El Tribunal de Cuentas sospecha de los ERTE-covid concedidos a 279.000 empresas

Cuando estalló la pandemia del coronavirus, el Gobierno puso en marcha un esquema de protección del empleo excepcional, el ERTE-covid, que sirvió para salvar millones de empleos. Tres años después del final de este programa, el Tribunal de Cuentas ha culminado su análisis encontrando importantes defectos en su despliegue con un gran impacto económico.

En esos días críticos, las autoridades laborales recibían miles de expedientes para tramitar, lo que obligó a actuar con celeridad. Ante la imposibilidad para dar respuesta a este volumen, el Gobierno habilitó una declaración de responsabilidad que tenían que firmar las empresas solicitantes según el cual se hacían responsables de cumplir con los criterios fijados.

Tras su fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha detectado que la Seguridad Social concedió exoneraciones de cuotas a 279.000 empresas con "diferentes tipologías de indicios de incumplimiento", esto es, la mitad de las que se acogieron en esos meses. Esto incluye trámites que no cuentan con toda la documentación necesaria o casos en los que las empresas no acreditaron correctamente la causa de fuerza mayor.

En total, se le perdonaron las cuotas a un total de 1,77 millones de trabajadores que tienen algún tipo de sospecha de no cumplir los requisitos. El Tribunal destaca que la Seguridad Social ya ha informado de estas sospechas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que efectúe las evaluaciones correspondientes.

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El problema es que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tampoco tiene los medios para abordar esta labor. El Tribunal de Cuentas denuncia que el número de actuaciones realizadas por la Inspección "ha sido reducido" debido a los "insuficientes medios personales de que dispone". En otras palabras, la escasez de inspectores impide analizar y perseguir el fraude en esas prestaciones.

También se realizaron pagos a personas que ni siquiera estaban en situación de inactividad. En concreto, el Tribunal de Cuentas ha detectado que casi 10.900 beneficiarios cobraron esta ayuda sin que su empresa comunicara a la Seguridad Social que estaban paradas por el confinamiento.

El Tribunal de Cuentas reconoce la excepcionalidad del momento que se vivía, pero señala que existieron deficiencias de coordinación entre administraciones que incluso dificultan el control a posteriori. En la autorización de estas ayudas participaban tres organismos diferentes: la autoridad laboral competente (el Ministerio de Trabajo para empresas con presencia en varias comunidades y las autonómicas para el resto), el Servicio de Empleo Público (SEPE) y la Tesorería General de la Seguridad Social.

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Este reparto de competencias (agravado tras la separación de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social) agravó la gestión de la crisis. Según el Tribunal de Cuentas, hubo "duplicidades en la tramitación" de los expedientes e, incluso, que fueran autorizados por “órganos que no eran competentes para ello”.

La situación llega al extremo de que hay, como se ha mencionado, expedientes en los que el SEPE no tiene constancia de la existencia de causas de fuerza mayor. Esto es, empresas consiguieron meter a sus trabajadores en el ERTE sin necesidad de justificar que su actividad se había visto interrumpida por los confinamientos.

El Tribunal de Cuentas también señala que la Dirección General de Trabajo tuvo que actuar como apoyo para la tramitación de estos expedientes "pudiendo exceder el alcance del ordenamiento jurídico". Posteriormente esta dirección general no realizó un control efectivo ni un seguimiento adecuado de los expedientes tramitados que afectan a empresas públicas.

Eficacia de las ayudas

El Tribunal de Cuentas reconoce que los ERTE-covid lograron un "elevado grado de protección". En los peores momentos del confinamiento, su cobertura llegó a alcanzar el 22% de los trabajadores y al 41% de las empresas. No hay duda de que fue un mecanismo eficaz para salvar millones de empleos, como ocurrió en muchos otros países europeos. El Tribunal de Cuentas destaca que el grado de supervivencia de las empresas acogidas a ERTE fue mayor que el de las que no se acogieron: un 72% frente a un 67%.

Sin embargo, también señala que en mayo de 2024 había en España 411.000 empresas inactivas. Además, a fecha de marzo de 2022 el porcentaje de mantenimiento del empleo en los centros de trabajo acogidos a ERTE era del 62%. Esto significa que más de un tercio de los empleos protegidos finalmente terminaron desapareciendo.

Fue un sistema eficaz, pero no infalible. Muchas de las empresas que bajaron su persiana no pudieron volver a levantarla. Sin embargo, lo que no ha podido estudiar el Tribunal de Cuentas es cuántas de esas empresas ya estaban en una situación delicada antes de la pandemia.