El Consejo de Europa pone en duda el diseño del Ingreso Mínimo Vital de España

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), organismo del Consejo de Europa que vela por el cumplimiento de la Carta Social Europea, ha admitido a trámite una reclamación de la asociación ATD Cuarto Mundo sobre la situación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España. El Comité, con sede en Estrasburgo, considera que probablemente el IMV de España esté vulnerando varios artículos de la carta relativos a los derechos de integración social, protección económica de la infancia y la familia, lucha contra la pobreza y acceso a la vivienda.

Se inicia así un procedimiento que finalizará con una resolución dentro de año y medio, pero que ya pone contra las cuerdas a una de las políticas estrella del Gobierno, que cumple ahora cinco años de su puesta en marcha. El organismo ha admitido a trámite estudiar la denuncia de ATD en varios aspectos claves. Por una parte, el que señala que la cuantía del IMV es “inadecuada” y que las condiciones para su concesión “excluyen a parte de la población necesitada”. También estudiará la crítica de que los plazos y el sistema de recuperación de las prestaciones “indebidamente” abonadas afectan especialmente a los hogares más vulnerables.

Esto se debe a que existe un decalaje de años entre los datos administrativos de renta y composición familiar que Seguridad Social tiene en cuenta para conceder o no la prestación y la situación más actual de la unidad familiar, lo que deriva en que haya pagos a beneficiarios que realmente sobrepasen los requisitos en la fecha en la que reciben el IMV y la administración les termine reclamando las cantidades que no les corresponden cuando revisa si se cumplen los requisitos. Según ha constatado la AIReF en su última opinión, esto da lugar a reclamaciones de ingresos por parte de la Seguridad Social de 3.000 euros de mediana a quienes tras la revisión dejan de tener derecho a la prestación (un 7% de los que la recibieron en 2023).

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Por otra parte, el Comité estudia la queja de ATD en relación con que la falta de coordinación entre las rentas mínimas de subsistencia de las CCAA y el IMV nacional ha derivado en una “reducción de los recursos financieros” para luchar contra la pobreza en España que se estarían derivando “a otras partidas”. Por último, se contempla que la cuantía del IMV esté vulnerando el derecho a una vivienda porque “no se incrementa para tener en cuenta los gastos de vivienda y las familias beneficiarias pueden ser desahuciadas”.

La queja admitida ahora a trámite se registró el 4 de junio de 2024, pero el Gobierno no presentó alegaciones. Desde este lunes, cuando la denuncia comienza realmente su recorrido, se abre un nuevo plazo de alegaciones hasta antes del 14 de agosto en el que es previsible que el Ejecutivo se defienda. También podrán trasladar su postura los sindicatos y las patronales en los que están integrados UGT, CCOO, CEOE y Cepyme a nivel europeo.

Sin medidas inmediatas

Sin embargo, el Comité rechaza tomar medidas inmediatas contra el IMV. ATD pidió en su demanda que se suspendieran los procedimientos de reintegro de las cantidades indebidamente cobradas desde enero de 2023 hasta que se resuelva su procedimiento en el Comité, pero la mayoría de los miembros lo ha rechazado, a excepción de Carmen Salcedo, catedrática de Derecho del Trabajo y miembro del Comité, que ha emitido un voto particular.

En su voto, Salcedo critica que el Gobierno no haya presentado documentos para disputar la queja de la organización y que el contexto justifica las medidas inmediatas por las “miles de demandas de devolución” en marcha que afectan a familias sin recursos para hacer frente a los reintegros.

Una resolución del CEDS que dé la razón a ATD y pida cambios en el IMV puede influir sobre sentencias nacionales. Además, el Ejecutivo debería ajustar la legislación para cumplir con la Carta Social Europea Revisada, documento que España ratificó voluntariamente en 2021, aunque existe todo un debate jurídico de hasta qué punto las resoluciones del CEDS son o no vinculantes, como sucede con el caso del despido restaurativo y el Tribunal Supremo.