Jubilación anticipada a los 52 años: estos son los casos en los que se podrá solicitar sin recortes en la pensión

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La jubilación anticipada a los 52 años se convertirá en una realidad para determinados colectivos profesionales gracias al nuevo Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La medida no abre la puerta a una retirada temprana generalizada, pero sí marca un antes y un después para quienes desempeñan trabajos especialmente duros o peligrosos.

El nuevo marco legal establece criterios más concretos para determinar qué profesiones podrán beneficiarse de esta jubilación anticipada sin que eso suponga una penalización económica en su pensión. No se trata de una puerta abierta a cualquier ocupación, sino de una vía específica para aquellos trabajos donde la exposición constante a condiciones extremas, tóxicas o potencialmente mortales hace mella en la salud de los trabajadores.

Entre los factores que permitirán acceder a este derecho se encuentran la exposición prolongada a temperaturas extremas, ruido elevado o vibraciones; el uso continuado de la fuerza física; o la manipulación de sustancias químicas, físicas o biológicas peligrosas. También se tendrán en cuenta la posibilidad elevada de sufrir accidentes o enfermedades profesionales graves, así como el desempeño de tareas en entornos con condiciones que deterioren la salud con mayor rapidez que en otras ocupaciones.

La novedad clave del Real Decreto reside en la introducción de una fórmula basada en indicadores objetivos para acreditar la dureza de cada profesión. Así, se valorará la frecuencia de bajas laborales por enfermedad o accidente, tanto comunes como profesionales, en relación con el total de trabajadores del sector. También se analizarán las tasas de mortalidad y de incapacidad permanente, así como la duración media de las bajas.

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Este sistema de evaluación permitirá identificar de manera técnica qué colectivos tienen una mayor morbilidad o riesgo asociado a su labor, más allá de valoraciones subjetivas. Además, se considerarán elementos como la edad, el sexo, la parcialidad en el empleo, la rotación, el tamaño de la empresa o la localización geográfica para afinar aún más el análisis.

Una comisión evaluará cada caso

Para que un colectivo pueda acogerse a esta jubilación anticipada sin recortes, será necesario que organizaciones sindicales, empresariales o incluso administraciones públicas impulsen una solicitud formal ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Esta entidad elaborará un informe técnico tras recabar datos del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo, entre otros.

Los resultados se remitirán a una comisión de evaluación con representantes de los interlocutores sociales, que será la encargada de emitir un dictamen sobre la idoneidad de aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación en esa ocupación.

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Los coeficientes reductores permiten rebajar la edad legal de jubilación sin que eso suponga recortes en la pensión, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. No obstante, esta ventaja llevará aparejada una cotización adicional a la Seguridad Social, que deberán abonar tanto la empresa como el trabajador. Este tipo de cotización extra se fijará en los Presupuestos Generales del Estado.

Además, aunque se permita la jubilación anticipada, la norma impide que los trabajadores continúen desempeñando la misma actividad que les dio derecho a retirarse antes de tiempo. Es decir, no se podrá compatibilizar la pensión con la continuación en ese puesto específico.

El procedimiento aprobado no modifica las condiciones de los colectivos que ya tenían reconocida la jubilación anticipada, como los mineros, los trabajadores del mar o el personal de vuelo. Su objetivo es extender este derecho a nuevas ocupaciones que hasta ahora quedaban fuera del sistema, pese a sufrir condiciones similares o incluso más adversas.