Un informe publicado por el BdE señala a la banca por aprovecharse de los créditos ICO

Una de las primeras decisiones que adoptó el Gobierno al inicio de la pandemia fue crear una línea de avales públicos para evitar una crisis de financiación. Fueron los conocidos como créditos ICO, que lograron evitar que las empresas perdiesen el acceso a la liquidez. Cinco años después, un documento de trabajo publicado por el Banco de España apunta a que la banca aprovechó el plan para concentrar las ayudas en empresas con una mayor probabilidad de impago, trasvasando buena parte del riesgo al Estado y cobrándoles un tipo de interés mayor. Desde el sector bancario se defienden de estas conclusiones y afirman que los ICO fueron una movilización de capital sin precedentes y que salvar empresas con problemas era el objetivo último del plan.

El estudio señala que los bancos hicieron dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, concentraron los avales públicos en créditos a clientes que se definen como “cautivos”. Se trata de empresas con un riesgo de impago elevado (superior al 1%) y que ya tenían préstamos con la entidad financiera. Esto es, era empresas que conllevaban un riesgo de crédito alto para los bancos y que no podían irse a la competencia precisamente por su estructura de deuda. Con estos avales, concedieron nuevos créditos y refinanciaron otros antiguos limpiando su balance de riesgo.

Lo segundo que hicieron fue aplicar unos tipos de interés más altos a estas empresas cautivas. Como no podían irse a la competencia y necesitaban financiación, tuvieron que aceptar este sobrecoste. Para los bancos era una operación redonda: reducían riesgo de su balance, pasándoselo al Estado, pero manteniendo unos tipos de interés elevados.

"Nuestros análisis empíricos sugieren que los bancos han sesgado la asignación de garantías hacia prestatarios de los que podrían extraer mayor porcentaje de beneficios", escriben los autores del estudio, Alberto Martín, Sergio Mayordomo y Victoria Vanasco, investigadores del CREI y del Banco de España.

"Los bancos han sesgado la asignación de garantías para extraer mayores beneficios"

Las ganancias que obtuvieron los bancos son "considerables": calculan que superó el 1,8% de la refinanciación a empresas cautivas. Esto es, por cada 1.000 millones concedidos, ganaron 18 millones pagados directamente por el Estado. En total, el ICO concedió avales por 140.000 millones de euros, que se corresponden a un montante de crédito superior a 160.000 millones.

Los autores realizan este cálculo comparando el tipo de interés que aplicaban en cada momento los bancos a las empresas cautivas y al resto. A partir de ese diferencial, se le incluye el beneficio derivado de la cobertura del riesgo y se le resta la comisión que paga el banco.

Fuentes financieras responden al estudio publicado por el Banco de España que sin estos créditos, muchas empresas habrían quebrado. De hecho, argumentan que los caso de refinanciación se contemplaban si se incrementaba en plazo o la cantidad y que el hecho de que estas ayudas llegaran también a empresas con problemas financieros responde al objetivo con el que se crearon estas líneas: ayudar a las empresas con problemas de acceso a la financiación. Además, recuerdan que las refinanciaciones de deuda con el aval del Estado se permitieron siempre que se aumentara el préstamo o se prolongaran los plazos de devolución.

Incentivo perverso

La literatura económica ha descrito en numerosas ocasiones el incentivo perverso que generan este tipo de avales. Los bancos, al ser los intermediarios entre el Estado y el beneficiario final, tienden a quedarse la mayor parte posible de esa ayuda pública. La forma de hacerlo es detectar empresas cautivas que no se pueden ir a la competencia, y financiar su deuda a un tipo de interés similar pero trasladándole el riesgo al Estado. Los investigadores calculan que cerca del 90% del beneficio procede de la eliminación del riesgo de crédito.

El tiempo terminó dándole la razón a los bancos. Las tasas de morosidad de las empresas cautivas han sido superiores a las del resto, por lo que el grueso de esas pérdidas las terminó asumiendo el Estado. Su porcentaje de créditos fallidos fue el triple un año después del inicio del programa, y cuatro veces más dos años después. Es cierto que montante de fallidos ha sido reducido, en gran medida por el crecimiento que experimentó la economía española desde 2021. Aún así, los bancos pudieron quitarse de encima un riesgo y unos impagos que tendrían que haber soportado.

Esta estrategia de maximización del beneficio provocó que la asignación de recursos no fuera la óptima para el interés general. Los autores detectan que los créditos ICO concedidos a empresas no cautivas sirvieron para aumentar su activo. Esto es, utilizaron los recursos para invertir y mejorar su posición, en especial en bienes tangibles. Es muy probable que en recursos para contener el contagio del covid. Sin embargo, estas empresas no fueron las prioritarias.

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Su lugar lo ocuparon las empresas cautivas, entre las que no se produjo aumento del activo (en todo caso, cierta inversión en intangibles), lo que significa que no destinaron esta financiación a invertir. Lo que hicieron fue aumentar su apalancamiento, por lo que este nuevo crédito sirvió para financiar gasto corriente. Sin esos avales, las quiebras empresariales se habrían multiplicado.

El Gobierno consiguió evitar una crisis de crédito y una gran destrucción de tejido productivo, pero tuvo que aceptar este incentivo perverso que ahora se confirma que se produjo. Había pocas opciones que no fuesen canalizar estos avales a través de los bancos. Primero, porque el Estado no tiene una red para conceder préstamos y, mucho menos, para analizar los riesgos individuales de cada operación. Para ello necesitaba a los bancos, aunque supiera que la asignación de recursos fuese subóptima.

La CNMC inició una investigación a cuatro entidades financieras ante reiteradas denuncias de empresas y autónomos por presuntos actos de competencia desleal utilizando la línea de avales del ICO. La investigación se centró en si los bancos aprovechaban la ayuda pública para comercializar otros productos de forma combinada y finalmente fue archivada. Sin embargo, la CNMC no entró a analizar cómo asignaron las garantías los bancos, al no ser una materia que afecte a la competencia.

Desde entonces se han concedido otras líneas de avales del ICO, la última, habilitada con motivo de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos. Estos estudios sirven para mejorar a futuro el diseño de esta política pública o para elegir instrumentos que puedan ser más eficientes.