecoste tanto para la Seguridad Social como para las empresas y empieza a tener repercusiones en los centros de trabajo.