Díaz activará este año la ley para que los trabajadores entren en los consejos

El fracaso en el Congreso del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas ha agotado el marco estrella de la parte minoritaria del Gobierno en esta legislatura. Fue la medida principal de Sumar en la campaña electoral para las elecciones generales de 2023 y sobre la que pivotó el pacto de coalición con el PSOE. Por mucho que el Ministerio de Trabajo prometa resucitar la iniciativa sin cambios, ni los sindicatos ni la propia vicepresidenta segunda señalan aún cuándo será el momento político más adecuado para volver a dar la batalla.

La mayor parte de las iniciativas del ministerio están bloqueadas y tienen menos peso político, a excepción del salario mínimo, que se volverá a actualizar por real decreto, y del Estatuto del Becario, que podría terminar saliendo del Gobierno. Por ello, Yolanda Díaz activará en unos meses una medida con la que pretende marcar la segunda parte de la legislatura. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, el grupo de expertos de democracia en el trabajo "está a punto de culminar las tareas este trimestre", de manera que Díaz presentará el informe con los resultados y dará el pistoletazo de salida al debate antes de que acabe el año. "Sobre ese informe caminaremos", señalan las mismas fuentes.

La Ley de Democracia en la Empresa, incluida tanto en el pacto de coalición como en el Plan Anual Normativo de los dos últimos años, pretende desarrollar el artículo 129 de la Constitución regulando la participación de los trabajadores en los ámbitos de decisión de sus empresas. En concreto, el grupo de expertos estudia cómo se podrían aplicar en España los modelos existentes en otros países europeos. El objetivo es que los trabajadores estén representados con algún miembro en los consejos de administración de las empresas.

Se trata de una medida que genera menos consensos entre los grupos políticos que la reducción de la jornada. Si bien el Congreso aprobó la proposición no de ley de Sumar para la jornada de 37,5 horas, la planteada en abril de 2024 para la "democratización de las empresas" fue rechazada en la Comisión de Trabajo y Economía Social. El texto declaraba la intención de "extender y reforzar los procedimientos de información y consulta" a los trabajadores sobre las decisiones que puedan tener efecto en las condiciones de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR

Junts tumba con PP y Vox otra ley de Sumar tras el varapalo a la reducción de jornada

Ana B. Ramos

Es imposible que la medida prospere dada la composición parlamentaria, pero servirá a Díaz para marcar perfil propio dentro y fuera del Ejecutivo. El argumento para las medidas que no logran aprobación en el Parlamento es que el Ejecutivo "cumple" con su trabajo presentando las iniciativas y si no prosperan es responsabilidad de los grupos que las impiden. Es la lógica para la presentación de los presupuestos de 2026.

Daría un papel clave a UGT y a CCOO

En múltiples ocasiones, Díaz ha defendido que “las empresas son espacios inmunes a la democracia” o que son “autoritarias”, por lo que incluir a un representante de los trabajadores permitiría una mayor participación de los mismos en las decisiones corporativas, como las relativas a las deslocalizaciones y a la fijación de retribuciones. Además, la ley pretende impulsar el papel de los sindicatos mayoritarios.

Fuentes conocedoras de los debates del grupo de expertos, liderado por la socióloga belga Isabelle Ferreras, señalan que, al igual que sucede en países como Alemania (que tiene un modelo de cogestión), la participación de los trabajadores en los consejos lleva en muchos casos aparejadas subvenciones públicas para dar formación a través de los sindicatos de referencia.

Esto les asegura un papel más extendido en los centros de trabajo en un país como España, con baja afiliación y con muchas empresas de más de 50 trabajadores sin comité de empresa. No obstante, el alcance de la hipotética ley sería limitado, ya que la mayor parte de las empresas familiares y de los pequeños negocios, el grueso del tejido productivo en España, no tienen consejo de administración.

¿Qué efectos podría tener?

Se han publicado multitud de estudios sobre el impacto que ha tenido la inclusión de los representantes de los trabajadores en algún órgano de toma de decisiones de las empresas, ya que existen fórmulas de distinto tipo desde hace años en países como Alemania; Austria; Suecia; Dinamarca; Noruega; Países Bajos; Francia; Bélgica y Finlandia.

Por ejemplo, este análisis del modelo noruego publicado en NBER no encuentra un impacto significativo sobre las condiciones laborales derivado de la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas de más de 30 empleados. “Ofrece a los trabajadores una influencia limitada sobre la estrategia de la empresa o las políticas de remuneración”, apunta.

TE PUEDE INTERESAR

Los salarios no suben como el coste de la vida: dos estudios explican por qué

Carlos Sánchez

También señala que los trabajadores que están en empresas con esta participación en los consejos tienen mejores salarios y más estabilidad porque suelen ser empresas más grandes y más sindicalizadas que la media. Algo parecido encuentra este estudio sobre el modelo alemán.

Otros, como este análisis del caso francés, apuntan a que las empresas familiares experimentaron una disminución significativa de su rentabilidad sobre los activos y recurrieron a estrategias de evasión para contrarrestar la influencia de los representantes de los trabajadores en los consejos. La evidencia es amplia y con diferentes puntos de vista y resultados según la legislación específica y el modelo productivo de cada país.