Lo que hay detrás de la sentencia contra los aranceles de Trump

Los candidatos a presidente y vicepresidente demócratas, desde hace décadas, provenían del ámbito universitario y tenían formación jurídica, salvo Tim Walz, que fue elegido por razones desconocidas. Los candidatos republicanos, aunque hubieran pasado por la universidad, provenían del mundo de los negocios. Tras Reagan (un actor), los dos Bush tenían un pasado en la industria petrolera y en los servicios de inteligencia (el padre) y Trump era un magnate que debía su popularidad al mundo del entretenimiento. Los demócratas eran el partido de los abogados, afirma Giuliano da Empoli, lo que le hacía especialmente débil ante unas elecciones que se planteaban no desde las normas, sino desde el poder. Los juristas son buenos en muchas cosas, pero no a la hora de detener las revoluciones.

Ese enfrentamiento entre mentalidades diferentes, la del hombre de negocios que quiere resultados y la del jurista que pretende el respeto a las normas, es parte constitutiva del actual escenario estadounidense. El inicio del mandato de Trump ha exhibido una actitud avasalladora con escaso respeto por los procesos normativamente regulados. La sentencia del Tribunal de Comercio de Estados Unidos (paralizada luego por el tribunal de Apelaciones) que dictamina que el presidente carece de autoridad para utilizar la legislación de emergencia económica en la que se amparó para imponer aranceles, forma parte también de ese choque.

Más allá de los efectos que finalmente tenga, muestra de manera muy clara ese enfrentamiento entre dos bloques de poder.

Políticos contra jueces

Este asunto resume uno de los elementos de divergencia centrales en las democracias occidentales, la división entre el poder político, emanado de las urnas, y el judicial. Los enfrentamientos entre unos y otros aparecen en algún momento en un buen número de países. Los tribunales y los políticos cada vez se encuentran con más frecuencia. Ocurrió recientemente en Rumanía, en Francia con la inhabilitación de Le Pen, y en España en numerosos casos. Además de los procesos abiertos contra distintas personas cercanas al presidente del gobierno, y a funcionarios de distinto signo, hay en España un choque evidente alrededor de la ley de amnistía, sobre la que debe pronunciarse el Tribunal Constitucional, pero también el TJUE, el Tribunal de Justicia europeo.

"Los jueces defienden valores superiores en el tiempo respecto de los que unos representantes políticos coyunturales quieren hacer valer"

Esos choques siempre han trascendido el ámbito puramente jurídico y se han interpretado por parte de unos como la reparación necesaria de un estado de derecho dañado por las acciones políticas, y por otros como una intromisión de funcionarios no electos en la acción de un gobierno democráticamente elegido, o como una extralimitación interesada en la vida política. Las decisiones judiciales no dejan de levantar polémica en sociedades ideológicamente enfrentadas.

Jueces contra políticos

Hay dos clases de choques. El primero de ellos atañe a decisiones tomadas por los gobiernos que son sometidas a revisión por los tribunales. La sentencia del Tribunal de Comercio por el que dejaba sin efecto los aranceles dictados por Trump, ya que se extralimitó en las atribuciones que la norma concede a un presidente, es un ejemplo claro. La ley de amnistía española es otro. En ambos los tribunales sopesan hasta qué punto esa decisión era acorde o no con las potestades que la ley fija.

Ambas decisiones, cuya recepción política ha sido muy tensa, reflejan perfectamente uno de los dilemas conceptuales que con más frecuencia se manifiestan en las democracias contemporáneas. La discusión entre dos intelectuales franceses, el progresista Pierre Rosanvallon y el republicano Marcel Gauchet, ilustra perfectamente los apoyos argumentales de cada parte.

"Los jueces se convierten en legisladores de rango superior, oráculos de una verdad oculta al pueblo común y a sus representantes elegidos”

Frente a las posiciones que argumentan que la soberanía emana del pueblo y que se manifiesta en la elección de unos representantes políticos, Rosanvallon señala que “los jueces encarnan, tanto como los funcionarios electos, el principio democrático de la soberanía del pueblo”. El instrumento de la soberanía de ese pueblo que ha adoptado unos principios y unos valores en un corpus normativo es la justicia, y “ella garantiza el respeto de nuestros principios colectivos. Cuando decimos que los magistrados administran justicia en nombre del pueblo francés, no es simplemente porque lo representan, sino porque son los guardianes de una soberanía popular definida por los valores fundadores del contrato social”. La voluntad general estaría representada en ese corpus, en esas constituciones que fijarían el largo plazo, “mientras que los ritmos electorales delinean el corto plazo de las democracias”. Desde esa perspectiva, los jueces defienden valores superiores en el tiempo respecto de los que unos representantes, a veces fugaces, quieren hacer valer.

Para Gauchet, que habla de un progresismo autoritario, existe la pretensión de sustituir la democracia, tal como se la entiende clásicamente, por el estado de derecho. Gauchet firma que el pueblo se expresa a través del conjunto de ciudadanos electores y de las mayorías que de ellos surgen. Eso no significa que no exista estado de derecho, ya que la mayoría no puede impedir que la minoría se exprese ni tampoco puede suprimir las garantías existentes. Pero eso tiene poco que ver con la lectura actual, en la que los jueces se convierten en legisladores de rango superior, “oráculos de una verdad oculta al pueblo común y a sus representantes elegidos”. En esta versión, a través de una oposición o de un concurso administrativo, o de un nombramiento aleatorio, “el juez se convertiría en la voz de una misteriosa ‘comunidad-pueblo’ que trascendería al pueblo electoral”.

Esta discusión no es ociosa, porque en ese desacople que se está produciendo entre políticos y jueces, entre la acción y la norma, reside una de las crisis más significativas de la democracia contemporánea.

Los colores de la ideología

Donde más se observan estas fracturas políticas es en aquellos casos que, más allá de las interpretaciones jurídicas sobre el margen de acción gubernamental, terminan con políticos sentados ante los tribunales por hechos relacionados con la comisión de delitos. Tras la reciente sentencia que condenó a cuatro años de cárcel a Marine Le Pen y la inhabilitó para presentarse a cargos públicos durante cinco años, la dirigente de RN declaró: “Quienes están todo el rato hablando del estado de derecho son los primeros en violarlo”. El asunto era espinoso, porque si bien se consideraban probados los hechos, resultaban demasiado comunes. Se podía haber imputado, aseguraban sus seguidores, a gente de otros partidos por la misma causa, y no se hizo. Y la sentencia era excesiva, ya que no tenía otro propósito que impedir que se presentara a las elecciones.

"El ideal liberal se vuelve antidemocrático y regresa como ideal democrático que se vuelve antiliberal"

Similares acusaciones han emergido respecto de la decisión del Tribunal de Comercio referida a los aranceles, que ha sido tachada de palo ideológico en la rueda del gobierno republicano. Las interpretaciones que atribuyen sesgos claramente políticos a las decisiones judiciales son muy comunes, en toda clase de países, también en el nuestro. Lo más llamativo es que este enfrentamiento se produce con independencia de la ideología: Trump es acusado de autoritario y de querer quebrar las instituciones, pero también Sánchez; Lula pasó por la cárcel, y ahora el imputado es Bolsonaro.

Eso nos habla de una sociedad en la que, al haberse roto los consensos, la crisis alcanza a todas las instituciones, y las acciones de unos y otros son percibidas desde el partidismo o como fruto del mismo. En este momento de cambio general, todo se vuelve demasiado dudoso y, como afirma Marcel Gauchet, “el ideal liberal se vuelve antidemocrático y regresa como ideal democrático que se vuelve antiliberal”.