El plan del Gobierno para acelerar las bajas médicas tendrá un impacto reducido

La incidencia de las bajas médicas temporales se ha disparado en los últimos años, un fenómeno que perjudica tanto a los trabajadores afectados como a las empresas y a las arcas públicas por el incremento del gasto en prestaciones. En este contexto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está planteando a los agentes sociales un conjunto de medidas que, según todas las partes que intervienen en la negociación, afectan solo a una parte pequeña de los procesos y no atajan los problemas de fondo. El principal se deriva del atasco del sistema sanitario público, pero las empresas también denuncian un creciente absentismo no justificado para el que no hay medidas concretas sobre la mesa.

La propuesta de la cartera de Elma Saiz a patronal y sindicatos, adelantada por ABC, actúa sobre los trabajadores que están enfermos en dos ámbitos principales. El primero se enfoca en recortar la duración de los procesos de Incapacidad Temporal (IT) con una intervención más activa de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y una promesa de mejora de los recursos diagnósticos del INSS. El segundo consiste en la creación de un sistema de altas progresivas muy limitadas a “algunas patologías” que aún se están negociando.

Según el borrador consultado por El Confidencial, una de las novedades es que, en los procesos de IT por contingencias comunes de más de 365 días de duración, las mutuas puedan proponer la derivación del trabajador a la Incapacidad Permanente (IP) o el alta por curación. Estos son los casos más costosos para la Seguridad Social y para las empresas por la extensión del pago de la prestación y de las cotizaciones sociales a cargo del empleador, a pesar de que el trabajador no desarrolle sus funciones.

Sin embargo, son una parte muy reducida de las bajas médicas. Según trasladan fuentes de la mesa de negociación, estos procesos son menos del 3 % del total y la reforma consiste en volver al sistema que había hace años en el que las mutuas intervenían más, pero la decisión final la sigue teniendo el INSS. En concreto, solo 210.000 trabajadores se encuentran en una baja de más de 365 días de un total de 8.700.000 procesos totales de IT.

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El ministerio defiende que la medida aliviará la sobrecarga de trabajo de la Inspección Médica del INSS y, por extensión, de la propia gestión realizada por la entidad gestora. Fuentes del Ejecutivo señalan que el problema detectado es que apenas hay 500 inspectores médicos para atender a una fuerza laboral creciente, lo que lleva a que casi no se inicien propuestas de alta para los trabajadores que llevan más de un año en una incapacidad temporal aunque el servicio de salud sigue prestando la asistencia sanitaria.

En consecuencia, se cronifica la permanencia en IT de muy larga duración de cada vez más trabajadores. Los datos que baraja la mesa de negociación es que 70.000 trabajadores llevan 545 días de baja médica temporal, un 20 % más que en 2024, y que hasta 11.000 acumulan más de 730 días, lo que supone un crecimiento superior al 100 % respecto a 2024. Las empresas consideran que, a tenor de los datos, el sistema de salud no está funcionando correctamente y se requiere un mayor control de la evolución de los trabajadores de baja antes de que se cumplan los 365 días de baja.

Otros aspectos que Seguridad Social plantea para agilizar los análisis de los trabajadores en IT es la creación de “Equipos de Valoración de Incapacidades” en el INSS que recibirán expedientes de toda España, lo que liberaría recursos de las unidades del organismo que gestionan la IT. También la emisión de un informe por parte de los servicios públicos de salud cuando el proceso de IT vaya a alcanzar los 365 días de duración, señalando las causas y la situación del trabajador. Esto se suma a la reforma ya en marcha de los convenios de colaboración entre las mutuas, los servicios de salud de las CCAA y el INSS para agilizar los tratamientos en las dolencias traumatológicas, aunque se acumula un retraso de casi un año en la firma de las colaboraciones.

Altas progresivas y absentismo

La otra propuesta central, la que ha generado más polémica pública en los últimos meses, es la denominada en el borrador “reincorporación progresiva”, que se hará “cuando el trabajador haya recuperado la salud y tras recibir el alta médica”. El planteamiento es que se aplique a los procesos de baja de larga duración (más de 180 días) y solo en “determinadas patologías”. Durante un máximo de 30 días el trabajador realizaría la mitad de su jornada habitual, recibiendo la parte correspondiente del salario y el 50 % de la prestación. Sería aplicable a trabajadores a jornada completa y a tiempo parcial con una jornada superior al 80 % de la jornada ordinaria.

La opinión de las empresas al respecto de esta medida es que “falta maduración”, según trasladan fuentes conocedoras de las negociaciones. Insisten en que las empresas no quieren a trabajadores enfermos y que incorporar a empleados que no están recuperados supondría mayores perjuicios y problemas organizativos. Por ello, no son muy partidarios de la reincorporación a media jornada si el trabajador está curado, salvo casos excepcionales en los que la enfermedad en cuestión produzca fatiga. Señalan como claro ejemplo a los enfermos de cáncer, pero no creen que estas altas progresivas se puedan generalizar a muchas patologías, por lo que el impacto en cuanto a la reducción de la duración y la incidencia de la IT y del gasto sería muy reducido.

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Fuentes del Ejecutivo reconocen que las medidas son "modestas", aunque confían en que en su conjunto sí se traduzcan en un alivio de las ratios de incidencia y del gasto. De fondo continúa el problema del absentismo no justificado, fenómeno que el laboratorio de ideas Fedea relaciona con el aumento del empleo público y con los nuevos permisos que el Ministerio de Trabajo ha regulado en los últimos años.

La vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz, sugirió la semana pasada que “podemos buscar formulaciones de la mano de la norma de la jornada laboral para fijarnos un objetivo de reducción del absentismo”. Esto se interpretó como un guiño a las empresas y a los grupos parlamentarios más reticentes a la reducción de jornada a 37,5 horas, pero el ministerio evita detallar una propuesta concreta y en los entornos empresariales desconocen ningún debate abierto al respecto.