La ley del Suelo reconcilia a patronal y sindicatos: piden un Pacto de Estado para aprobarla

Si hay un problema en el que coinciden la mayor parte de los actores políticos y sociales de España es en la dificultad del acceso a la vivienda y el impacto que puede provocar en la economía. Así lo han plasmado un año más en la memoria anual del Consejo Económico y Social (CES) los integrantes del organismo consultivo, en el que la patronal y los sindicatos son los que más peso tienen (40 miembros, de un total de 61). Sin embargo, esta vez van más allá y se han puesto de acuerdo en reclamar medidas concretas: la principal es el desbloqueo de la reforma de la Ley del Suelo.

El proyecto de ley del Gobierno no ha conseguido los apoyos suficientes para tramitarse ni en 2024 ni en el inicio de 2025, por lo que se antoja inviable que España cumpla con el hito fijado en el Plan de Recuperación, según el cual la fecha límite de entrada en vigor de la nueva ley es el 30 de junio de 2025. La Comisión Europea exigió este cambio para agilizar los procedimientos urbanísticos y la construcción de edificios con fines de vivienda social. Ahora son la patronal y los sindicatos los que reclaman dejar a un lado la batalla partidista porque, consideran, si no será imposible solucionar la escasez de vivienda.

“En 2023 la vivienda emergía como un cuello de botella, pero este año es un enorme agujero negro que está absorbiendo buena parte de los resultados de la economía, el empleo y las políticas sociales”, ha criticado el presidente del CES, Antón Costas. En concreto, la memoria señala “la importancia de desarrollar una planificación urbanística y del suelo sensible a las necesidades de acceso a la vivienda habitual, así como la movilización de suelo para la construcción de viviendas asequibles”.

Según ha explicado el coordinador de la memoria, el economista José Ignacio Conde-Ruiz, consejero independiente del CES, el principal problema surge del desajuste entre el parque de viviendas, que crece a un ritmo de solo el 0,3%, mientras que la creación de hogares más que triplica ese avance. “Hemos pasado de hablar de precariedad laboral a precariedad habitacional”, ha señalado Conde Ruiz aludiendo a datos de sobreesfuerzo en el pago de la vivienda, hacinamiento y pobreza energética.

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La valoración que el CES hace de las medidas ya implementadas por el Gobierno es algo tibia por falta de consenso entre los consejeros y de datos que aporten la suficiente evidencia científica. Respecto a la Ley de Vivienda, que cumple ahora dos años, solo señalan que su implantación ha sido parcial y no entran a opinar sobre sus impactos en la renta y en los precios allí donde se ha aplicado (fundamentalmente Cataluña y parte del País Vasco).

Sí señalan que, en términos generales, las medidas del Ejecutivo “están bien orientadas” a la movilización del stock de vivienda existente, “pero en el supuesto de que funcionen son paliativas”, ha declarado Costas, a lo que ha añadido que “a nuestro juicio, no habrá solución sin una ley del suelo que facilite, que movilice de una forma muy rápida este activo básico”.

En la memoria, los consejeros lamentan la suspensión de la tramitación del proyecto de ley y consideran que “merecería ser objeto de un Pacto de Estado”. Es significativo que CEOE y Cepyme, por una parte, y UGT, CCOO, ELA y CIG, por otra, coincidan en que es necesario una reforma para construir más y fijan en 150.000 las viviendas que se tendrían que terminar anualmente para empezar a equilibrar la oferta y la demanda. Esta es la “velocidad de crucero” que creen necesaria y que “se puede alcanzar” con la reforma urbanística que reclaman.

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Tras recabar la opinión del sector inmobiliario, el CES considera que el problema está en la tramitación administrativa de las licencias, no en la inversión residencial. “El promotor no se atreve”, ha advertido Costas, porque los proyectos corren el riesgo de encallar por defectos de forma. Conde-Ruiz ha sugerido que si el Gobierno retira “algún apartado” del anteproyecto de ley es posible que se pueda alcanzar un acuerdo, algo que solo sería factible con el PP, autor de la ley actual, dado el rechazo frontal de Sumar.

En 2024 se han terminado un total de 100.980 viviendas, según el el ministerio, de las cuales el 85,8% son libres. Aunque el dato de objetivo anual del CES engloba al conjunto de viviendas libres y protegidas, la memoria señala que para alcanzar la media europea de viviendas en alquiler social harían falta 850.000 casas más de las existentes actualmente, algo que tardaría décadas en producirse, pero en lo que “todo el mundo está de acuerdo”, ha señalado Costas. Por lo que el impulso debería aumentar especialmente en el ámbito protegido y con vistas al alquiler.

Contraste entre la ‘macro’ y la ‘micro’

Además de la vivienda, la memoria señala la distancia existente entre las grandes cifras macroeconómicas y la situación de buena parte de las familias. “El año 2024 ha sido mejor que el 23 en términos económicos, pero siendo un año tan bueno no se ha trasladado tanto como uno esperaría a la reducción de la desigualdad y de la exclusión social”, ha explicado Conde-Ruiz. De hecho, el porcentaje de población infantil en riesgo de pobreza ha aumentado hasta el 34,7%.

La memoria no logra dar una explicación concluyente a la persistencia de este problema, aunque ambos inciden en que la vivienda es un factor “fundamental”. En línea con un informe anterior sobre este tema, el CES recomienda establecer una prestación universal para la infancia, al menos entre 0 y 3 años, que cubra el coste “efectivo” de la crianza. “Mientras no lo hagamos, tendremos problemas para erradicar la pobreza infantil”, ha defendido el presidente del organismo.