Los intereses que pagan las CCAA por su deuda vuelven al nivel de la crisis de 2012

Las comunidades autónomas arrastran casi dos décadas de desajustes presupuestarios, lo que ha hecho necesaria la financiación de sus gastos con deuda. Dada la situación tras la crisis financiera, con desplomes de la recaudación e imposibilidad de pagar a los proveedores, la mayor parte de los pasivos que han ido acumulando son préstamos con el Estado central, que se conceden a través en el Fondo de Financiación de las CCAA y que se caracterizan por tener unos tipos menores respecto a los que conseguirían en los mercados. Sin embargo, la situación se les está complicando.

El Tesoro proporciona préstamos baratos a las CCAA que les permiten tener liquidez, aunque el interés que les repercute depende a su vez de los tipos marcados por el BCE. Desde 2023, la combinación entre un volumen de deuda cada vez más elevado y la rápida subida de tipos para hacer frente a la inflación están disparando el gasto en intereses. Mayores tipos encarecen tanto las emisiones nuevas como las refinanciaciones, algo que está afectando especialmente a las CCAA financiadas a través de los mecanismos extraordinarios porque la vida de su deuda es menor y se encuentren en ratios de deuda récord.

Los datos más actualizados y completos los proporciona la AIReF en su observatorio regional. En concreto, el conjunto de las comunidades autónomas gastaron 7.452 millones de euros en 2024 en intereses devengados de la deuda viva e intereses de demora. Esto supone un incremento del 99,9% respecto a 2022, cuando el pago fue históricamente bajo, y del 17,7% respecto a 2023. La cantidad nominal ya supera al gasto de 2012 (6.343), aunque sobre el PIB supone un 0,5%, todavía algo inferior al 0,7% de 2013 y 2014 y al 0,6% de 2012.

Con esta evolución, el gasto de las CCAA en intereses ya ha vuelto a los niveles de la crisis de 2012 a pesar de que ha sido la Administración Central la que ha asumido la mayor carga financiera de la pandemia. Las CCAA no tienen incentivos para la consolidación fiscal dada la prolongación de los mecanismos extraordinarios de financiación, las entregas a cuenta récord y los elevados niveles de recaudación por el crecimiento económico.

En opinión de Carmen Marín, analista de Fedea, las comunidades autónomas no tienen una “crisis” de deuda, pero sí señala que el nivel de endeudamiento actual y la capacidad para afrontar el pago futuro de los intereses “se debe a que el Sistema de Financiación Autonómica y todos los mecanismos de vigilancia y supervisión puestos en marcha a través de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no están funcionando”. “Urge que el Gobierno actúe para reformar estas leyes e instaure mecanismos de vigilancia y supervisión creíbles que sirvan de control político a nivel autonómico”, añade.

Las CCAA españolas son el nivel de gobierno regional más endeudado de la UE en términos relativos sobre el PIB y las segundas a nivel mundial, solo por detrás de las provincias de Canadá. La deuda autonómica total supuso el 21,1% del PIB en el último trimestre de 2024, una ratio todavía elevada a pesar de su descenso progresivo desde el pico del primer trimestre de 2021 (27,4%) y de ser el porcentaje más bajo desde el último trimestre de 2013. El problema es que se acabó la época de los tipos bajos en un momento en el que la deuda es nominalmente muy superior, lo que dispara el importe destinado a intereses.

Además, el hándicap de financiarse con el Estado es que los préstamos son más cortos, por lo que, ante una rápida subida de tipos como la de los últimos años, el peso del pago por intereses crece proporcionalmente más porque cada año vence un porcentaje mayor de la deuda. Aunque no está disponible el dato oficial, AFI (Analistas Financieros Internacionales) calculó en 2023 que el promedio de las deudas autonómicas con el Estado alcanza una vida media de 4,8 años, mientras que en las regiones que se financian en los mercados la vida media era de ocho años, similar a la del Tesoro (7,9 años).

Diego Martínez, catedrático de economía en la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea, cree que la evolución del peso de los intereses “es preocupante”. Según los datos de ejecución presupuestaria (distintos a los que da AIReF, que están expresados en términos de Contabilidad Nacional), los gastos financieros de las CCAA han crecido un 58% en el último año. “Es el capítulo de gasto que más crece, con diferencia”, señala Martínez, al contrario que el gasto en capital (inversiones), que desciende.

“La situación puede ser preocupante a medio plazo para CCAA muy endeudadas o sometidas a tipos de interés poco favorables: Comunidad Valencia, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Baleares”, añade. El contraste es claro entre las regiones con deuda con el Estado y las que solo tienen deuda comercial y Marín sostiene que la condonación de la deuda (de la cual no hay novedades) debería ponerse en marcha, “pero limitada a las comunidades que no tienen acceso al mercado y bajo una estricta condicionalidad ligada a un proceso de consolidación fiscal”.

Según los datos de la AIReF, Murcia es la región con mayor crecimiento de su gasto por intereses en el último año, un 47,2%, seguida de otras como Valencia (33%) y Castilla-La Mancha (32,4%), mientras que en el País Vasco solo crece un 4,6%, en Madrid un 0,6% y en Navarra incluso desciende un 7%. Estas tres últimas no han recurrido al fondo autonómico.

El gasto en intereses por parte de las CCAA aún está lejos de otras políticas y Martínez cree que con los recursos del sistema de financiación y los elevados niveles de recaudación actual no se estarían redireccionando gastos de otras partidas para atenderlos. “Aunque el gasto de intereses hay que pagarlo sí o sí, no admite ajustes, no creo que estén recortando de otros sitios para satisfacer esa obligación”, señala. Muestra de ello es que el crecimiento del gasto corriente en 2024 fue del 8,5%, muy notable.

Los intereses se comerán una mayor parte del gasto

Otra cosa es lo que sucederá en el corto plazo, cuando no haya esos recursos récord y el gasto en intereses siga subiendo. La última previsión de Fedea, elaborada con datos de cierre de 2023, es que el gasto en intereses por parte de las CCAA aumente hasta los 12.000 millones en 2027, lo que supondría un 0,7% del PIB en promedio, ratio que actualmente solo tiene la Comunidad Valenciana. Para realizar esta estimación tienen en cuenta el déficit público, las liquidaciones negativas y los vencimientos de deuda anual.

“Este resultado se explica por el importante aumento de los tipos de interés al que ya se están enfrentando las haciendas autonómicas, cuyo nivel suponemos que se mantendrá en los próximos años, y el elevado volumen de deuda pública”, explica Marín. En general, el gasto en intereses del conjunto de administraciones públicas crecerá hasta los 55.600 millones de euros en 2029, según la AIReF, lo que supondrá el 2,9% del PIB, una ratio creciente, pero lejana de los niveles de la crisis de deuda (4,2% en 2012, por ejemplo). Aunque la previsión es mejor que la de hace solo unos años por la reducción del déficit más acelerada de lo esperado, supone un gasto fijo y creciente que se suma al resto (envejecimiento y defensa) y recorta el margen de maniobra para el resto de partidas.