UGT y CCOO anuncian movilizaciones en el empleo público por la “parálisis” del Gobierno

Las áreas públicas de los sindicatos UGT y CCOO iniciarán movilizaciones a partir del próximo martes 8 de julio por el incumplimiento por parte del Ejecutivo de varios aspectos del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI y la congelación salarial de facto a partir de 2025. Según han señalado ambas centrales sindicales en rueda de prensa, “no se trata de focalizar en Función Pública porque es un Gobierno entero el que se tiene que poner a la faena”, por lo que las concentraciones se realizarán frente al Ministerio de Hacienda.

Los sindicatos no descartan llegar a la huelga e identifican un conjunto de aspectos en sus reivindicaciones, aunque no anticipan cuáles serán los fundamentales para desconvocar las protestas. Según ha señalado Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, se van a priorizar “las cuestiones que quedan por resolver” del acuerdo marco firmado en 2022, aunque están dispuestos a negociar, en paralelo, el nuevo acuerdo marco que fije subidas salariales a partir de 2025.

Entre los compromisos pendientes han señalado la eliminación de las limitaciones actuales para que las distintas administraciones públicas puedan establecer la jornada de 35 horas semanales; la implantación de la clasificación profesional y el derecho a la jubilación parcial anticipada de todos los empleados públicos. También han instado a la eliminación de la tasa de reposición, aspecto no incluido en el acuerdo marco, y a la regulación sobre teletrabajo y planes de igualdad en la AGE.

“Muchas son cosas pactadas que no tienen que ver con los presupuestos y para las que no hay ningún motivo de retrasar el cumplimiento”, ha criticado Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO. Palazzo considera que “no tiene sentido la parálisis” y que, aunque el diálogo sigue siendo constate con el Ejecutivo, “hablamos idiomas distintos”. Ambos sindicatos han insistido en que no están dispuestos a firmar un segundo acuerdo marco “arrastrando lo que no se ha cumplido en el primero”.

Jubilación anticipada, tasa de reposición y subida salarial

Uno de los aspectos más urgentes es la situación en la que se encuentra la jubilación parcial anticipada del personal laboral, denegada por las distintas administraciones territoriales tras la aprobación del Real Decreto-ley 11/2024 al exigir que los sustitutos tengan un contrato indefinido tras un acuerdo entre Función Pública, UGT y CCOO. Los sindicatos piden ahora una “transitoriedad” para que se suspenda la aplicación de la ley hasta que las administraciones puedan ofertar plazas adicionales de sustitución. Un planteamiento que el Gobierno descarta remitiéndose a los criterios dictados el 28 de marzo que permiten a las administraciones aprobar tasas de reposición específicas para contratar a sustitutos.

Por otra parte, UGT y CCOO inciden en que la subida del 0,5% adicional correspondiente a 2024 es insuficiente, “no nos contenta”, y denuncian una “congelación de facto” de los salarios, dado que el acuerdo marco fijaba la senda de aumentos solo hasta 2024. Hacen referencia a la subida aprobada este año para las tropas del ejército vía real decreto ley y piden al Ministerio de Hacienda repetir el mecanismo para el resto de empleados públicos.

Respecto a la tasa de reposición, flexibilizada ya en los presupuestos de 2023, UGT y CCOO siguen reclamando su eliminación, pero están abiertos a negociar otra fórmula. Según ha explicado Palazzo, “igual hay mecanismos diferentes y estamos dispuestos a negociar. Tiene que ser un mecanismo flexible que permita a las administraciones convocar las plazas que le son necesarias”, aunque no ha dado más detalles. Insisten en diseñar un sistema que permita rebajar la elevada temporalidad del empleo público, todavía en el entorno del 28%, y el envejecimiento de las plantillas, ya que en menos de 10 años “desaparecerá de media el 30%”.