Financiar el aumento del gasto en defensa con deuda podría anular el efecto expansivo

Se acerca la fecha en la que España tendrá que decidir si se pone de perfil o se compromete a cumplir las nuevas directrices de la OTAN referentes al aumento del gasto en defensa. En la próxima cumbre anual, que se celebrará el 24 y el 25 de junio en La Haya, se debatirá la propuesta del secretario general de la organización, Mark Rutte, de incrementar el objetivo de inversión al 5% del PIB a nivel nacional, algo difícil de alcanzar para la mayor parte de los países, pero especialmente para los que están a la cola del gasto, como es el caso de España.

La nueva política de defensa fue uno de los temas principales debatidos en la última edición del Observatorio Económico El Confidencial-Mapfre. Según señaló Judith Arnal, investigadora senior del Real Instituto Elcano y consejera del Banco de España, el planteamiento de aumentar el gasto básico hasta un 3,5% del PIB más un 1,5% adicional relacionado con la ciberseguridad presiona políticamente a España. “Si España no da el paso de aumentar el gasto público en defensa de manera decidida, se puede acabar erosionando nuestra imagen. Se puede percibir como falta de reciprocidad o de solidaridad”, sostuvo Arnal.

En opinión de Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, una parte del Gobierno no aceptará el 5%. Además, señaló que la defensa “es un servicio que necesitamos” pero que “no se traduce necesariamente en un aumento del bienestar en el corto plazo”, lo que hace que tenga una justificación más difícil de cara a la ciudadanía. En esta línea, Alejandra Kindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), destacó que "en los últimos 20 años las políticas de defensa de los bancos han sido muy prudentes, entre otras cosas porque había mucha presión social en contra”.

De acordarse el 5% se trataría, en cualquier caso, de un objetivo no vinculante, aunque Rutte plantea que para evitar los incumplimientos del pasado esta vez se establezcan planes anuales que muestren la evolución de cada país. En el marco de estos compromisos internacionales, España presentó en abril un plan de inversión de 10.471 millones de euros adicionales para 2025 para llegar a un gasto del 2% este mismo año.

Según el Ejecutivo, esta cuantía producirá un impacto estimado de entre el 0,4% y el 0,7% del PIB y la creación de 96.000 nuevos empleos directos e indirectos. El Banco de España ya rebaja esta cifra, anticipando solo un impulso al alza sobre la tasa de crecimiento del PIB de este año de una décima. La justificación es que, aunque el plan supone el 0,6% del PIB, una “parte importante” del mismo consiste en diversos instrumentos financieros o en recursos reasignados de otras partidas presupuestarias ya contempladas, por lo que no es gasto nuevo.

El efecto arrastre de este y de los próximos planes dependerá, por tanto, del destino geográfico y funcional del gasto, de su financiación y de su origen. En el caso de que los recursos terminen procediendo de emitir más deuda nacional, podría haber efectos que redujeran el impacto esperado. José Manuel González Páramo, presidente del Consejo de Administración de European DataWarehouse, consideró que la financiación a través de mayor presión fiscal es difícil y que el gasto a través de más deuda pública “puede anular el efecto expansivo si termina repercutiendo en un aumento de la prima de riesgo”.

Una subida notable de la prima de riesgo, actualmente en niveles bajos del entorno de los 60 puntos, repercutiría en un mayor coste de financiación de la deuda a través de tipos de interés superiores. Ya pasó tras el estallido de la pandemia en 2020, cuando llegó a superar momentáneamente los 150 puntos y la deuda pública se elevó hasta el 125,7% del PIB, aunque el impacto de un mayor gasto en defensa no sería comprable con un shock de este tipo.

El Gobierno asegura en el plan de 2025 que “se financiará con los ahorros generados por el buen desempeño de nuestra economía y con créditos del Plan de Recuperación”, y que “en modo alguno conllevará subidas impositivas, mayor endeudamiento o recortes para las actuales partidas de gasto social o medioambiental”. Ya se están realizando reasignaciones presupuestarias de dinero procedente de otros ministerios hacia el de Defensa e Industria, mientras que el mecanismo europeo SAFE, puesto encima de la mesa como emisión de deuda conjunta, es reducido (150.000 millones) y solo contempla préstamos.

¿Tiene cabida la financiación privada?

Según los últimos cálculos de la OTAN, incluidos en el informe anual, España gastó 19.723 millones de euros en defensa en 2024, un 1,24% del PIB. Aumentar hasta un 5% tomando como referencia el PIB del año pasado supondría un gasto adicional de 59.934 millones de euros. Este gasto público, aunque solo se efectúe una parte, terminará permeando al sector privado a través de contratos operativos como pueden ser los de equipamiento del personal, material de movilidad y tecnología de la información. También a través de gastos de inversión, como son los de investigación y desarrollo.

Aunque la financiación para el sector de la defensa es eminentemente pública, el debate empieza a darse también en las entidades financieras de manera incipiente. Kindelán, de la AEB, subrayó que “el sector bancario va a tener que estar ahí", ya que las entidades tendrán que aprovechar el momento para dar apoyo a toda la cadena de producción de un sector que va a estar en auge en los próximos años. “Ahora hay una reflexión clarísima y varias entidades bancarias europeas líderes están identificando vías”.