Vivienda, pobreza o juventud: la debilidad de Sánchez enquista los grandes problemas de España

Podemos firmó la semana pasada la sentencia de la XV Legislatura. La actual. «Ha llegado a su fin», proclamó la secretaria general de la formación, Ione Belarra, consciente de que sus votos son fundamentales para el Ejecutivo. Sin embargo, la realidad es que la legislatura ya nació moribunda. La minoría parlamentaria del Gobierno y las diferencias ideológicas del bloque de la investidura han provocado un bloqueo casi total del Parlamento durante estos dos años. No hay mejor ejemplo que la incapacidad del Ejecutivo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Pero, más allá del rifirrafe político, las acusaciones cruzadas y los casos de corrupción, lo que está provocando el bloqueo legislativo es que los grandes problemas económicos se enquisten. Según el CIS, las mayores preocupaciones de los españoles giran en torno al paro, la crisis económica y, sobre todo, la vivienda. Las soluciones están estancadas por la debilidad parlamentaria del Gobierno y todo apunta a que seguirá siendo así hasta que acabe la legislatura.

En muchas ocasiones, las soluciones ni siquiera son ideológicas, sino técnicas. El caso de la vivienda es el más evidente. Los expertos y el sector coinciden en que hay que aumentar la construcción y, para ello, es imprescindible actualizar la Ley del Suelo. Hasta los sindicatos y las patronales están de acuerdo en este punto. El Gobierno ha intentado sacar esta norma en dos ocasiones y en ambas fracasó, con la negativa del bloque de la investidura. Los partidos más a la izquierda exigen que la construcción sea pública.

La realidad es tozuda: mientras la fabricación de suelo, esto es, la habilitación de suelo para la construcción, siga teniendo una duración media superior a los cinco años, no habrá solución posible a la crisis de precios. Este gráfico muestra la relación entre las transacciones de suelo (aproximación a suelo habilitado para construir) y el precio de la vivienda en la última década:

En los últimos meses, ha repuntado levemente la construcción de vivienda, pero se está levantando sobre suelo que fue fabricado durante la burbuja y que quedó paralizado cuando estalló la crisis. Pero este 'stock' es escaso y se necesita flujo de suelo nuevo para cubrir la enorme demanda embalsada existente de jóvenes que no han podido emanciparse y de inmigrantes que han llegado desde el final de la pandemia.

La Ley del Suelo propuesta por el Ejecutivo buscaba dar cauce a una de las principales reclamaciones del sector. El principal punto era evitar que cualquier problema técnico en un plan urbanístico provoque su anulación total y que es lo que está ahogando la construcción. Se trata de una solución técnica, sencilla y con amplio respaldo social y empresarial, pero el Gobierno no ha conseguido aprobarla. Finalmente, ha terminado bajando los brazos.

Esta incapacidad legislativa condena a España a un agravamiento de la crisis de vivienda durante los próximos años. Hay que tener en cuenta que cualquier solución implementada hoy tardará no menos de cinco años en empezar a dar frutos en forma de más construcción. Si ni siquiera se consigue sacar suelo nuevo ahora, la solución se retrasará hasta la próxima década.

La pobreza

La situación de la vivienda está condenando a muchas familias a vivir con carencias materiales severas. Los presupuestos familiares no dan para seguir el ritmo del mercado del alquiler, sobre todo en las grandes ciudades. España se ha convertido en el país con mayor pobreza infantil de la Unión Europea y varias de las soluciones planteadas por el Gobierno están estancadas en el Congreso. Otras ni siquiera han llegado a plantearse, porque el Ejecutivo es consciente de su minoría y no quiere arriesgarse a sufrir nuevas derrotas parlamentarias.

La Ley de Familias tiene, como uno de sus objetivos, combatir la pobreza infantil en las familias con menos recursos económicos. Sin embargo, esta norma lleva ya 15 meses en periodo de enmiendas. Y todo apunta a que seguirá así hasta el final de la legislatura, sea cual sea.

Este proyecto incorpora algunas ayudas importantes para familias, como la extensión de la renta de crianza de 100 euros al mes por hijo, la creación del permiso parental retribuido o nuevos periodos de cuidado para familiares directos. Esta ley no es la solución a todos los problemas de pobreza infantil, pero puede ser una solución en esta dirección, sobre todo por la mejora de la conciliación familiar con periodos para cuidar a los hijos que sean compatibles con el empleo.

La llegada de un hijo es sinónimo de pobreza en España. Casi un tercio de los menores de edad vive en riesgo de pobreza. Y la situación no es mucho mejor para los jóvenes españoles, que son los que sufren la mayor tasa de paro de la Unión Europea. Uno de los proyectos que tiene el Gobierno para facilitar la entrada de los jóvenes al mercado laboral y mejorar sus condiciones es el Estatuto del Becario, otra norma que lleva atascada dos años.

El proyecto pactado por el Gobierno con los sindicatos incluye la cotización a la Seguridad Social de los becarios, la limitación de su uso para que las empresas no utilicen este empleo barato para sacar adelante su producción o la compensación de los gastos formativos de los estudiantes. En las semanas previas al estallido del caso Cerdán, el Gobierno había prometido que finalmente iniciaría la tramitación del estatuto. De esto ha pasado ya un mes y no se ha vuelto a saber nada.

El Ejecutivo también tiene entre sus deberes la actualización de la indemnización por despido improcedente tras la sentencia del Comité Europeo de Derechos Sociales para proteger a los trabajadores, y también la aplicación de la directiva europea para garantizar el permiso parental para los padres trabajadores. Medidas sociales que están completamente bloqueadas por la minoría parlamentaria del Ejecutivo.

Las medidas estrella

El Gobierno no solo tiene enquistados los grandes problemas para los españoles, tampoco consigue dar cauce a sus prioridades. El mejor ejemplo es la reforma para la reducción de la jornada laboral, el proyecto estrella del Ministerio de Trabajo, que va encadenando retrasos a medida que su aprobación se complica. Esta semana, Junts ha presentado una enmienda a la totalidad al texto y ha prometido que lo tumbará durante la tramitación parlamentaria.

A la hora de la verdad, bastará que una sus votos a los del bloque del PP y Vox para hacer descarrilar la medida estrella del Gobierno. Hoy por hoy, los números no le salen a Sánchez ni siquiera para aprobar esta norma, que cuenta con un respaldo social mayoritario.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez liga su supervivencia a que los socios no quieren elecciones ni moción de censura

Marisol Hernández

El Gobierno ni siquiera ha conseguido aprobar en el Congreso las limitaciones presupuestarias básicas para las comunidades autónomas. Esto es, los objetivos de déficit y deuda, parámetros clave que las regiones tienen que acatar en sus presupuestos. Todas las veces que el Gobierno lo ha intentado desde que comenzó la legislatura ha fracasado. La última vez que el Congreso aprobó unos objetivos presupuestarios fue en 2020, justo antes del estallido de la pandemia.

Otro de los proyectos estrella del Gobierno para esta legislatura es la condonación de la deuda autonómica, una medida orientada a que las CCAA recuperen su autonomía financiera y que vean aliviada su carga de intereses. Incluso la financiación singular catalana y la transferencia de las competencias sobre la gestión recaudatoria están paralizadas. La legislatura avanza, pero los problemas siguen enquistados y sin visos de solución antes de las próximas elecciones.