El consumo público se enfría en 2025 y apunta a un papel secundario en el crecimiento

La crisis de la pandemia y la respuesta que se dio a nivel europeo, suspendiendo las reglas fiscales y emitiendo deuda conjunta para el Plan de Recuperación, llevó a las administraciones a reforzar los servicios públicos, sobre todo la sanidad, y a comprar abundante material como mascarillas y vacunas. Estos desembolsos públicos en un momento en el que el sector privado se hundió permitieron una recuperación más rápida de la crisis y aportaron en torno a la mitad del crecimiento entre 2019 y 2024.

Sin embargo, cinco años después del shock, el peso del consumo público está volviendo al nivel anterior a la pandemia y tendrá un papel mucho más secundario en el crecimiento del PIB en 2025 y en los próximos años. El dato del primer trimestre constata ya una caída trimestral del 0,4% en comparación con los tres últimos meses de 2024. Desde 2019, solo ha habido otros dos trimestres con variaciones negativas. Su caída la compensa el consumo de los hogares y la inversión privada.

El dato de la Contabilidad Nacional es consistente con el descenso del empleo público registrado en la EPA en el primer trimestre. Al tratarse de una encuesta, el número de trabajadores públicos que declara es siempre superior al de los registros administrativos por la posibilidad de que algunos se engloben subjetivamente en el entorno del sector público, aunque no estén contratados directamente por una administración. En los tres primeros meses del año se registró una caída del 1,5% en términos anuales, la primera de este tipo desde 2019.

Aunque la aportación al crecimiento anual del consumo de las administraciones públicas sigue siendo positiva (0,5% en el primer trimestre), varios factores apuntan a un enfriamiento de este componente de la demanda. El primer indicador de desaceleración lo marca el porcentaje que representa el consumo público sobre el PIB. Se disparó hasta el 21,9% en 2020 y desde entonces desciende progresivamente hasta situarse en los tres primeros meses de 2025 en el 19,2%, solo cinco décimas por encima del promedio 2015-2019 (18,7%).

El consumo público es solo una parte del gasto público, el destinado a fabricar o adquirir bienes que la Administración General del Estado, las CCAA o las entidades locales dan a los ciudadanos en la prestación de servicios como la sanidad, la educación, la dependencia, las infraestructuras y la defensa. Tiene en cuenta los sueldos de los trabajadores contratados para prestar los servicios públicos y los materiales comprados, pero se excluye el gasto en pensiones, desempleo, subvenciones y la inversión pública. La mayor parte del consumo público, el 80%, lo realizan las administraciones territoriales y locales.

El Banco de España calcula que el gasto público creció un 6,9% en el primer trimestre de 2025, pero solo un 1,4% se debió al consumo público. El 5,4% restante es atribuible a las prestaciones sociales (pensiones), subvenciones y "resto de gastos", entre los que se encuentran el pago de intereses de la deuda pública. Los ingresos crecieron más, un 8,7%, lo que permite continuar reduciendo el déficit.

Sin subidas salariales ni nuevos presupuestos

A esta contención del aumento del consumo público estaría contribuyendo también el retraso en la aprobación de la subida salarial adicional del 0,5% para los empleados públicos. Este incremento se tiene que aplicar en las nóminas desde enero de 2024, pero es acumulativo, por lo que termina siendo un gasto consolidado. Además, tampoco hay una hoja de ruta de aumentos salariales en el sector público ni para 2025 ni para los próximos años por el retraso en las negociaciones de un nuevo acuerdo marco entre Función Pública y los sindicatos.

El Ministerio de Hacienda es quien decide en última instancia si las administraciones asumen gastos de este tipo y por el momento lo está frenando. También sirve como dique de contención el hecho de que tanto el gobierno nacional como los de siete comunidades autónomas tengan prorrogados los presupuestos de años anteriores. Mantener la planificación presupuestaria de años previos suele reducir el aumento del gasto público en nuevas iniciativas, aunque se pueden transferir los fondos de unas partidas a otras según cambien las prioridades, como se está comenzando a hacer con el gasto en defensa.

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Un factor que iría en sentido contrario de aumentar el consumo público es el plan industrial y tecnológico de defensa, dotado con 10.471 millones de euros, pero del que la mayor parte no es gasto nuevo, sino reasignado de otras partidas presupuestarias, por lo que el impacto en el PIB será limitado. El Banco de España estima una aportación de apenas un 0,1% en el crecimiento del PIB de 2025.

La evolución del consumo público desde el inicio de la pandemia ha sido uno de los motivos del crecimiento diferencial del PIB de España. El aumento fue del 18,6% entre el cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2025, por encima de la media de la UE (11,7%), pero todavía tiene un peso total sobre el PIB inferior al promedio comunitario (del 21,6%). A tenor de las proyecciones del Banco de España, no se irá en la línea de alcanzar la media en los próximos años, ya que el consumo público crecerá previsiblemente menos en 2025, 2026 y 2027 que el conjunto del PIB aportando solo entre cinco y tres décimas, respectivamente, al crecimiento de dichos años.