Unai Sordo: "La corrupción tiene un efecto demoledor con la imagen de cualquier gobierno"

Unai Sordo Calvo (1972, Baracaldo) es secretario general de CCOO, el sindicato con más afiliados de España. Este sábado ha revalidado en el cargo por cuatro años más con el 96,1% de los votos e inicia su tercer y último mandato en un contexto político complicado, con la acción legislativa paralizada. Hay cierta frustración por el hecho de que la vigencia de un Ejecutivo ideológicamente cercano no esté sirviendo para desbloquear medidas claves para los sindicatos de clase, como la reducción de la jornada laboral. Sordo atiende a El Confidencial durante la celebración del 13º Congreso Confederal y se muestra preocupado por las diversas ilegalidades que presuntamente han cometido cargos del PSOE. Insiste en que si la legislatura dura hasta 2027, debe de tener un propósito.

PREGUNTA. En las últimas semanas hemos conocido una nueva derivada del Caso Koldo, que afecta también a Santos Cerdán, y por la que Pedro Sánchez ha pedido perdón. ¿Son suficientes las disculpas públicas?

RESPUESTA. Viendo los acontecimientos, al menos en lo que hasta ahora se conoce del sumario filtrado de la Guardia Civil, es evidente que esas disculpas van a ser insuficientes. También es verdad que estamos todavía en un momento en el que hace falta tener todo el mapa de lo que ha ocurrido, que es aparentemente bastante grave. Se va a tener que sustanciar en un proceso penal donde evidentemente va a haber derivadas políticas, veremos de qué índole. En principio, lo primero es rechazar cualquier espacio de corrupción, mostrar el asqueo que generan prácticas de este tipo e instar a que se desvele todo lo que ha ocurrido. Y una vez que se tenga claro el mapa, quién ha cobrado, quién ha pagado, en base a qué, dónde está el dinero y sin perjuicio, evidentemente, del proceso penal, que es donde se sustentan estas cosas, es evidente que habrá una toma de responsabilidades políticas porque aparentemente es gordo.

P. Se suele hablar de medidas contra la corrupción en general, pero, por ejemplo, CCOO tiene limitación de mandatos en la secretaría general. ¿Podría ser últil que se amplíe esta fórumula a los partidos políticos, a sus estructuras, para cortar las redes de corrupción?

R. Yo creo que una cosa no tiene necesariamente que ver con la otra. Nosotros optamos en su día por la renovación de mandatos para favorecer que nuevas personas adquieran puestos de responsabilidad en el sindicato y no cronifiquemos nuestra presencia en los puestos de responsabilidad. Dicho esto, creo que la corrupción en política, y este tipo de corrupción, que es un poco la de toda la vida, tiene que ver con algunos de los problemas estructurales de los que adolece la estructura económica de nuestro país y la relación perversa que existe entre determinados poderes económicos y algunos responsables políticos. Las empresas que licitan con las administraciones públicas y pagan por detrás mordidas, sea en la construcción, en la compraventa de mascarillas o de cualquier producto de los que se nutre la administración pública, tendrían que tener un serio reproche social y penal que tendría que conllevar también consecuencias. Es una práctica que ha estado muy cronificada durante muchas décadas en España.

P. ¿Le ha decepcionado que esto haya pasado en un gobierno que venía a regenerar? Y después de una moción de censura por la corrupción del partido de gobierno saliente.

R. Evidentemente. Como tantas personas progresistas y no progresistas, estás en un estado de cierto shock porque parecía imposible que se reprodujeran algunas de estas cosas que hemos conocido a través de los audios, que se están filtrando, yo creo, que de una manera bienintencionada. Ahora, lo que hay que sustanciar también es un proceso penal, porque no dejan de ser elementos de investigación de la UCO, que muchas veces llevan adosados interpretaciones de distinto tenor que pueden adecuarse a la realidad o no. No sería la primera vez que la UCO hace aseveraciones que luego se demuestran que no tenían nada que ver con la realidad. Pero lo que parece indiscutible son los contenidos de los audios y solo con eso ya es para poner el grito en el cielo y para prever que va a haber un caso sustancioso de corrupción política, aunque no sabemos hasta qué dimensión.

Esta sensación de que todo se corrompe no es cierta, pero a veces cala, y con razón

P. ¿La corrupción puede opacar en la opinión pública las medidas sociales que ha hecho este Gobierno?

R. La corrupción tiene un efecto demoledor con la imagen de cualquier gobierno y yo casi tiraría más por elevación. Suele tener un debilitamiento de la imagen general de todo lo público, de todo lo institucional, de todo lo político. Esto es un problema, esta sensación de que todo se corrompe no es cierta, pero a veces cala, y con razón. Lo que acaba alimentando es la antipolítica de la que se suelen aprovechar precisamente en este momento los partidos de las extremas derechas. Claro que me preocupa ese deterioro de la imagen pública y evidentemente solo cabe investigación hasta el final y consecuencias penales de haberlas, que tiene toda la pinta, para quien tenga que tenerlas. Y evidentemente derivadas políticas porque también las tendrá que tener.

P. Hasta que eso se aclare, que llevará su tiempo, lo cierto es que hay una parálisis total en la acción legislativa. ¿De qué sirve mantener el Ejecutivo de coalición hasta 2027 si no se puede aprobar ninguna medida?

R. Esta es una parte del problema, en el sentido que en la medida en que no está claro el mapa de lo que ha pasado, hay un incentivo muy evidente en los partidos de la investidura, por llamarlos de alguna manera, a marcar distancias con el Gobierno. Y en ese incentivo es factible que cada vez sea más difícil aprobar normas que, por otro lado, ya había una dificultad previa, porque en la materia socioeconómica hay una heterogeneidad en la mayoría de la investidura. Hay partidos de derecha como Junts incrustados que ya hacían difícil la tramitación de normas como la reducción de la jornada. En todo caso, yo creo que la legislatura, de continuar, necesita un propósito, un sentido y creo que eso también corresponde al conjunto de grupos ser capaces de dárselo.

La política no es solo aprobar leyes. Hoy en día España, si hace bien unas cuantas cosas, puede dar un salto adelante en materia socioeconómica en los próximos dos años. La ejecución de todos los recursos que hay por movilizar y la marcha de la economía nos pueden conducir al pleno empleo. Ese es un objeto político también que hay que poner en valor. Por tanto, yo soy consciente de que mientras todo el mundo navega en la niebla, no va a haber una complicidad legislativa de los grupos con el Gobierno. Esto es así y por lo tanto a nosotros lo que nos conviene es que cuanto antes se despeje esa niebla, se vayan adoptando las medidas que se tengan que adoptar, y, lógicamente, continuar con la defensa de los derechos de los de los trabajadores en cualquier contexto.

Sabemos la posición de Junts, vamos a presionar y el Gobierno tiene que intentarlo

P. Ha mencionado la ejecución, pero seguimos con los presupuestos de 2023 y no tiene pinta de que vaya a haber nuevos. ¿Se puede seguir sin presupuestos hasta 2027?

R. Es un ejemplo de hasta qué punto la parálisis política puede generar parálisis legislativa. Los presupuestos serían muy necesarios incluso para pegar un impulso a la economía en España, es profundamente indeseable esta situación. Lo que pasa es que es verdad que la ejecución de fondos europeos y la marcha de la propia recaudación fiscal dan el suficiente oxígeno para incluso sin Presupuestos Generales del Estado que la inversión pública esté teniendo como consecuencia también la movilización de inversión privada. Y es parte de lo que hace que España vaya comparativamente bien en términos económicos, pese a la paralización política.

P. Hay otro asunto también paralizado que es la subida salarial adiccional del 0,5% de los empleados públicos. De hecho, CCOO se concentra la semana que viene en Función Pública. ¿Lo está frenando Hacienda?

R. Es evidente que lo está frenando el Gobierno y la responsable de mover el dinero es Hacienda. En todo caso, nosotros apelamos al conjunto del Gobierno y exigimos el cumplimiento de unos acuerdos que fueron muy relevantes, pero que no se han cumplido en su integridad y que en este congreso, por ejemplo, es una de las reivindicaciones que nos están expresando las federaciones del área pública. Ya viene habiendo un proceso de movilización que va a continuar después del congreso.

P. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora no? En 2024, aunque no había presupuesto nuevo, se aprobó.

R. Bueno, la excusa que suele dar el Gobierno es el hecho de la parálisis presupuestaria. Pero nosotros lo que exigimos es que se cumplan los acuerdos y que se cumpla lo pactado. Y es la única reivindicación que le tenemos que hacer al Gobierno. El Gobierno tendrá que saber cómo sacar adelante las cosas. La situación económica de España, además, permite hacer esto. No es de recibo que se esté presumiendo de que la economía española va como un cohete y a la vez no se cumplan los acuerdos de retribución del personal público, que contribuye notablemente a que la economía vaya como un cohete.

P. Además, tampoco hay subida acordada ni para este año ni para los próximos.

R. Es que esto te pone en una muy mala disposición para volver a negociar un acuerdo general de mesa sectorial. Porque es evidente que el cumplimiento de los acuerdos es el mínimo exigible a la contraparte y espero que el Gobierno finalmente opte por hacer lo que tiene que hacer.

P. La falta de apoyos para la reducción de la jornada laboral por ley está llevando a mirar a que se apruebe solo el reglamento del registro horario, pero un reglamento tiene rango inferior y las sanciones, por ejemplo, no se pueden elevar. ¿No quedaría descafeinado el nuevo registro?

R. Evidentemente, nosotros no estamos en esa. Estamos en la mayor de pelear por la reducción del tiempo de trabajo. Sabemos la posición de Junts, vamos a presionar. Hemos conocido, por ejemplo, datos de cómo opina el electorado de Junts y del Partido Popular y es evidente que hay una contradicción entre la posición del partido y lo que piensa la gente que le vota, que está a favor de la reducción de jornada con unas mayorías muy muy claras y hay que apretar políticamente y socialmente. El Gobierno tiene que intentarlo. La mejora de los sistemas de control horario es muy importante, yo siempre lo he dicho y se puede hacer con o sin reducción de jornada, pero para nosotros no es una bandera para no abordar la reducción de jornada. Siempre vamos a exigir que se mejoren los sistemas de control horario, entre otras cosas porque en España sigue habiendo millones de horas extra que no se pagan y no se cotizan y que con un mejor control de los tiempos de trabajo y con la actuación de la inspección, se podrían perseguir de una forma mucho más eficaz.

P. ¿Qué planteáis para presionar de aquí a finales de julio? Que es cuando parece que se va a votar el proyecto.

R. Nosotros en cuanto salgamos del congreso y de forma conjunta con UGT, estoy convencido de que vamos a plantear una movilización o un proceso de movilizaciones. Cualquier planteamiento va a ser conjunto.

P. Un tema que no está para nada en la agenda, la pobreza infantil, volvió a aumentar en 2023. Está claro que no ha bastado ni con aumentar el SMI, ni con la reforma laboral, ni con la puesta en marcha del Ingreso mínimo Vital en 2020. ¿Cuál debería ser el próximo paso?

R. España ha hecho un recorrido muy importante en la creación de empleo, pero tiene que aspirar al pleno empleo y cuando todas las personas que quieren trabajar en España puedan trabajar, se da un gran paso en la reducción de la pobreza infantil, que lógicamente es la pobreza de los niños que viven en hogares con pocos recursos. En segundo lugar, aunque se quiera instalar esta idea de la España de las paguitas y que aquí todo el mundo vive subsidiado, eso es una mentira. España, comparándose con prácticamente cualquier país de Europa tiene una política de rentas y de lucha contra la pobreza manifiestamente mejorable.

El Ingreso Mínimo Vital fue una medida positiva conceptualmente, pero que aborda solo los problemas de pobreza severa y, además, la mitad de los que potencialmente pueden solicitarlo no lo han hecho. Existe un gap increíble entre las cosas que se regulan, las prestaciones, y la gente a la que están destinadas. Por tanto, política de rentas, de generación de empleo y políticas de protección social en todas las familias vulnerables, que muchas veces tienen que ver también con unos incrementos de costes asociados a la vida, como es la inflación vinculada a la cesta básica de la compra o los precios de la vivienda que detraen unos recursos enormes de las familias.

P. Tras la victoria de Ángela de Miguel en las elecciones de Cepyme, se ha cerrado de momento la lucha interna en CEOE. ¿Hay más facilidad ahora para acordar medidas con la patronal?

R. No me he reunido con ella, aunque he hablado porque hemos coincidido en algún acto, pero no era un entorno en el que diera tiempo a profundizar en nada. Nuestra voluntad de negociación con CEOE y con Cepyme se va a expresar en cuanto pase el verano, en el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, que yo creo que va a ser una piedra de toque para ver en qué situación se encuentra la CEOE en este momento político, económico y después también del proceso de sustitución que han tenido en Cepyme.