Políticas buenistas Vs. políticas productivas: el debate que ha encendido el gran apagón

El apagón ha devuelto a primera línea de la política el debate sobre las centrales nucleares. El Gobierno quiere seguir adelante con su programa de desmantelamiento de esta energía, pero hay numerosos expertos que aseguran que esto elevaría drásticamente el riesgo de sufrir nuevos apagones en el futuro. El motivo que argumentan es que las centrales nucleares, como las de ciclo combinado, mantienen la tensión de la red e impiden —o dificultan— un apagón masivo.

Durante el apagón estaban en funcionamiento solo dos centrales; el resto estaban desactivadas por el alto suministro que generaban las renovables. Ahora es responsabilidad de los técnicos analizar cuál fue exactamente la causa del colapso del sistema. Sin embargo, el sistema ya había dado muestras de inestabilidad recientemente, lo que indica que existe un riesgo estructural que hay que resolver.

En los círculos empresariales, este apagón ha reabierto las dudas sobre la orientación buenista de las políticas públicas. Decisiones bienintencionadas, pero que podrían generar resultados perniciosos. Al final, cuando una política pública no se diseña bien, puede generar un resultado opuesto al buscado. En el caso de la transición ecológica, por ejemplo, si genera dudas sobre la seguridad del suministro, los votantes elegirán energías contaminantes pero confiables.

La CEOE cree que este es el caso de los criterios elegidos por el Gobierno para decidir el ‘mix’ energético. La patronal no duda de la importancia de la transición ecológica, pero también cree que debe ser compatible con mantener una red a prueba de apagones. Y si eso implica mantener un colchón de centrales nucleares, habrá que asumirlo, defienden.

TE PUEDE INTERESAR

¿Energía abundante y barata o causa del caos? Por qué el foco apunta a la fotovoltaica

Alberto Sanz

También existen problemas derivados de la obsolescencia de la red española, como han denunciado las compañías productoras en numerosas ocasiones. El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, publicó esta semana una tribuna en Cinco Días en la que señala que «nuestra red eléctrica necesita inversiones para adaptarse a la realidad técnica del nuevo mix de generación […], una reivindicación del sector (y del Operador del Sistema) a la que el Gobierno no está siendo sensible».

Los empresarios no dudan en arrimar el ascua a su sardina. Llevan tiempo denunciando que las políticas del Gobierno van en contra de los intereses productivos de España y creen que el apagón es un ejemplo más. En este saco incluyen la propuesta para la reducción de jornada, las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el incremento de las cotizaciones sociales a cargo del empleador y de las cuotas a los autónomos…

Son temas muy diferentes entre sí, pero tienen un punto en común: todos han sido rechazados por las empresas. Aun así, el Gobierno sigue adelante, lo que genera un choque entre la política pública, las reclamaciones de las empresas y las necesidades productivas. En muchas ocasiones ni las empresas ni los gobiernos persiguen mejorar la economía del país, sino defender sus intereses. Pero las empresas lamentan que el Ejecutivo está ignorando sistemáticamente sus recomendaciones que, consideran, ayudarían a elevar el crecimiento y la productividad.

Esta misma semana, el Consejo de Ministros aprobó la reducción de jornada en segunda vuelta. A partir de ahora comienzan las negociaciones en el Congreso para su aprobación definitiva. Las patronales están moviendo sus hilos para frenar este proyecto con la negativa de Junts y el PP.

TE PUEDE INTERESAR

CCOO y UGT se manifestarán el 1 de mayo por la reducción de jornada y la reforma del despido

Europa Press

La reflexión que hacen altos responsables de la CEOE es interesante en lo que se refiere al equilibrio entre las demandas sociales y las necesidades productivas del país. Hay varios miembros de la patronal que comprenden que es el momento de reducir el tiempo de trabajo, aunque preferirían que no se hiciera. Sin embargo, creen que su implementación debería realizarse teniendo en cuenta los costes productivos que supondrá, porque esta reforma conlleva una subida por ley del salario por hora trabajada del 6,7 %.

Las patronales quieren que esta medida se canalice a través de la negociación colectiva para repartir el coste con los trabajadores. Su intención es que se tenga en cuenta este incremento del salario para moderar futuras subidas. Incluso podrían estudiarse fórmulas más flexibles, como dar una recompensa adicional a quienes quieran seguir trabajando 40 horas voluntariamente. Hasta el presidente del Consejo de la Productividad ha reconocido que la solución elegida por el Gobierno no es la idónea, sino que es preferible canalizarla a través de la negociación colectiva.

La reducción de jornada es la última de una larga serie de medidas adoptadas por el Gobierno que elevan los costes laborales en España. Aun así, el empleo ha crecido con una intensidad pocas veces vista, lo que evidencia que existía un colchón para que las empresas —y los consumidores— asumieran este coste adicional.

Las quejas

No solo las patronales se quejan de las políticas desplegadas en los últimos años, sino que también las empresas lo declaran en diversas encuestas de sentimiento. Por ejemplo, según la encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), España es el cuarto país de Europa en el que más empresas aseguran que la regulación es un obstáculo para su inversión. En concreto, el 78 % de las empresas encuestadas señala que la regulación empresarial es un problema, 12 puntos más que la media de la Unión Europea.

La encuesta de actividad que elabora trimestralmente el Banco de España (EBAE) también refleja la preocupación por las políticas económicas. El 50 % de las empresas apuntan a que la política es uno de sus factores condicionantes.

En ningún país del mundo las empresas dictan el diseño de las políticas públicas; ni siquiera en Estados Unidos. Sin embargo, hacer caso omiso a sus reclamaciones de forma sistemática puede generar problemas económicos. Volviendo al apagón, las empresas energéticas españolas llevan tiempo reclamando al Gobierno inversiones en la red para renovarla y adaptarla a las nuevas fuentes de producción.

TE PUEDE INTERESAR

Lambán se suma al PP y pide que Sánchez se replantee el futuro de las nucleares

El Confidencial

Otro ejemplo de cómo el Gobierno ignoró a las empresas fue el decreto de los cuellos de botella aprobado en 2020 para el despliegue de los fondos europeos. El Ministerio de Economía, liderado entonces por Nadia Calviño, diseñó una serie de medidas para agilizar el uso de estos recursos en el RDL 36‑2020. Las empresas realizaron observaciones que Economía se comprometió a incorporar durante la tramitación como ley, pero finalmente dejó esas iniciativas durmiendo el sueño de los justos.

Cinco años después, el despliegue de los fondos europeos va más lento de lo necesario y los expertos ya asumen que España no conseguirá ejecutar todos los recursos que tiene asignados en tiempo y forma.

TE PUEDE INTERESAR

El espejismo del crecimiento económico de España que no mejora la calidad de vida

Javier Jorrín

No solo las empresas se han quejado de las políticas del Gobierno. En ocasiones ha sido el propio Ministerio de Economía quien ha tratado de frenar medidas que finalmente terminaron aprobándose. Uno de los ejemplos es la reforma del subsidio por desempleo que, en opinión de una parte del Ejecutivo, generaba desincentivos al trabajo. Lo mismo ha ocurrido con la reducción de jornada. En ambos casos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consiguió imponerse al criterio del Ministerio de Economía, saliendo adelante la propuesta considerada populista.

La realidad es que la economía española ha crecido mucho en estos años y ha generado mucho empleo. Sin embargo, la inversión empresarial y los avances de productividad han sido escasos. El crecimiento total del PIB no lo es todo. Las mejoras en la calidad de vida a nivel general han sido escasas y la preocupación por la productividad ha quedado relegada en numerosas ocasiones. Este es uno de los principales retos que tiene España por delante y solo se logrará si se pone a la productividad como un objetivo más de las políticas.