Transparencia obliga a Hacienda a revelar las inspecciones fiscales a PP, PSOE, Podemos y Vox

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dado la razón al Confidencial, al estimar parcialmente una petición de información en la que este periódico solicitaba el acceso a los expedientes sancionadores abiertos por la Agencia Tributaria (AEAT) contra los principales partidos políticos: Partido Popular, PSOE, Podemos y VOX.

La resolución llega cuatro años después de que este medio recurriera al organismo, presidido por José Luis Rodríguez Álvarez, tras la negativa inicial de la AEAT —dependiente del Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero—. Hacienda se escudó en la confidencialidad de los datos fiscales, pese a que el Tribunal Supremo ha sentenciado en varias ocasiones que esta reserva no puede usarse para bloquear automáticamente el acceso a información de interés público.

En su resolución, el CTBG insta a Hacienda a entregar, en un plazo máximo de diez días, las resoluciones de apertura y cierre (ya sea por sanción o archivo) de dichos expedientes. De no hacerlo, y ante un posible silencio administrativo, fuentes jurídicas consultadas advierten de que el Consejo elevará el caso a la Audiencia Nacional, donde, además, existe ya jurisprudencia favorable al acceso.

La dilación del proceso se debe a que la AEAT no ha querido cumplir desde el primer momento con lo que marca Ley de Transparencia (LTAIBG). Primero, denegó la información sin ni siquiera hacerr una ponderación entre el derecho de acceso y la protección de datos, ni preguntar a los terceros afectados, que son los partidos políticos.

Los partidos unidos por la opacidad tributaria

Ante esta resolución, la AEAT reabrió el procedimiento y recabó las alegaciones de los partidos afectados, los cuales se opusieron firmemente a la divulgación de sus expedientes fiscales. En este caso, tanto dos de los partidos que actualmente están en el Gobierno, PSOE y Podemos, rechazaron facilitar esta información. En la misma línea se situó VOX, mientras que el PP directamente no quiso responder a Hacienda.

Con la respuesta de los partidos, la Agencia Tributaria volvió a denegar el acceso, argumentando que prevalece la confidencialidad tributaria y que la solicitud es excesivamente amplia y carente de justificación específica. Este periódico volvió a insistir en el interés público de la información, alegando la necesidad de conocer si Hacienda ha inspeccionado a partidos con financiación pública.

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Por segunda, y esperemos que última vez, el CTBG ha vuelto a estimar favorablemente la petición de este medio, resolviendo esta última vez que la AEAT debe facilitar esta información, incluyendo todos los procedimientos entre 2000 y 2025. Eso sí, anonimizando la información sensible, sin impedir la publicidad de los hechos relevantes.

La resolución sienta un precedente sobre los límites de la opacidad fiscal de las formaciones políticas y refuerza la obligación de ponderar el interés público frente al derecho a la confidencialidad tributaria.

Este pronunciamiento del CTBG se suma a una cadena de victorias impulsadas por este diario, que con sus incansables peticiones ha forzado al Gobierno a liberar información oculta durante años. Con el último caso más reciente, se logró arrojar luz sobre cómo se gestiona la publicidad institucional en España, revelando más de 6.900 pagos a medios de comunicación realizados desde Moncloa, un desembolso de 190 millones de euros.