El registro horario que planea Trabajo sin pasar por el Congreso no podrá endurecer las sanciones

El Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la medida estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la que Junts ya ha presentado una enmienda a la totalidad para impedir la tramitación. Por ello, el Ministerio de Trabajo se aferra ya a aprobar solo la parte relativa al registro horario a través de un real decreto, una vía que no podrá endurecer el sistema tanto como pretendía Díaz.

“El control horario tiene rango reglamentario, se dicta un real decreto y se aplica”, ha defendido la ministra de Trabajo en La Sexta este jueves, sin embargo, el aumento de las sanciones a las empresas por incumplimiento del registro requiere de una norma con rango de ley e incluso podría haber problemas para obligar a las empresas a que hagan un registro digital solo con una norma con valor reglamentario.

La ventaja del real decreto es que, a diferencia del decreto-ley, no requiere de convalidación en el Congreso. El Gobierno lo aprueba y directamente entra en vigor, por lo que es la opción más viable para salvar parte del capital político de la ambiciosa reforma de Trabajo. El proyecto de ley que salió del Ejecutivo modifica el Estatuto de los Trabajadores para que el registro sea obligatoriamente digital e interoperable y modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para imponer multas por trabajador en vez de por centro de trabajo. El reglamento, que igualmente se iba a aprobar para desarrollar, se limitaría a fijar las cuestiones técnicas de la interoperabilidad como el desarrollo del sistema informático para ponerlo en marcha.

De hecho, dado el carácter técnico del reglamento, no se llegó a negociar en la mesa tripartita con sindicatos y patronales y no se plantea abrir ahora otra mesa para ello. La interlocución con los agentes sociales se limitará al envío de borradores por parte del ministerio a las partes. Los inspectores de trabajo consultados, que son los únicos competentes para vigilar el cumplimiento del registro e imponer multas, confirman que el régimen sancionador no se puede modificar con un reglamento y algunos dudan de la viabilidad de fijar la digitalización por real decreto.

En opinión de Jesús Prieto, inspector y miembro del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, lo que más impacto tendría del proyecto de ley es la modificación de las sanciones porque son las que causarían un efecto disuasorio. “Las empresas ven una impunidad en la realización de horas extras porque las sanciones que hay ahora son ridículas, de 751 € a 7.500 € por toda la empresa”, explica. Añade que, hasta que las multas no se endurezcan “no vamos a tener una herramienta para poder obligar a las empresas a que tengan su registro al día”. Con la modificación de la ley, las multas pasarían a ser de hasta 1.000 euros por trabajador, una cantidad elevada si se aplica por separado.

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Miguel Ángel Montero, inspector miembro de CSIF, señala que las sanciones no se pueden elevar sin modificar la ley, pero les quita importancia porque cree que lo más relevante es “conseguir que realmente el registro sea telemático y con acceso directo por parte de la inspección” para evitar las horas no cotizadas y no abonadas. “El sistema actual de registro de jornada es completamente manipulable y falseable”, añade, algo en lo que coinciden todos los consultados.

No obstante, algunos miembros de la inspección tienen dudas de que la digitalización e interoperabilidad se pueda lograr solo con un real decreto, dado que se modificaría el actual registro establecido en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, en el que no se detalla a través de qué medios tiene que realizarse. “Lo que hay que hacer es modificar el Estatuto de los Trabajadores porque ahora es válido tanto el soporte digital como el papel. Mientras que no se modifique el estatuto, esto no es posible”, señala una inspectora que prefiere no publicar su nombre. En su opinión, lo que una ley no prohíbe (el registro en papel) no lo puede prohibir una norma con rango de reglamento.

“No se puede desarrollar reglamentariamente algo que no es exigible legalmente, no se puede desarrollar limitando y estableciendo el requisito de la interoperabilidad, por eso estaba en el proyecto de ley”, considera. Añade además que existen sentencias que dan la razón a las empresas que realizan el registro en papel. En cualquier caso, la vicepresidenta segunda insiste en que “la reducción de la jornada se va a aprobar”, aunque, reconoce, “no sé lo que vamos a tardar”, por lo que trata de avanzar con el reglamento.

Refuerzo de inspectores

Los inspectores creen que un registro horario interoperable facilitaría el trabajo a una plantilla reducida para la cantidad de competencias que tiene, ya que muchas de las actuaciones solo las pueden llevar a cabo ellos, no los subinspectores ni el resto del personal de la inspección. Según la última memoria anual del organismo, el número de inspectores ascendió a 1.041 en 2023, un aumento del 4,1% respecto a 2019, pero el empleo ha crecido más en ese periodo (un 7,1%).

Montero señala que la plantilla de inspectores es “muy escasa” en relación tanto con la normativa laboral que tienen que hacer cumplir como respecto a la ratio recomendada por la OIT de un inspector por cada 7.500 trabajadores. La ratio de España en 2023 era, tomando la EPA como referencia, de un inspector por cada 20.348 trabajadores. No obstante, los datos tienen un decalaje importante, y varias fuentes señalan que en 2024 y 2025 el refuerzo de inspectores ha sido notable, con el nombramiento esta misma semana de 108 más que se tienen que incorporar en un mes. “Ha ido lento, ha costado mucho, pero cada vez tenemos más personal con funciones inspectoras”, reconocen.

En 2023, la inspección logró realizar 8.355 actuaciones en materia de registro de jornada, lo que implica actualmente visitas presenciales, e impuso 1.660 infracciones por un importe de 3,07 millones de euros. Aunque supone un incremento de un 17,2% en las actuaciones respecto al año anterior, los números evidencian lo lejos que está el organismo de poder controlar la jornada de las 1,5 millones de empresas con asalariados existentes en España.