Junts registra una enmienda de totalidad a la jornada de 37,5h tras la reunión fallida con Díaz

Nada se ha movido desde el pasado seis de mayo, cuando el Consejo de Ministros aprobó definitivamente el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas y envió la norma al Congreso. En la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró que el anuncio de Junts del día anterior de presentar una enmienda a la totalidad era una “herramienta” para negociar, pero lo cierto es que las últimas reuniones no han dado frutos.

Sin ir más lejos, este martes 17 de junio Díaz se reunió en el Ministerio de Trabajo con el grupo parlamentario de Junts para tratar de frenar la enmienda a la totalidad, una reunión casi paralela a la que tuvo Pedro Sánchez con Jordi Turull en Moncloa para tratar de desbloquear la agenda normativa de la legislatura. Sin embargo, la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, ha criticado esta mañana en RNE que “no hubo concreciones” por parte del Gobierno en lo relativo al cumplimiento de “la agenda catalana” y que, además, mantienen su plan de acción de tratar de impedir la tramitación de la reducción de la jornada.

“Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos, que es presentar una enmienda a la totalidad. La registramos hoy mismo”, ha confirmado Nogueras. Su argumento es que Junts no puede “dar apoyo a una ley que se ha hecho solo con sindicatos españoles, que ha dejado de lado a la pequeña y mediana empresa, a la clase mediana catalana y a los trabajadores de Cataluña”. También ha criticado que UGT está trabajando para que Cataluña “no tenga voz” en la reducción de la jornada.

En la rueda de prensa del cinco de mayo, Nogueras defendió que la propuesta legislativa supone "un ataque frontal a los autónomos y a las pymes catalanas" porque “atenta contra la negociación colectiva”. También criticó que Junts se había encontrado “la puerta cerrada ante la posibilidad de poder negociar aunque fuera una coma del texto”. Algo que la vicepresidenta segunda interpretó públicamente como un margen para las negociaciones antes de que se cerrara el plazo de presentación de enmiendas, que la Mesa del Congreso ha decidido prorrogar durante unas semanas, hasta este miércoles.

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Marisol Hernández

Dada la situación, los grupos del Gobierno, especialmente el de Sumar, se ven abocados a una negociación in extremis para que Junts termine reiterando la enmienda antes de que se vote o para conseguir que no tenga los apoyos suficientes. El equipo de Díaz siempre ha argumentado que Junts pediría contramedidas que no tuvieran que ver con la reducción de jornada para sacarla adelante, aunque tratan de convencer a la formación catalana con la recuperación de las ayudas directas y bonificaciones a las pymes propuestas durante la negociación con los agentes sociales.

Estas medidas no convencen entre los empresarios, ni por la parte de CEOE y Cepyme, ni por la de Foment del Treball ni Conpymes/Pimec. Las opiniones manifestadas hasta la fecha es que las ayudas suponen solo un parche para una medida que, en su opinión, debería regularse solo en el ámbito de la negociación colectiva sectorial y a nivel de empresa. Por ello, el escenario central para todas las patronales ha sido siempre el de tratar de frenar la ley, para lo que han mantenido frecuentes reuniones con los grupos parlamentarios.

Al final de la tarde, también presentaron enmienda a la totalidad PP y Vox. El principal grupo de la oposición argumenta que se opone tanto "en el fondo como en la forma" a la norma porque se invaden competencias de la negociación colectiva. Según el PP, reducir la jornada por ley sin tener en cuenta la situación de los sectores ni los márgenes de productividad, supondrá un incremento de costes laborales, pérdida de competitividad, congelación de salarios y menor creación de empleo. También critica el registro horario digital por "intervencionista" y por establecer sanciones "desproporcionadas".

La complicada viabilidad de la reducción de jornada, medida estrella de la legislatura para Yolanda Díaz, llevó a activar el escenario alternativo de exhibir que parte de los cambios que contempla la norma se aprobarán igualmente a través de un real decreto. En concreto, algunos de los relativos al endurecimiento del registro horario. Sin embargo, con una norma de rango reglamentario no podrán elevar las sanciones e incluso podría haber problemas para obligar a las empresas a que realicen un registro digital. Sin estos dos aspectos, los cambios que puede conllevar el nuevo registro serían limitados en cuanto a poner fin a los fraudes en la comunicación de las jornadas laborales reales.