El Gobierno se retracta y mantendrá el límite a la contratación de funcionarios

La complejidad política de la legislatura impide que el Gobierno cumpla con uno de los compromisos que hizo hace tan solo un año: eliminar la tasa de reposición del empleo público. Se trata de un sistema implantado tras la crisis de 2008 para contener el gasto a través de la reducción o congelación de las plantillas de las administraciones públicas y el anterior ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, prometió suprimirlo en 2025 con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Sin embargo, el Ejecutivo no ha podido sacar adelante nuevas cuentas públicas, por lo que se han prorrogado las de 2023, que contienen límites para reponer las plazas vacantes, generadas especialmente por jubilaciones. Todos los sindicatos del sector público reclaman la eliminación de esta restricción, pero el ministerio considera ahora que el debate está superado. Así lo ha aclarado el ministro Óscar López este lunes durante una rueda de prensa en la que ha presentado una estrategia de “Transformación de la Administración del Estado”.

Preguntado por cuándo se eliminará la tasa de reposición, López ha defendido que “el plan presentado hoy es una superación del modelo de la tasa de reposición porque era un mero cálculo cuantitativo”, a lo que ha añadido que la situación de la plantilla de las administraciones públicas “no es un problema de tasa de reposición”. “Si somos exitosos en la aplicación de este plan, estamos superando ese viejo modelo porque analiza las necesidades de las administraciones”, ha argumentado, aunque no ha señalado literalmente que la tasa de reposición se mantendrá. El ministerio sostiene que con la modernización planteada por la estrategia se supera el modelo “meramente cuantitativo” y supone una mejora “cualitativa”.

La secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, ha explicado que en las últimas leyes de presupuestos “hemos superado con creces la tasa de reposición, por lo que ha dejado de ser un problema la dimensión cuantitativa”. Es cierto que en los PGE de 2023 las tasas de reposición de efectivos van desde el 100% al 125% para sectores prioritarios como sanidad y educación, lo que está permitiendo crear empleo público neto en los últimos años (las altas superan a las bajas).

Sin embargo, si el sistema de porcentajes se mantiene para todos los niveles de la administración, puede dar lugar a una nueva congelación de las plantillas, que ya afrontan el reto de reemplazar las jubilaciones de la numerosa generación del baby boom y de crecer a pesar de los ajustes de gasto neto requeridos para cumplir con las reglas fiscales. De hecho, la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado (AGE) aprobada la semana pasada en Consejo de Ministros ya es un 9% inferior a la del año anterior, por lo que ningún sindicato dio su apoyo.

Un efecto derivado de la tasa de reposición es el fomento de la contratación de funcionarios interinos para cubrir necesidades realmente estructurales de las administraciones, especialmente de las comunidades autónomas. La contratación abusiva de interinos está derivando en conflictividad en los juzgados y en consecuencias también a nivel político, como es la retirada de una parte de los fondos Next Generation por parte de la Comisión Europea.

Nuevos exámenes para los funcionarios A1 y A2

Por otra parte, la estrategia anunciada este lunes incluye, entre las principales novedades, un nuevo modelo de selección que incidirá en el ámbito cualitativo. Han trascendido pocos detalles, pero solo estaría enfocado a los subgrupos de funcionarios A1 y A2 de la AGE. La intención de Función Pública es, cuando esté más desarrollado, presentar la propuesta al resto de administraciones con el objetivo de que las oposiciones no consistan solo en “contratar sin más a los mismos perfiles” porque existe una falta de profesionales con nuevas competencias. Mapelli ha mencionado específicamente a los científicos de datos, de inteligencia artificial y a los analistas de datos.

A falta de mayor concreción, fuentes del ministerio señalan que el nuevo modelo se podría implantar a través de una norma reglamentaria y consistiría en un sistema combinado de pruebas y formación que sustituiría al actual sistema de oposiciones para esos funcionarios más cualificados de la AGE. Existiría una prueba de acceso inicial para acceder a un instituto o escuela de las administraciones públicas españolas y europeas en los que se impartirá un posgrado de forma gratuita.

Al finalizar esta formación, con una duración de dos años, los alumnos obtendrían el título del curso y se presentarán a un examen de oposición para obtener la plaza de funcionario, pero las plazas serán inferiores al número de alumnos, por lo que la administración solo se quedaría con los mejores perfiles.

Otro aspecto de la estrategia es la eliminación de la cita previa obligatoria, un cambio que requiere de una norma con rango de ley, por lo que el Gobierno no avanza cuáles pueden ser los plazos para que se materialice. También se pretende crear una "plataforma soberana de inteligencia artificial" para simplificar los trámites de empresas y particulares con borradores precumplimentados por la administración (como ya sucede en la declaración de la renta y en las ayudas de la PAC).

En total, la estrategia tiene un presupuesto de 43 millones de euros procedentes de aplicaciones presupuestarias del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.