¿Trenes parados? España es el cuarto país del euro que menos invierte en la red de transportes

España vivió el lunes el último episodio de trenes tirados por problemas en la infraestructura pública. En esta ocasión, la incidencia afectó a la conexión de alta velocidad de Madrid con Andalucía por problemas en la catenaria. Adif insiste en que la frecuencia de los incidentes no es mayor ahora, que la diferencia está en que ha aumentado el número de rutas.

La realidad es que el estado de la red ferroviaria genera una preocupación creciente entre los usuarios que no existía antes. Pero no sólo. La red de carreteras públicas tampoco vive sus mejores momentos, con firmes deteriorados por el paso del tiempo y la falta de renovación.

Es el resultado de una década de baja inversión pública en la infraestructura de transportes. España ha pasado de ser uno de los países desarrollados que más invertía desde los ochenta hasta la burbuja, a situarse a la cola. El resultado es un país con una red de transporte tupida, pero envejecida, que deriva en problemas de utilización. Por cierto, una buena parte de la inversión en los años dorados de la infraestructura española se financió con fondos europeos que ya no están disponibles.

En el año 2023, último ejercicio cerrado de la clasificación funcional del gasto público, España destinó algo más de 10.500 millones de euros a inversión en transporte (formación bruta de capital fijo). Fue el cuarto país de la eurozona con menor inversión, apenas el 0,66% del PIB. Un dato que contrasta con el 0,84% del conjunto de la zona euro, o el 2,1% de Letonia, país que encabeza la clasificación.

España sólo está por delante de Chipre, Irlanda (cuyo PIB está adulterado por las multinacionales) y Francia.

La última vez que España realizó una inversión en transporte similar a la europea fue en 2015, con casi un 0,8%. Desde entonces, España invierte significativamente menos que los países europeos, lo que explica el deterioro de las redes. En los últimos años, España ha tenido una oportunidad histórica gracias a los fondos europeos. No tanto porque puedan destinarse a infraestructuras, sino porque cubren una parte de inversión que antes se financiaba con recursos nacionales, lo que ha liberado capacidad presupuestaria. Pero este excedente tampoco se destinó a reforzar la red de transporte, sino que se derivó a gasto corriente y prestaciones de jubilación.

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En el año 2018 la Autoridad Fiscal (AIReF) ya elaboró un profundo estudio sobre la inversión pública en infraestructuras. Una de sus principales conclusiones era el envejecimiento de la red. Según sus cálculos, en el año 2030 el 81% del stock tendrá más de 10 años de edad y el 57%, más de 20 años. Esto obliga a realizar un gran esfuerzo de mantenimiento. Esto es una inversión pública diferente, pero inversión pública al fin y al cabo.

Las prioridades

Cuando estalló la crisis financiera, España tuvo que hacer grandes esfuerzos para reducir su elevado déficit público. La inversión fue la partida más sacrificada, al ser la más sencilla de recortar. Basta con dejar que las obras acaben y no proyectar más. En 2010 España llegó a destinar el 1,7% del PIB a la inversión en transporte, más del doble que en la actualidad.

Los recortes que se produjeron entre 2011 y 2014 no se han revertido, lo que explica la situación actual, una década después. La reducción del gasto ha sido similar en todas las administraciones, tanto a nivel estatal, como autonómico o local. Esto indica que no ha sido una decisión de una determinada formación política, sino que ha sido la decisión de los votantes. Por ejemplo, los ajustes también se extendieron a las pensiones o la sanidad pública, pero las protestas sociales obligaron a revertirlos. Sólo los ayuntamientos han aprovechado los fondos europeos y la suspensión de las reglas fiscales para elevar la inversión en sus infraestructuras de transporte.

La inversión dejó de ser una prioridad para la población en los años de la burbuja. Las inauguraciones y cortes de cinta, que históricamente había sido la fotografía favorita de los políticos, pasaron a tener connotaciones negativas por la crisis del ladrillo. Ahora, casi dos décadas después, los problemas de las redes de transporte vuelven a generar preocupación a los usuarios.

Los recortes que se produjeron entre 2011 y 2014 no se han revertido, lo que explica la situación actual, una década después

El problema es que el margen de financiación con recursos públicos es muy limitado. El gasto en pensiones y defensa se comerá la mayor parte de los nuevos recursos públicos a futuro. Si esto se suma al resto de gastos corrientes y salariales, que siguen incrementándose, deja pocos recursos para la inversión.

La prórroga presupuestaria tampoco ayuda. En 2024, con la extensión de las cuentas de 2023, la inversión en carreteras y ferrocarril aumentó un 2,4%, según los cálculos de la Fundación BBVA y el IVIE. Esto supone un crecimiento muy inferior al PIB nominal, que avanzó un 6,2%. El resultado es que el peso de la inversión en el PIB volvió a caer en 2024.

La escasa inversión en mantenimiento y nueva construcción provoca que la red esté menguando en comparación con el total de la economía. Esto explica que las infraestructuras estén más saturadas, lo que obliga a un mayor gasto en mantenimiento para evitar los incidentes. De hecho, el crecimiento de la economía está impulsado por el aumento de la población por la inmigración y el turismo, lo que presiona directamente las infraestructuras de transporte.

Según los cálculos de la Fundación BBVA y el IVIE, el stock de infraestructuras ferroviarias cayó en 2024 al 8,5% del PIB. Se trata del nivel más bajo desde 2008.

En el caso de las infraestructuras viarias, la situación es similar. El stock equivale al 14,7% del PIB, el dato más bajo desde 2002. A pesar del despliegue de la red de carreteras desde mediados del siglo XX, la falta de inversión de renovación provoca que la valoración del stock esté reduciéndose. El deterioro de las infraestructuras de transporte exige un esfuerzo presupuestario que sólo puede conseguirse con voluntad política y unos nuevos presupuestos.