Trabajo asume que reducir la jornada elevará los costes laborales, que ya han subido un 31%

Reducir la jornada máxima legal a 37,5 horas producirá, al menos en primera instancia, un aumento de los costes laborales de las empresas cuyos trabajadores estén por encima de la nueva jornada. Como explicaba en esta entrevista Juan F. Jimeno, presidente del Consejo de la Productividad, las empresas afectadas tendrán que pagar lo mismo a unos empleados que producirán durante menos horas. Esto supone una subida de sueldo indirecta, independientemente de si en el medio plazo la empresa logra compensar la reducción del tiempo de trabajo aumentando su productividad por hora (eliminando las horas más ineficientes y asignando mejor los factores).

El Ministerio de Trabajo, impulsor de la iniciativa, había defendido desde 2023 que la reducción de jornada mejoraría la productividad (sin especificar cuál), pero llegados al inicio de la negociación parlamentaria ya admite que supondrá un aumento de los costes laborales para las empresas y tiene un cálculo interno al respecto. Según ha detallado en el Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "el impacto del SMI en nuestro país duplica el coste que supone la reducción de la jornada laboral, que es del 2,2%".

Fuentes del ministerio han especificado posteriormente que este "impacto" se refiere a un crecimiento del 2,2% de los costes laborales en el año que se aplique la reducción, aunque matizan que se compensaría si aumentara la productividad. En cualquier caso, Trabajo cuenta con que, efectivamente, el incremento se producirá, aunque considera que se trata de un impacto asumible y temporal.

Se desconocen los detalles del cálculo y los datos en los que se basa, como la jornada de la que parten para estimar el aumento del coste, aunque el ministerio insiste en que la jornada media se sitúa en las 38,2 horas pactadas en los convenios colectivos. Tampoco se ha hecho pública por el momento la memoria de impacto normativo que debería acompañar al anteproyecto de ley para explicar y cuantificar la afectación de la norma.

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Como explica Fedea en un policy paper relativo a la reducción de jornada, la medida supone "encarecer los costes laborales en muchos sectores y con mayor intensidad en sectores donde la productividad es, en sí misma, el tiempo de trabajo". El documento señala específicamente al turismo, la hostelería y el comercio, actividades en las que "la relación presencial de los trabajadores con los clientes es imprescindible y los ritmos de producción son difíciles de alterar". También será más complicada la adaptación para las pequeñas empresas, "donde las indivisibilidades son más importantes".

Además, aunque muchos convenios tienen jornadas pactadas inferiores a 40 horas semanales y la jornada máxima legal lleva limitada a 40 horas desde 1983, las jornadas habituales siguen siendo superiores. Según recoge la EPA que publica Eurostat, los trabajadores a tiempo completo realizaron, de media, 40,2 horas en 2024, y llegaron a 43,9 horas en la agricultura y a 42,8 horas en la hostelería. El impacto macroeconómico de la reducción de jornada dependerá de en qué medida se reduzcan estas jornadas habituales, de si se producen ganancias de productividad y de las posibles ayudas que se terminen incorporando al proyecto de ley para las pymes o para determinados sectores.

Un efecto acumulativo

La reducción de jornada llega en un momento en el que los costes laborales han subido intensamente en los últimos años. El principal motivo es la crisis inflacionista, que ha obligado a las empresas a elevar sus retribuciones para compensar la pérdida de capacidad de compra, pero hay muchos factores regulatorios que también explican el auge.

Las subidas acumuladas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde 2018 suman un 61%. También está aumentando la cuña fiscal sobre el trabajo, esto es, la suma del IRPF y las cotizaciones sociales. Según los últimos datos de la OCDE, el coste laboral medio en España ha crecido un 31,4% desde 2018, lo que tiene importantes implicaciones para el tejido productivo.

La mayor parte de estos costes se ha canalizado en forma de mayores precios, pero las empresas también han absorbido una parte del impacto en sus márgenes de beneficio. De hecho, las ganancias en España se han reducido significativamente, según los datos de contabilidad nacional. En 2019 las empresas retenían el 41,5% de su facturación en forma de beneficio bruto (antes del pago de intereses, depreciación e impuestos), pero en 2024 esta cifra cayó por debajo del 36%. Los márgenes de las empresas en España superaban a los de la eurozona en 1,7 puntos antes de la pandemia y ahora son 2,5 puntos inferiores.

La cuña fiscal ha subido en algo más de un punto porcentual en este periodo. La OCDE calcula el pago de impuestos y cotizaciones sociales para un trabajador soltero, sin hijos a cargo y que gana el equivalente al salario medio del país. Este trabajador tipo paga en impuestos y cotizaciones el 40,6% del salario bruto, lo que supone un incremento de 1,2 puntos desde 2018. Contrasta con un descenso de 1,1 puntos del promedio de la OCDE.

Esta subida de los costes laborales ha sido compatible con la creación de empleo, en buena medida porque en otros países han subido más. La inflación que ha soportado el Este de Europa por el corte del gas ruso ha provocado un deterioro de la competitividad mucho más intenso. Por ejemplo, en Polonia los costes salariales se han disparado un 64% desde 2018.

Las empresas han podido sobreponerse a la subida de los costes laborales y compaginarlo con una intensa creación de empleo. Sin embargo, también se ha producido un aumento de los costes laborales unitarios más intensa que en la mayoría de países europeos, lo que implica una cierta pérdida de competitividad.

La estadística de costes laborales unitarios incorpora la producción, de modo que corrige de los costes salariales las mejoras de productividad. Es la mejor forma para comparar la evolución de la competitividad empresarial. Desde el año 2018, los costes laborales por trabajador han subido un 28% en España, frente a un 22% en el conjunto de la eurozona.

La subida también ha sido muy superior a la registrada en los principales países del euro, lo que indica un deterioro de la posición competitiva de España. Los salarios no se han visto acompañados por mejoras significativas de la productividad.

Positivo para el consumo

Lo que se ha producido es un reparto de las retribuciones a favor de los trabajadores. Sobre todo, por el efecto diferencial de la creación de empleo y por el aumento de la cuña fiscal, y no tanto por las subidas salariales. Esta mayor renta salarial explica parte del mejor desempeño de la demanda interna española en los últimos trimestres. La masa salarial y el consumo se están retroalimentando, generando una espiral positiva en España.

Sin embargo, la subida permanente de los costes laborales puede generar eventualmente una ralentización de la creación de empleo. En el año 2018 claramente los salarios eran bajos y las empresas lograban un importante margen de beneficios, pero este colchón se está agotando. Mientras tanto, el Gobierno sigue subiendo la cuña fiscal con más cotizaciones sociales para financiar las pensiones y con la no deflactación del IRPF.