Los sindicatos prevén que la Oferta de Empleo Público de 2025 oferte en torno a 40.000 plazas

El Ministerio de Función Pública ha mantenido este jueves la primera reunión con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF para negociar la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025 en la Administración General del Estado (AGE). En los últimos años, cada oferta aprobada ha sido superior a la anterior, por lo que los efectivos de la administración central (fundamentalmente ministerios y organismos autónomos) han experimentado un notable crecimiento.

Por el momento no se conoce cuál será la cifra exacta de nuevas plazas ofertadas, que suelen repartirse entre promoción interna y puestos de nueva creación, pero los sindicatos trasladan que estará en línea con la OEP de 2024, dotada con 40.146 plazas repartidas entre la AGE y las Fuerzas de Seguridad del Estado y Justicia. Fuentes de UGT señalan que las cifras de OEP serán “muy parecidas a las del año pasado” y esperan que en la reunión convocada el lunes Función Pública dé el dato. De manera previsible, se mantendrá un número elevado, sobre todo en comparación con la OEP de 2017, la última del Gobierno de Rajoy, que solo ofertó 20.280.

La administración prácticamente congeló las ofertas durante los años posteriores a la crisis de 2008, lo que conllevó una pérdida de empleos porque las jubilaciones no se compensaban con las reducidas altas. Por ejemplo, la OEP de 2012 fue solo de 480 plazas, contando con nuevo ingreso y promoción interna. Según los datos facilitados por Función Pública a CSIF, las incorporaciones de empleados públicos a la AGE empezaron a superar a las bajas en 2021, por lo que se han sucedido cuatro años de creación de empleo neto.

En 2024 las altas (18.747) casi duplicaron a las bajas (9.802), pero el déficit acumulado en los diez últimos años aún es de 20.646 plazas, un fenómeno incrementado por la jubilación de la generación del baby boom, muy numerosa en la administración pública. En 2024, solo UGT firmó la OEP con el Gobierno, pero a la luz de estos datos de creación de empleo y mantenimiento del volumen ofertado es posible que se sume algún sindicato más.

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Cristina Dolz

No obstante, los límites para la creación de empleo público continúan a través de la tasa de reposición, que aplica tanto a la AGE como al resto de niveles de las administraciones. Al haberse prorrogado por segundo año consecutivo el presupuesto de 2023, se aplicará la misma tasa este año. El anterior ministro del ramo, José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, se comprometió a realizar en 2025 una distribución de plazas distinta, más flexible, pero finalmente no se ha cumplido.

El propio Escrivá reconoció en el Consejo de Ministros que aprobó la oferta de 2024 que se está “planificando en el corto plazo”, lo que impide abordar adecuadamente el envejecimiento de las plantillas y la modernización de los servicios públicos. Desde CISF señalan al respecto que la AGE tiene a 51.000 empleados públicos, el 21% de la plantilla, “a las puertas de la jubilación”, con más de 60 años, por lo que pide un mayor refuerzo, especialmente en el SEPE, la Seguridad Social y las oficinas de extranjería.

Sin subida salarial a la vista

La mesa negociadora iniciada este jueves solo abordará la oferta de plazas en la AGE, dejando fuera el resto de asuntos pendientes. El principal es la subida adicional del 0,5% de los empleados de todas las administraciones públicas acordado en el Acuerdo Marco para 2024 si la inflación superaba el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024.

Este esquema de subidas adicionales fue acordado para los tres años y Función Pública aprobó en febrero de 2024 el correspondiente al año 2023, pero a mediados de junio de 2025 aún no se ha aprobado la subida pendiente del año anterior, por lo que CCOO ha anunciado ya concentraciones en la puerta del ministerio el próximo miércoles. Tampoco hay conversaciones iniciadas para negociar un nuevo acuerdo marco que fije las subidas a partir de 2025.

Si se compara la evolución de los sueldos del sector público con la del sector privado, se observa una pérdida de poder adquisitivo mayor entre 2008 y 2023, del 5,2%, frente al 1,1% experimentado por los asalariados de las empresas privadas. Según cálculos de CSIF a partir de los sueldos medios, el incremento adicional tiene un coste de unos 600 millones de euros, que suponen unos 200 euros más por empleado.