La cruzada contra los pisos ilegales de Airbnb no será ni corta ni barata

El debate sobre las viviendas turísticas continúa en medio de posiciones cada vez más polarizadas, sin apenas comunicación ni capacidad de entendimiento. El anuncio de esta semana del Ministerio de Consumo de la imposición a Airbnb de la retirada de más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales ha generado una gran reacción en el sector.

La cruzada contra los pisos ilegales de Airbnb no será ni corta ni barata porque estas medidas sancionadoras crearán un intenso proceso judicial de recursos que se prolongará con el consiguiente gasto de tiempo y dinero para las plataformas y para la administración central y autonómicas.

El Ministerio de Consumo, pilotado por Pablo Bustinduy (Sumar), no está solo en esta batalla contra las viviendas turísticas. El PSOE ha presentado varias enmiendas en el Congreso a la Ley de los alquileres temporales para implantar multas de hasta 600.000 euros para las plataformas como Airbnb en el caso de que no ofrezcan datos de actividad y los números de registro de los alojamientos que publicitan.

Imposición de multas

Estas iniciativas sancionadoras impulsadas "desde Madrid" en principio no tendrían mucho recorrido, ya que es la administración autonómica quien reúne la potestad para imponer multas. Son los inspectores los agentes encargados de vigilar si alguna vivienda turística es ilegal, luego tienen que elaborar un informe y aportar la documentación pertinente. El particular, por supuesto, tiene derecho a pleitear y los tribunales son los que deciden si el registro de ese piso turístico es correcto o incorrecto.

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Fermín Criado, secretario de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) y CEO de Del Parque Flats, tilda la medida de Consumo como "muy propagandística" al recordar que el Estado no tiene la potestad para imponer la sanciones y porque está previsto que el 1 de julio empiece a funcionar el Registro Único de Viviendas Turísticas del Gobierno que determinará si un inmueble es ‘pirata o no’.

Hay otra particularidad. ¿Por qué solo Airbnb está en el punto de mirada? No hay ni rastro en la propuesta de Consumo a Expedia o Booking, que también controlan la exhibición de los anuncios de viviendas que no son de larga temporada. Estas empresas también forman parte fundamental del negocio del alquiler turístico y son de confianza de los propietarios.

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El Gobierno de Canarias y la Junta de Andalucía han sido las primeras administraciones autonómicas en anunciar que recurrirán ante los tribunales el Registro único de pisos turísticos. Para el Ejecutivo andaluz hay "una invasión de competencias autonómicas y una falta de diálogo institucional".

Conviene recordar que el Decreto Estatal de Registro Único de Arrendamientos y la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración empezará a ser efectivo está en vigor desde el pasado 2 de enero, aunque hasta el citado 1 de julio no se ponga en marcha. Considera Criado que no habrá un gran número de pisos ilegales, pero que sí existirán viviendas turísticas con un número de registro que no se han utilizado para este fin.

Sí habrá un sistema informático para que empresas como Booking, Expedia o Airbnb se puedan introducirse en el Registro y verifiquen si el número de vivienda existe o no. Incluso en Airbnb, tras una sentencia de la Unión Europea, se pueden publicar anuncios de viviendas donde el huésped pueden estar dos meses alojado que se puede considerar alquiler de media temporada, y no está obligado a tener una licencia turística.

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¿Y la persona que cuenta con un Código de Registro Turístico, que es un número único que identifica el establecimiento como un alojamiento turístico registrado oficialmente, y no está en el día de la ley y se le ha olvidado actualizar el código y por eso causará baja en el Registro? "Hay tantas causísticas… un elefante en cacharrería lo único que puede hacer es daño", señala a este diario el secretario de la AVVAPro refiriéndose a la medida del Gobierno.

El Registro Único será una mezcla entre la referencia catastral, el CRU (código único de registradores para esa propiedad en particular) y el número de licencia turística. Las tres tienen que coincidir. El sector prevé que la oferta turística ilegal, si no desaparece en la puesta en marcha de la aplicación del Registro, sí lo hará en el segundo año porque habrá que renovar el Registro con carácter anual incluyendo documentación que verifique que la vivienda tiene códigos y números de licencias… y se ha dedicado al uso turístico.

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La trasposición de la norma europea indica que hay que tener tres números de registro distintos en función de la finalidad: vivienda de corta temporada (vacacional), de media temporada (dos meses en el caso de Andalucía, pero varía en cada comunidad autónoma) y una tercera: el alquiler por habitaciones. ​La UE tasa que cualquier persona que esté menos de 30 días en la misma casa se considera vivienda vacacional. La ley que impulsa el PSOE propone una subida del IVA de pisos turísticos al 21% y gravar más la vivienda vacía.

Hasta ahora se podría compaginar, con la misma licencia, el alquiler turístico con la larga temporada. Ahora la nueva normativa lo impedirá. Es un hecho que ante estos controles que antes no existían el inversor extranjero está empezando a desaparecer y también el propietario que ya no ve tan claro el negocio del alquiler turístico. Las patronales hoteleras y el mismo presidente de Exceltur y número 1 de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, han arremetido contra las viviendas ilegales. Solo una cosa está clara: la batalla legal será larga.