El Gobierno ultima la ley para impedir que un millón de becarios trabajen gratis

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, da por ganado el Estatuto del Becario en el seno del Gobierno. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos del lunes dio luz verde al anteproyecto de ley y la postura se ha mantenido en la comisión de secretarios y subsecretarios de Estado (CG6) celebrada este jueves entre los ministerios económicos del PSOE y de Sumar.

La norma, que regula los derechos de las personas en formación práctica no laboral, se aprobará próximamente en Consejo de Ministros, aunque no está asegurado que sea en el último antes del parón de agosto, el del próximo 29 de julio. Según fuentes de Trabajo, el texto es prácticamente el mismo que el publicado en diciembre en consulta pública, que a su vez era casi idéntico al acordado con UGT y CCOO en junio de 2023.

La norma lleva bloqueada en el seno del Ejecutivo desde hace dos años por discrepancias de fondo y de forma, ya que los apoyos parlamentarios para su aprobación también estarán complicados en este caso, aunque el escenario todavía es lejano a esa fase. Si el proceso culmina y el anteproyecto se aprueba en Consejo de Ministros, será la primera victoria interna de Díaz desde el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral, en un contexto en el que reclama un “giro social” de la legislatura para contrarrestar los escándalos de corrupción en torno al PSOE.

El Ministerio de Trabajo, UGT y CCOO firmaron el texto del estatuto el 15 de junio de 2023, antes de las elecciones generales del 23J y de la reedición del gobierno de coalición, pero nada se había movido desde entonces. La regulación no consiguió finalmente el acuerdo de la CEOE, que achacó su paso a un lado al adelanto electoral, mientras que la Conferencia de Rectores sí lo rechazó frontalmente.

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En un duro comunicado, consideraron que el estatuto “constituye una amenaza para el modelo de prácticas” por fijar una compensación obligatoria de los gastos. Sostienen que provocará una “disminución dramática del número de empresas y de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas” y que complicará la gestión de los convenios.

El ministerio asegura que el aspecto de la compensación se mantiene en los términos acordados con los sindicatos y supone la principal novedad del texto. En concreto, obliga a que exista una compensación económica mínima en todo tipo de prácticas, incluso en las no remuneradas. A falta de comprobar cómo queda redactado en la norma final, el anteproyecto establecía que en el acuerdo o convenio de cooperación se debe fijar la “cuantía de la compensación de gastos de carácter mínimo” en los que incurra el becario por realizar las prácticas.

Se mencionan ejemplos como “gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención”, pero no se fijan obligatoriamente. Estos se entienden compensados si el becario recibe una “asignación económica” a modo de remuneración. Por lo tanto, el principal cambio que introduce el estatuto afectaría a los becarios que no reciben ningún tipo de compensación por las prácticas, que son los mayoritarios.

En 2024 hubo 262.946 becarios remunerados y 944.547 no remunerados; 1,2 millones estuvieron de alta en la Seguridad Social al menos un día

Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2024 hubo 262.946 becarios remunerados y 944.547 no remunerados; un total de 1,2 millones que estuvieron de alta en la Seguridad Social al menos un día. Los datos no se conocían porque el año pasado fue el primero en el que se aplicó la obligación de cotización de todas las prácticas, lo que implica tener por primera vez un registro oficial de los becarios y que estos sumen periodos de cotización para la jubilación y para algunas prestaciones, como la derivada por accidente de trabajo.

Según los datos internos del ministerio, la obligación de cotizar ha supuesto una recaudación de 13,6 millones en 2024. Cabe recordar que las empresas y administraciones que ejercen como parte empleadora tienen bonificado al 95% el pago de las cotizaciones, por lo que el coste se reduce notablemente para ellas a apenas 10,5 euros mensuales por becario. Sin embargo, en muchos casos son las universidades las que están asumiendo los pagos. Por pequeña que sea la compensación que se introduce con el estatuto, supondrá un desembolso mayor para las entidades que admitan becarios.

Limita la duración y las funciones de los becarios

El resto de medidas del estatuto suponen cambios menores. Por ejemplo, limita la duración de las prácticas tanto curriculares como extracurriculares y las realizadas en la obtención de títulos propios de las universidades. También dispone que las tareas asignadas en el periodo de formación práctica “deben ajustarse al contenido formativo”, sin suponer la cobertura de las funciones que tienen trabajadores fijos durante su ausencia, un aspecto difícil de ejecutar y de comprobar su cumplimiento.

Además, prohíbe que las actividades formativas se realicen en horario nocturno, pagar por acceder a prácticas y establece que las empresas deberán respetar los descansos, incluidos festivos y vacaciones, que fijen las normas legales y convenios colectivos aplicables a las personas trabajadoras que presten servicios en la empresa.

En definitiva, el estatuto deroga la anterior regulación de las prácticas no laborales, de 2011, y fija un régimen transitorio. Según el anteproyecto, los convenios y acuerdos de cooperación suscritos antes de la entrada en vigor de la norma se seguirán rigiendo por el marco anterior hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque es posible que este plazo tenga que ampliarse dada la demora en la aprobación de la reforma.