Los empresarios desconfían del PP para frenar la reducción de jornada y se encomiendan a Junts

El proyecto de ley que rebaja la jornada máxima legal a 37,5 horas sin reducción salarial llegará al Congreso de los Diputados en las próximas semanas tras su aprobación definitiva el próximo martes en Consejo de Ministros. La medida ha suscitado mucha polémica tanto dentro como fuera del Ejecutivo y, según traslada el entorno empresarial, no hay una mayoría parlamentaria clara que impida la tramitación, el objetivo prioritario de todas las patronales.

Los equipos tanto de Foment del Treball y CEOE como de Pimec y Conpymes están expectantes. Desde la aprobación del anteproyecto en febrero han mantenido múltiples reuniones con los grupos parlamentarios para tratar de frenar la tramitación en el Congreso mediante una enmienda a la totalidad de devolución del texto al Gobierno, pero los empresarios dan prácticamente por perdido que el PP acceda por sí mismo a este escenario y confían en que Junts lo haga en el último momento.

“Esto no puede ocurrir”, insisten las fuentes empresariales consultadas, “estamos convencidos de que al ser tan perjudicial van a entrar en razón”, añaden. La enmienda a la totalidad es una posibilidad que aún está barajando Junts, aunque asegura que todavía no tiene decidida su postura. En Foment ven un filón de convicción por el impacto que la reducción de la jornada tendrá en los pequeños comercios catalanes, aunque son conscientes de que todo depende de cuestiones políticas que tienen poco que ver con la propia norma.

También hay empresarios menos posibilistas entre las filas de Conpymes y Pimec que ya descartan un freno en la tramitación: “Nosotros somos pesimistas”, apuntan. En su opinión, los partidos no se quieren arriesgar “a perder ningún votante” por la popularidad que suscita la reducción de la jornada y critican al PP una tibieza que arrastra a Junts a evitar una enmienda a la totalidad y, por tanto, que permitiría que el proyecto de ley llegue a la Comisión de Trabajo.

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No obstante, que el proyecto de ley se tramite no significa que tenga los votos necesarios para ser aprobado. Precisamente por esta falta de apoyo parlamentario, en el propio Gobierno de coalición se vivió internamente la batalla sobre si seguir negociando con la patronal, como defendía el ministro Carlos Cuerpo, o aprobar ya, solo con el respaldo de los sindicatos, la rebaja de la jornada. Díaz ganó el pulso y ha conseguido mantener un texto de máximos, sin ayudas a las empresas ni excepciones por sectores.

El miedo del bloque socialista era que esta reforma ni siquiera supere las enmiendas a la totalidad, un temor que sigue vigente a pesar de que Junts asegura que todavía no tiene decidida su postura y de que el PP no acaba de aclarar su posición. Fuentes empresariales señalan que en sus reuniones con el grupo parlamentario no se han mostrado decididos a impedir la tramitación de la norma, pero el rechazo frontal de la CEOE les pone en un aprieto.

Para el núcleo duro de Pedro Sánchez, un pacto previo con los empresarios era también un modo de acercar al PP. El responsable económico de Génova, Juan Bravo, subrayó este jueves durante una entrevista en TVE que "evidentemente estamos en contra de algo que no vaya con acuerdo" de patronal y sindicatos, pero es la estrecha relación que Junts mantiene con Foment del Treball lo que más inquieta al ala socialista.

Por eso en Sumar están volcados en convencer a Carles Puigdemont. La vicepresidenta segunda mantiene abierta la interlocución con él, pero no para abordar este asunto de manera específica. Ese momento todavía no ha llegado, aunque Díaz sí trata de tejer un clima de confianza, con avances en otros temas abiertos, que provoque una negociación fructífera en el último momento.

En Sumar están dispuestos a hacer concesiones en las conversaciones sobre las enmiendas parciales, pero convencidos de que la reducción de las horas de trabajo es un asunto transversal con el que están de acuerdo los votantes de Junts, del PP y hasta de Vox. Su tesis es que hasta para la formación de Santiago Abascal es difícil oponerse. Por esta razón piensan que ni el PP ni Puigdemont lo van a tumbar. En contra de los deseos de la patronal, creen que los posconvergentes permitirán que se tramite y que el PP acabará sumándose a un consenso muy amplio.

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No obstante, también falta por despejar la incógnita del PNV, que se ha mostrado abierto a aprobar la reducción de jornada en público, pero fuentes empresariales aseguran que están negociando una abstención.

Las bonificaciones no convencen a las patronales

El escenario óptimo para los representantes empresariales era una devolución del proyecto de ley al Ejecutivo y que las negociaciones sobre la jornada “volvieran a la negociación colectiva”, pero dado que esta vía se complica, ya piensan en colocar sus postulados a través de las enmiendas al articulado que registren los grupos parlamentarios y rebajen el impacto. Aún no han trascendido los detalles exactos que tratarán de modificar por esta vía, pero las opciones más viables, las que ven con buenos ojos los grupos de la izquierda, no gustan a las patronales.

Los grupos del Gobierno accederían a una serie de bonificaciones a las nuevas contrataciones o ayudas directas a las empresas más pequeñas a cambio de la reducción de jornada, un plan de acompañamiento que ya se debatió en la mesa tripartita, pero del que finalmente no se incorporó ningún aspecto en el texto porque CEOE y Cepyme rechazaron sumarse al acuerdo. No obstante, esta concesión no convence a los empresarios porque lo consideran un parche temporal a los aumentos de costes laborales estructurales que les generará la reducción de jornada.

Otro aspecto que será objeto de negociación son posibles excepciones para el sector agrario en el derecho a la desconexión digital y el registro digital de jornada, como pidió el Consejo Económico y Social en su dictamen incorporando las reivindicaciones de Asaja, COAG y UPA. Mientras se alargan las negociaciones, CEOE señala que la incertidumbre acerca de cuál será la jornada máxima legal el próximo año está lastrando a la negociación colectiva, por lo que se están firmando menos convenios que en los años anteriores.