La Ley General Tributaria confirma: así funcionan los intereses de demora en las deudas con Hacienda

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Para muchos contribuyentes, las deudas con Hacienda no surgen de grandes fraudes, sino de errores en la declaración de la renta, retrasos en pagos o simples olvidos. Estas situaciones, aunque comunes, pueden generar recargos y la aplicación de los llamados intereses de demora, un concepto regulado en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece cómo y cuándo se aplican.

Durante el llamado periodo voluntario, cada ciudadano tiene un plazo para abonar el importe correspondiente de sus impuestos. Si este plazo se supera y no se realiza el ingreso, la Administración puede iniciar el periodo ejecutivo, lo que implica la aplicación de recargos y el cómputo de intereses adicionales hasta que se regularice la deuda.

Qué son los intereses de demora

El artículo 26 de la Ley General Tributaria establece que "el interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria". Es decir, no se trata de una sanción, sino de una compensación económica que Hacienda cobra automáticamente cuando el contribuyente se retrasa.

Este interés no requiere notificación previa por parte de la Administración y comienza a devengarse de forma automática una vez vencidos los plazos. Se calcula sobre el importe no ingresado en plazo o sobre la devolución cobrada indebidamente, y se mantiene mientras dure el retraso.

Cuándo se aplican

La ley contempla varios supuestos: cuando finaliza el plazo voluntario para pagar una deuda o sanción sin que se haya abonado; si se presenta una declaración fuera de plazo; en caso de suspenderse la ejecución de un acto administrativo; al iniciarse el periodo ejecutivo; si se recibe indebidamente una devolución; o cuando se tramita el cobro de deudas procedentes de otros Estados o entidades internacionales.

No obstante, hay excepciones. No se exigirán intereses si es la propia Administración la que incumple los plazos que la ley le impone para resolver determinados procedimientos, como solicitudes de compensación o recursos administrativos, siempre que estos estén suspendidos.

Cálculo del interés en 2025

El interés de demora se fija como el interés legal del dinero incrementado en un 25%. En 2025, el interés legal está establecido en el 3,25 %, por lo que el interés de demora alcanza el 4,06 % anual. En casos en los que la deuda esté garantizada con un aval bancario o un seguro de caución, se aplicará únicamente el interés legal sin el recargo adicional.

Esto significa que, para una deuda de 1.000 euros, el retraso en el pago supondría: 3,39 euros de intereses por un mes, 10,16 euros por tres meses, 20,31 euros por seis meses, 40,62 euros por un año y 81,25 euros si se paga con dos años de demora. Aunque las cifras puedan parecer reducidas en importes bajos, en deudas elevadas los intereses pueden convertirse en una carga importante.