Carlos Martín (Sumar): "Hay que freír a impuestos a los propietarios de viviendas vacías"

La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos de España, si no es ya el primero. Carlos Martín Urriza, coordinador, portavoz económico y diputado de Sumar, cree que ha llegado el momento de adoptar medidas contundentes para frenar la especulación. Sus recetas se concentran, básicamente, en dos iniciativas: movilizar toda la vivienda ya construida para residir y crear una gran empresa pública promotora.

Pero Sumar entiende que hay un reto más urgente: la corrupción. Martín lamenta que el PSOE no sea consciente del daño electoral que les está generando el caso Cerdán a los partidos que apoyaron la investidura del presidente Pedro Sánchez y dibuja una línea roja: "No vamos a tolerar que el PSOE no tome medidas contundentes contra la corrupción".

Pregunta. ¿Estamos en una burbuja de precios?

Respuesta. Sí. Es verdad que esta burbuja tiene características distintas a la anterior, pero claramente estamos en burbuja porque el precio de mercado está por encima de su valor intrínseco. Su valor fundamental no se explica por el juego de oferta y demanda de vivienda para vivir. Hay una demanda de vivienda para especular o para sacar una rentabilidad. El mercado está desordenado por falta de intervención pública y hace falta pinchar la burbuja prohibiendo la demanda especulativa. Es relativamente fácil hacerlo. Primero, prohibir la compra de vivienda a ninguna empresa en una zona tensionada y a ningún particular que no vaya a vivir al menos cinco años. Y, segundo, movilizar la vivienda vacía.

P. ¿Cómo se podría movilizar esta vivienda que ahora está parada?

R. Nosotros planteamos hacer una política de la zanahoria y el palo. En los incentivos, proponemos que el Estado sea el casero para quienes tienen viviendas sin utilizar, garantizando el pago mensual de una renta. Tienen que ser agencias proactivas, que llamen a la puerta de los propietarios con viviendas vacías y que les propongan movilizarlas a un precio razonable, relacionado con los salarios que se cobran en su zona, y encargarse de todo. Ese propietario sabría que todos los meses recibiría su alquiler y que, si quiere recuperar la vivienda por algún motivo familiar, lo puede hacer porque habrá un parque de vivienda suficiente para llevar al inquilino a otro sitio.

Si esto no es suficiente, estamos de acuerdo en aplicar también el palo, o sea, en freír a impuestos a aquellos propietarios que no quieran movilizar su vivienda a través de estos programas de agencias públicas de alquiler seguro, garantizado y asequible.

P. El Banco de España dice que no hay burbuja porque no hay endeudamiento de los hogares. ¿Qué le parece ese argumento?

R. Es verdad que no todas las burbujas son iguales. La diferencia con la anterior es que los damnificados ya están aquí antes de que explote. Y son todas aquellas personas que quieren independizarse y no pueden o las que destinan casi todos sus ingresos a pagar esa vivienda. Estamos llegando a una situación absurda: las personas que hacen funcionar las ciudades, ya no pueden vivir en esas ciudades.

Esta burbuja no está financiada con crédito, sino con capital especulativo. Y también con dinero negro. Vemos que hay una entrada ingente de billetes físicos a España, por una cuantía de 30.000 millones de euros entre 2023 y 2025. El Banco de España dice que los traen los turistas, pero nosotros ponemos peros a este análisis porque más de la mitad son billetes de 100, de 200 y de 500 euros. Los turistas no traen ese tipo de billetes.

P. La Ley del suelo es una de las reivindicaciones de las empresas promotoras de vivienda. Sumar fue uno de los partidos que se opuso en su tramitación y finalmente no fue aprobada.

R. Este país ha construido millones de VPO que ya no forman parte de un gran parque público de vivienda que pueda ayudar a regular los precios. Y son las inmobiliarias las que han operado para evitarlo. Las inmobiliarias son el enemigo para que se pueda construir otro pilar del estado del bienestar con la vivienda. Han generado una serie de puertas giratorias y ya hemos visto dónde han acabado muchos de los responsables que antes estaban en puestos de alta responsabilidad de lo público.

"Las inmobiliarias son el enemigo para construir otro pilar del estado del bienestar"

Lo que vemos nosotros es que hay suficiente suelo público, no solo en la Administración central, sino también en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y también hay suficientes recursos públicos como para que el Estado ponga a construir un gran parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable.

P. Una de las medidas que reivindica Sumar es el control de precios. En Barcelona ha generado una caída de la oferta porque los propietarios están sacando sus viviendas, por ejemplo, al alquiler vacacional. ¿Qué está fallando?

R. No hay una única solución para el problema. Nosotros proponemos dos medidas. Por un lado, en el Plan Estatal de Vivienda, elevar la financiación hasta el 1% del PIB anual. En segundo lugar, una ley multidimensional donde están todas las medidas que se deberían poner en marcha para solucionar el problema. Entre ellas, la prohibición de apartamentos turísticos en zonas tensionadas. Nosotros creemos que la vivienda tiene que ser para vivir en ella. El capital tiene que arriesgar e innovar para rentabilizarse.

P. Pinchar la burbuja inmobiliaria también implica una pérdida de patrimonio para una parte de las clases medias que tiene su ahorro en la vivienda.

R. Sobre todo afectaría a empresas y fondos que están entrando porque ven un negocio. Es cierto que hay un cuerpo importante de personas que ha ahorrado de esta manera, pero también son las que están mejor posicionadas en términos de renta y de riqueza. Lo que no tiene sentido es lo que ocurre ahora, que se produce una transferencia de renta de abajo hacia arriba. Esto no parece razonable y a mucha gente que son propietarios tampoco les parece razonable.

P. El Ministerio de Vivienda ha hecho muchos anuncios de construcción de vivienda pública en los últimos tres años, pero el ritmo de construcción va muy lento.

R. Nos está costando mucho cambiar la cabeza de la inteligencia económica en este apartado del Partido Socialista. Vamos consiguiendo avances, pero el problema es que el ritmo es de caracol, cuando necesitaríamos un ritmo de gacela thompson. Nos ha costado mucho convencer de que necesitamos generar ese gran parque de vivienda pública y que necesitamos que el Estado aquí sea promotor y orillar a las inmobiliarias del negocio público. La reorientación de Sepes como empresa pública que también haga de inmobiliaria pública es otro gran avance. La Sareb finalmente va a transferir un volumen importante de suelo al Sepes, pero necesitamos reunir ahí también terrenos disponibles de Adif, la Seguridad Social, el Ejército o, incluso, las comunidades autónomas.

Nosotros condicionamos esta inversión pública a que el Estado sea el promotor. Las inmobiliarias privadas no aportan nada. O sea, no hacen microchips. Una inmobiliaria son tres arquitectos, dos abogados y un economista. No hay una ciencia oculta detrás o un conocimiento ignoto que no sea accesible al sector público. Hay que orillarlas. Primero, porque piden márgenes de beneficio muy altos y, segundo, porque operan para que todas esas viviendas acaben en el mercado.

P. Las finanzas públicas ya están muy presionadas. Pensiones, sanidad, defensa... y ahora vivienda. ¿Cómo se paga esto?

R. Tenemos disponibles los fondos europeos con una línea de préstamos de 80.000 millones de euros de créditos blandos durante 30 años.

P. ¿El aumento del gasto en defensa va a tener un coste en materia de estado del bienestar?

R. Sí, claro. El mayor gasto en defensa aumenta nuestro endeudamiento estructural y, por lo tanto, pone más dificultades para hacer políticas sociales que están en el ámbito de las pensiones, vivienda u otros.

"El mayor gasto en defensa pone más dificultades para hacer políticas sociales"

P. La debilidad parlamentaria ha complicado la tramitación de nuevas normas. ¿Qué medidas aprobadas en los dos últimos años justifican la legislatura?

R. Lo que justifica la voluntad de los ciudadanos. Si existe este Gobierno es porque los ciudadanos así lo han votado. Pero incluso con este Parlamento tan complejo hemos conseguido hacer cosas muy difíciles. Por ejemplo, el paquete fiscal aprobado en diciembre. Yo creo que el Plan Estatal de Vivienda, que es una política de gasto, se puede sacar en este Parlamento. También hemos conseguido mantener el poder de compra de los perceptores del salario mínimo. Ahora estamos trabajando intensamente para la reducción de la jornada laboral y un mejor control de la jornada. También una política de apertura a la inmigración, que yo creo que es positiva, porque se derivan elementos que a medio plazo implican un impulso de la productividad. Una población más joven impulsa la productividad. Además, los inmigrantes que nos vienen están positivamente seleccionados de la población de origen, nos llegan los mejor preparados y los más emprendedores.

P. ¿Cómo van las conversaciones con Junts para la reducción de jornada?

R. Junts está circunscribiendo las compensaciones que pide al ámbito exclusivamente de la jornada, lo cual es una buena señal. Por ejemplo, compensaciones a pequeñas y medianas empresas que, por otro lado, nosotros estamos de acuerdo en ello. Nosotros esperamos que sea una negociación con éxito o, que al menos, Junts permita que la Cámara discuta sobre el tema [no vote una enmienda a la totalidad]

P. Usted es un independiente que viene de CCOO y entró en política para mejorar la vida de la gente. ¿Qué siente cuando ve los casos de corrupción que vive el Gobierno?

R. A mí me solivianta el tema. No sé si es el mejor adjetivo, pero por no decir otro. Nuevamente tenemos en el bipartidismo otro caso de corrupción. Nosotros le hemos dado un voto de confianza al presidente del Gobierno, pero no un cheque en blanco. Si esto es un caso de unas pocas manzanas podridas, es una cuestión navegable. Si fuera algo más estructural, obviamente nosotros no íbamos a estar ahí. Hay que terminar con esto y hay que hacer muchas cosas al respecto. Una, la parte preventiva, que nos lo están diciendo a nivel europeo: necesitamos una oficina preventiva que evite la corrupción. También tenemos muy pocos jueces y muy pocos fiscales en comparación con Europa y esto afecta a la persecución de la corrupción pública, pero también la privada. También es muy importante no solo perseguir al corrompido y que caiga sobre él todo el peso de la ley, sino también al corruptor. En este sentido, hay varias medidas. Por ejemplo, el ampliar los periodos de inhabilitación para que una empresa pueda participar de la contratación pública. Ya tenemos una ley de contratos públicos que la inhabilita por cinco años.

P. El problema no es que no exista una penalización al corruptor, es la dificultad para que sea condenado.

R. Por eso, otra de las propuestas que hemos hecho es que no sólo se juzgue a la empresa como persona jurídica, sino también a los consejeros y la alta dirección que haga este soborno. Hemos planteado extender la inhabilitación para sacarlos del mercado permanentemente para las grandes empresas, las cotizadas. En definitiva, aumentar las penas y los mecanismos de persecución, tanto para los corrompidos como para los corruptores.

P. ¿El PSOE ha asumido ya responsabilidades por estos casos de corrupción en su cúpula?

R. Nosotros pensamos que es insuficiente. Tenemos la sensación de que no son conscientes de la gravedad de lo que ha ocurrido y de lo lastimado que está nuestro electorado, o el electorado que ha apoyado a través de los diferentes partidos al Gobierno de coalición. Necesitamos medidas contundentes y claras en el ámbito de la corrupción y necesitamos al mismo tiempo acelerar y profundizar una agenda social que tenemos pendiente.

"El PSOE no se da cuenta de la relevancia que tiene la corrupción para nosotros"

Si esto sirve para acelerarlo, pues no hay mal que por bien no venga, aunque sea a través de la corrupción. La sensación que tenemos es que la parte socialista todavía no se da cuenta de la relevancia que tiene esto para la sociedad en general, para nuestros votantes y, en particular, para nosotros, que somos un partido limpio y que no vamos a tolerar que ocurran estos casos o que no se tomen medidas contundentes para evitar la corrupción. Ahora vemos este bipartidismo imperfecto, lo que puede permitir que terminemos definitivamente con él gracias a partidos como Sumar, que son partidos limpios y que trabajan en esa dirección.

P. El presidente comparece la próxima semana aquí, en el Congreso, para dar explicaciones. ¿Esperáis que sea ahí donde comunique estas medidas?

R. Sería un buen momento para que el presidente del Gobierno asuma, si no todas, gran parte de las medidas que les hemos trasladado.

P. ¿Temen que salgan más nombres y que el caso de corrupción se extienda en el PSOE?

R. Hay que decir que nosotros estamos dando un voto de confianza, pero si se toman una serie de medidas contundentes contra la corrupción. En ningún caso hemos dado un cheque en blanco a nadie. Nuestro compromiso fundamental es con la limpieza.