Dana, apagón y ahora la crisis ferroviaria: a España se le rompen las costuras

La dana, el gran apagón, los continuos problemas en la red ferroviaria o, incluso, la escasa inversión pública y privada en vivienda pueden parecer problemas aislados, pero tienen algo en común: el déficit de inversión en infraestructuras.

No es la primera vez que sucede y que a España le coge un periodo de crecimiento económico con el pie cambiado. Fue Josep Borrell quien dijo durante su etapa de ministro de Obras Públicas (1991‑96) que a España se le habían roto las costuras. Se refería a que, tras una etapa de alto crecimiento —el PIB avanzó un 4,1 % de media entre 1986 y 1991—, el país no contaba con las infraestructuras suficientes para atender los incrementos de demanda derivados de la bonanza económica. Los aeropuertos se habían quedado pequeños, las carreteras eran insuficientes y la política hidráulica, dicho sea de paso, hacía aguas.

No es de extrañar que los gobiernos posteriores pusieran el foco en la obra pública y privada, hasta el punto de que la formación bruta de capital fijo (las inversiones en infraestructuras físicas, maquinaria o bienes de equipo) llegó a situarse, inmediatamente antes de que se pinchara la burbuja, en un 30 % del PIB, un nivel más propio de un país en vías de desarrollo que sale del letargo mediante un impulso externo o de un territorio que ha sufrido una calamidad como una guerra o un desastre natural.

La economía española no ha crecido tanto en el último quinquenio, fundamentalmente por el desplome que se produjo en 2020 a causa del covid (-10,9 %), pero desde entonces el crecimiento ha sido robusto: un 6,7 % en 2021; un 6,2 %, en 2022; un 2,7 %, en 2023, y un 3,2 % el año pasado. En total, y con base 100 en 2020, el crecimiento a precios de mercado ha sido del 20 %.

Caída y recuperación

¿Qué ha pasado desde entonces con la inversión en infraestructuras? La respuesta la ofrece cada año la Fundación BBVA y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigación Económica), y el resultado es desalentador. La inversión bruta total (pública y privada) creció en España en 2024 un 2,1 % en términos reales, por debajo del 3,2 % que creció la actividad económica. Es verdad que crece por cuarto año consecutivo, pero hasta 2024 no se han recuperado los niveles previos a la pandemia en términos reales.

Quienes han tirado de la inversión pública han sido, fundamentalmente, los proyectos financiados por Europa a través de los fondos Next Generation, lo que ha permitido un crecimiento del 40 % entre 2019 y 2024, alcanzando los 34.868 millones de euros y superando los niveles anteriores a la irrupción del covid. Sin embargo, la inversión privada, que representa el 90 % del total, pese a crecer un 1,7 % en términos reales en 2024, todavía no ha alcanzado la inversión real de 2019.

El gran recorte, después del célebre Plan E, se produjo a partir de 2010, cuando la inversión pública sufrió un fuerte retroceso que tuvo carácter procíclico, como dicen los autores del estudio. Es decir, en lugar de compensar el déficit de inversión privada, el sector público también se retiró de la política de infraestructuras, lo que, a la postre, aceleró la recesión. La inversión pública, cuando más se necesitaba, se situó en 2014 en poco más de la tercera parte de la alcanzada en 2009, manteniéndose en este nivel hasta 2017.

A partir de este último año, sostienen la Fundación BBVA y el IVIE, la inversión pública se recupera, aunque con un cambio cualitativamente relevante. En la pandemia, frente a lo que había sucedido durante la crisis financiera, la inversión tiene carácter contracíclico, es decir, mitiga la recesión. Aun así, en 2024 los niveles de inversión pública “se sitúan muy por debajo de los de 2009, aunque se aproximan a los niveles observados antes del estallido del 'boom' inmobiliario, sobre todo en términos nominales”.

La inversión pública, cabe recordar, se concentra en infraestructuras hidráulicas, de transporte (ferrocarril y carreteras) y urbanas, y su importancia radica en que se trata de un multiplicador del crecimiento económico. Si la inversión es eficiente, por cada euro que se invierta el rendimiento en términos de productividad es superior a la unidad. Y lo que ha sucedido es que la inversión en infraestructuras públicas representó un porcentaje cada vez inferior de la inversión pública total, pasando de suponer un porcentaje ligeramente superior al 50 % en 2009 a menos de un 35 % en 2012.

TE PUEDE INTERESAR

A España se le rompen las costuras por falta de inversión pública y privada

Carlos Sánchez

Un reciente informe de la consultora PWC, por ejemplo, muestra que el multiplicador de la obra civil se sitúa en tres euros de PIB por cada euro directo de actividad, 2,8 empleos totales por cada empleo directo y 2,3 euros de recaudación total por cada euro de recaudación directa.

Obra hidráulica

Lo peor, sin embargo, es que esa tendencia ha permanecido en el tiempo, aunque matizada en los últimos años. La Fundación BBVA y el IVIE estiman que, entre 2013 y 2020, el peso de la inversión en infraestructuras de titularidad pública sobre la inversión pública total “continúa mostrando una tendencia descendente, a pesar de ciertos aumentos puntuales (2014) explicados por una caída en el volumen de inversión pública total antes que por un aumento en la inversión en infraestructuras de titularidad pública”.

La catástrofe provocada por la dana, como se sabe, ha reabierto el debate sobre la inversión en obras hidráulicas. Lo que se sabe, mirando al pasado, es que la inversión en infraestructuras hidráulicas cayó un 75 % entre 2009 y 2018. Una parte importante de esas infraestructuras, recuerdan la Fundación BBVA y el IVIE, “es realizada por las confederaciones hidrográficas y está destinada a la prevención de avenidas y otras obras relacionadas con el ciclo del agua”. Es verdad que, desde 2018, la inversión bruta en infraestructuras hidráulicas ha experimentado un repunte, pero “moderado”. Su conclusión es que “la escasez de este tipo de inversiones ha influido en la magnitud de los efectos que tuvo la dana que se produjo el 29 de octubre de 2024 en Valencia”.

TE PUEDE INTERESAR

La inversión pública sucumbe ante el avance imparable del gasto social

Carlos Sánchez

Un reciente informe de Seopan, la patronal de la construcción, apunta en la misma dirección. La inversión pública respecto del PIB se ha reducido del 5,2 % de 2009 —un año, en todo caso, extraordinario— al 2,8 % en 2022, ampliando la brecha inversora con la UE (3,1 % en 2022) y, muy particularmente, con las principales economías europeas —Alemania, Francia e Italia—. Ahora bien, en términos de ratio de inversión pública por superficie y población, las últimas proyecciones publicadas por la Comisión Europea sitúan nuevamente a España, con 2.201 euros por km² y por millón de habitantes, “en la última posición del ranking inversor de la UE en 2024‑2025”.

Nuevas necesidades

Seopan ha calculado que las necesidades de infraestructuras en España, en un horizonte no inmediato, se sitúan en 349.266 millones de euros, alrededor de la cuarta parte del PIB. De esa cantidad, algo menos de la mitad debería ir a inversiones planificadas ya existentes (redes hidráulicas, eléctricas, puertos o transporte), y el resto, a modernización de infraestructuras e infraestructuras innovadoras.

Transportes y Movilidad Sostenible es el departamento con más capacidad inversora y, según ha anunciado el ministro Óscar Puente, está previsto que al cierre de 2024 la inversión ejecutada se sitúe en torno a los 10.000 millones de euros, la más alta en 13 años.

TE PUEDE INTERESAR

El hundimiento de la inversión pública en vivienda de España en los últimos 20 años

Javier Jorrín

Ahora bien, hace años que la inversión pública no la gestiona directamente el subsector Estado, sino que se articula a través de entes públicos y sociedades mercantiles estatales, principalmente ADIF. En 2023, últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados, el gestor de infraestructuras ferroviarias invirtió prácticamente la mitad del total presupuestado (12.651 millones de euros). La segunda partida fue a carreteras (2.330 millones) y la tercera, a obras hidráulicas (1.099 millones). A esas cantidades hay que sumar las transferencias de capital, cuya financiación se realiza a través de diversos convenios de colaboración con los gobiernos regionales y los ayuntamientos. El presupuesto de 2023 destinó a este fin 2.205 millones de euros, de los que casi la mitad (1.020 millones de euros) procedieron de Europa.

Este esfuerzo inversor de los últimos años, en parte por las aportaciones de los fondos Next Generation, ha sido insuficiente para compensar el desplome producido por la crisis financiera y la política de recortes. Desde entonces, tanto la inversión privada como la pública se han reducido hasta llegar a situarse, en 2016, en niveles que se encontraban cerca de un 75 % por debajo de los valores del 'boom'. Existe otra particularidad en la política de inversiones, y no es otra que el sesgo para favorecer la extensión de la alta velocidad ferroviaria en detrimento de otras infraestructuras. En las dos últimas décadas, ha representado nada menos que más del 25 % del total de la inversión, llegando a alcanzar un 40 % en 2011.