El Gobierno eleva la financiación de las mutuas por la gestión de las bajas médicas
Los ministerios reparten 147 millones más entre las mutuas colaboradoras por los servicios prestados en 2024 y eliminan el mecanismo que topaba la dotación anual por la dificultad de prever cuál será el crecimiento del gasto en IT
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El gasto de la Seguridad Social en bajas médicas temporales crece a doble dígito año tras año y repercute en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Estas entidades gestionan desde 1996 la prestación de Incapacidad Temporal (IT) por contingencias comunes en los casos solicitados por las empresas, pero lo hacen con fondos públicos, y el crecimiento actual está provocando que el presupuesto previamente asignado se vea superado por las necesidades reales de gasto.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Trabajo han elaborado una nueva orden que se encuentra en consulta pública en la que elevan el pago a las mutuas por “la insuficiente financiación” que están registrando para gestionar la IT común. En concreto, repartirá 146,8 millones adicionales entre siete mutuas, siendo la mayor beneficiaria Fremap (102 millones).
El Gobierno ya aprobó a finales de 2024 otro aumento extraordinario, pero ahora la situación va más allá y elimina también el mecanismo que topaba la dotación por la dificultad de prever cuál será el crecimiento de cada año y, por tanto, la financiación necesaria. Hasta ahora, la cantidad abonada se estimaba conforme al gasto en IT común de 2021.
Las mutuas reciben un porcentaje de las cuotas por contingencias comunes que pagan trabajadores y empleadores a la Seguridad Social mensualmente. En diciembre de 2024, el Gobierno elevó la fracción de la cuota que reciben las mutuas de un 0,06 o 0,07 a un 0,081 en los casos en los que se registrara déficit entre la dotación y la prestación, pero la ampliación no ha sido suficiente.
“Se constata que, incluso con este incremento en la financiación, puede que algunas de las entidades no logren alcanzar el nivel adecuado de suficiencia económica preciso para la debida colaboración en la gestión de esta prestación”, justifican los ministerios. Por tanto, se elimina el tope de financiación máximo del 0,081 tanto para 2024 como para 2025 y la Seguridad Social se compromete a pagar a las mutuas cuanto sea necesario para que tengan equilibrio financiero en lo relativo a las prestaciones.
La memoria detalla que al tratarse de un movimiento interno dentro del propio sistema de la Seguridad Social, supone un gasto para la Tesorería General, pero un ingreso para las mutuas, por lo que no se contabiliza como un incremento del déficit del sistema.
Según los datos de ejecución presupuestaria, las mutuas han gastado 9.967 millones en prestaciones de IT comunes en 2024, lo que supone un 66,3% del gasto del sistema de la Seguridad Social y un crecimiento del 18,6% respecto a 2023. El aumento del gasto es similar tanto dentro como fuera de las mutuas y tiene que ver con motivos como el envejecimiento y la creciente congestión en la Atención Primaria y en la atención médica especializada, aunque faltan estudios exhaustivos al respecto.
Los últimos datos reflejan que la incidencia media mensual de las bajas por IT común ascendió a 35,9 procesos por cada mil trabajadores en 2024, 8,2 puntos más que en 2019, lo que significa que este tipo de bajas ha crecido a un ritmo mayor que la propia fuerza laboral. La tendencia se ha acelerado en los dos primeros meses de 2025 hasta una ratio de 48,6 procesos por cada mil empleados, aunque la cifra está muy influida por efectos estacionales de virus más presentes en los meses de invierno (la duración media cae), por lo que es esperable que se rebaje en los próximos meses.
Por otra parte, la duración de las bajas también repuntó en 2024 hasta los 39,1 días de media para los procesos finalizados, el mayor dato de los últimos años si se descuentan 2020 y 2021, periodos muy influidos por el covid.
Retraso en las reformas
El Gobierno firmó en 2024 con UGT y CCOO un acuerdo que atribuye a las mutuas más competencias para tratar de reducir la duración de las bajas por motivos traumatológicos, pero fuentes del ministerio de Elma Saiz señalan que todavía no se ha puesto en marcha ningún convenio entre el INSS, los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas y las mutuas. “Estos convenios tienen una tramitación que se prolonga más de lo que nos gustaría y estamos ya en la fase final”, explicó hace unas semanas el secretario de Estado de pensiones, Borja Suárez.
El objetivo es que, contando con el apoyo de los medios asistenciales de las mutuas, se produzca un ahorro anual en el gasto por IT común de 0,1 puntos de déficit sobre el PIB, unos 4.400 millones de euros, según lo comprometido con la Comisión Europea en el Plan Fiscal Estructural de medio plazo. De conseguirse un ahorro de esa magnitud tendría un impacto agregado elevado, aunque es previsible que el gasto continúe ascendiendo por motivos estructurales.
Por otra parte, las negociaciones para instaurar un sistema de altas progresivas bajo determinados supuestos aún no han dado resultados. Aunque desde Seguridad Social aseguran que el objetivo de esta reforma no es ahorrar gasto en prestaciones de IT, sí contribuiría a la incorporación más rápida de algunas bajas. Suárez señaló que ha habido reuniones de la mesa de diálogo social con miembros del Ministerio de Sanidad, pero que no se ha constituido un grupo como tal al respecto, mientras que el partido minoritario del Gobierno rechaza de entrada un esquema como el planteado.
El gasto de la Seguridad Social en bajas médicas temporales crece a doble dígito año tras año y repercute en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Estas entidades gestionan desde 1996 la prestación de Incapacidad Temporal (IT) por contingencias comunes en los casos solicitados por las empresas, pero lo hacen con fondos públicos, y el crecimiento actual está provocando que el presupuesto previamente asignado se vea superado por las necesidades reales de gasto.