Los golpeados por la energía verde: "Tuve que elegir entre 14.000 euros o expropiación"

En todas las autonomías españolas, excepto en la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, se han realizado expropiaciones en beneficio de una empresa energética en los últimos 20 años. Así se refleja en los boletines oficiales de las distintas autonomías y en los documentos administrativos y bases de datos a los que se ha tenido acceso a través de peticiones de transparencia.

"Llamaron a mi puerta y me hicieron elegir: 14.000 euros o expropiación". Esta es la disyuntiva a la que se vio abocada en el año 2020 María, nombre ficticio para preservar la identidad de esta propietaria de una parcela de 34 hectáreas en Andalucía. Amenazas como esta llevan produciéndose desde hace dos décadas a lo largo del territorio español para la construcción de parques solares y eólicos, aunque se han intensificado en los últimos 10 años con motivo de la urgencia de la transición energética para cumplir los objetivos comprometidos a nivel europeo.

Este reportaje ha sido elaborado por alumnas del Máster en Periodismo de investigación, Nuevas Narrativas, Datos, FactChecking, Transparencia e Inteligencia Artificial de El Confidencial y la Universidad Rey Juan Carlos

En general, las empresas de energías renovables ofrecen el arrendamiento o la compra de terrenos a sus propietarios para instalar las infraestructuras. Sin embargo, si los acuerdos no prosperan, la energética solicita la expropiación de las parcelas donde ha planificado la construcción de las centrales renovables.

"Al principio, vienen como los Reyes Magos y te ponen el caramelo en la boca", cuenta Dorinda Aventín, abogada del propietario de la finca donde se ha instalado la Planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en Usagre (Badajoz).

Esta instalación fotovoltaica es una de las más grandes de Europa con 1.430.000 paneles fotovoltaicos. Para su construcción se realizó una expropiación ilegal de 525 hectáreas con la paga de un justiprecio de 3.338.314,92 €.

En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sentenció que la empresa beneficiaria debía desmantelar la planta fotovoltaica Núñez de Balboa y devolver a su dueño las más de 500 hectáreas sobre las que está asentada, por considerar que estas fueron expropiadas de manera ilegal. Pero, casi tres años después de la sentencia, la planta sigue ahí, aunque la acusación presentó un recurso en el Tribunal Supremo: "Estamos en la nevera".

El propietario de los terrenos se sintió engañado por no saber desde un principio que el proyecto estaba en manos de una gran energética, según Aventín. Al oponerse a que esta instalación saliese adelante, la empresa solicitó la expropiación de los terrenos.

Pero no es un caso excepcional.

Extremadura es la autonomía donde más metros cuadrados se han expropiado. Aun así, la comunidad donde se ha solicitado un mayor número de incautaciones es Castilla-La Mancha. Desde 2007, un total de 52 instalaciones de generación de energía solar fotovoltaica constan en expedientes expropiatorios. Esto incluye los terrenos donde se ubican las placas solares y, también, las líneas de evacuación de la energía generada.

El gobierno catalán plantea la expropiación como último recurso para desplegar instalaciones de generación de energía renovable

En el caso de la eólica, son Aragón y Galicia las que aúnan un mayor número de expropiaciones. La comunidad maña registra 15 centrales donde se han abierto expedientes de incautación desde 2005, mientras que en la autonomía gallega han sido 13 desde 2018.

La situación es diferente en Cataluña, donde los expedientes de expropiación abiertos que se recogen en el Diari Oficial de la Generalitat datan de entre 2001 y 2010 y afectan solo a siete instalaciones. Además, en diciembre de 2021, el Parlament aprobó el decreto de energías renovables que complica la realización de expropiaciones, por lo que cabe esperar pocos procesos en los próximos años.

La norma establece que cualquier proyecto de generación de energía renovable deberá tener el acuerdo de, como mínimo, la mitad de los propietarios de las fincas ocupadas. De no ser así, el proyecto del parque solar o eólico decaerá automáticamente. Con esto, el gobierno catalán plantea la expropiación como último recurso a la hora de desplegar instalaciones de generación de energía renovable en su territorio y, así, Cataluña es la única comunidad autónoma que ha tomado medidas al respecto.

Expropiar en 10 municipios

La Comunidad Foral de Navarra ha expropiado 112.596,882 metros cuadrados para la construcción de parques eólicos, lo que equivale a la superficie de la ciudad de Barcelona.

Cualquier expropiación forzosa irá acompañada del pago de una indemnización o justiprecio. Normalmente, lo determinará la administración según el tipo de suelo que se esté expropiando. Si hay desacuerdo en el valor, intervendrá el Jurado Provincial de Expropiación fijando la cuantía a pagar al expropiado y, si el paso por el Jurado no es concluyente, el caso saltará a un juzgado en defecto de un acuerdo.

En Navarra, para la superficie incautada desde 2015, el justiprecio total pagado a los afectados equivale a 373.949,26 €. Ahora bien, hay casos en que se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo por los acuerdos del Jurado de Expropiación que están pendientes de resolver.

De acuerdo con la información facilitada por la Comunidad Foral a través de una petición de transparencia, las infraestructuras en las que se ha abierto un expediente de expropiación han sido Cabanillas II, Ablitas I y II, Pestriz, Jenáriz, Linte-Fase I, San Marcos II y Orkoien.

En el artículo 33 de la Constitución Española de 1978, se recoge que "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social". Bajo esta máxima, los propietarios pueden ser expropiados para, por ejemplo, la construcción de hospitales, escuelas o carreteras.

"Se asimilan actividades de interés público con actividades privadas de interés general y se aplica el mismo régimen"

Asimismo, según se recoge en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica son actividades de interés general. Por ello, también pueden ser declaradas de utilidad pública.

"Se asimilan actividades de interés público con actividades privadas de interés general y se aplica el mismo régimen", señala Susana Galera, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Más allá de la Constitución, el proceso de expropiación se recoge también en la Ley de Expropiación forzosa, de 1954.

Para llevar a cabo una confiscación de bienes, y según recoge la legislación pertinente, será la empresa interesada, la beneficiaria, la que solicite la declaración de utilidad pública del terreno en el que desea operar. Además, lo tendrá que hacer incluyendo el proyecto de ejecución de la instalación o una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que solicita.

Así empezará un procedimiento extrajudicial para someterse a información pública que, de no ser derogado, culminará con la expropiación, a no ser que la parte expropiada quiera recurrir. Estos casos se dan de manera muy excepcional por el elevado coste que supone ir a juicio.

Renovables sí, pero no así

A la par que la aprobación de proyectos a lo largo y ancho de la Península, también han surgido movimientos vecinales organizados para paralizar o reubicar estas instalaciones. Y el lema común que unifica las protestas es "Renovables sí, pero no así".

El motivo subyacente es reivindicar un uso justo y dialogado del suelo frente a la falta de transparencia de las empresas hacia las personas afectadas. También denuncian los precios "irrisorios" que acompañan a las expropiaciones y los daños colaterales en el medioambiente.

"Yo no quiero dinero, simplemente no quiero que una línea de tensión pase al lado de mi cortijo", sentencia Juan Carlos Ruiz, olivarero y miembro de Stop Guadalquivir. Una idea que comparte Concepció Xamena Galmés, hija de la que sería la primera expropiada en las Islas Baleares: "Te sientes fatalmente indefenso frente a estas empresas".

Intentar luchar contra esta ocupación de los espacios agrícolas y naturales es uno de los objetivos que se ha marcado la plataforma SOS Rural, que trata de impulsar una normativa que limite la construcción de macroplantas en terrenos agrarios. No obstante, se necesita instalar 81.641 megavatios para cumplir los objetivos marcados por el Gobierno español. Esto requiere mucha superficie, lo que supone un problema para acompasar la transición energética con la aceptación social.